En el Senado se debate en el año 2001 terminar con los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, aquellos que quedaron inconclusos en 1989 y que la derecha se ha negado sistemáticamente a respaldar durante más de una década.
Por cierto, son reformas importantes, pero hay que impulsar reformas de otro tipo, que permitan a Chile ponerse al día de la modernización democrática y participativa que ocurre en muchos países. Nos ha tocado administrar y vivir bajo elementos de alta continuidad de lo que llamamos régimen neo-portaliano, el que se caracteriza por una fuerte estabilidad a costa de elementos dinamizadores de la democracia; restricción a las libertades (censura, concentración de medios, inexistencia de divorcio), exceso de presidencialismo (débil poder parlamentario), centralismo (abolición de autonomía regional real), verticalismo (se reproduce un estilo y prácticas de poca colegiatura), ausencia de participación sustantiva (se consulta formalmente por la vía de «comisiones no resolutivas»), unitarismo homogenizador (el miedo a reconocer semi-autonomías a pueblos originarios), belicosidad (una relación de sospecha hacia los países vecinos) y uniformidad (el miedo a la diversidad).
Afortunadamente hay caminos recorridos y enfatizados por el Presidente Lagos; apertura de espacios públicos, participación en educación, mayor poder municipal, mesas de diálogo, entre otros. El Presidente, en su programa, ha incluido además muchas de las acciones que aquí se proponen, como el defensor ciudadano y la elección de gobiernos regionales.
La mera eliminación de senadores designados y vetos militares (ya inexistentes en la práctica por la firmeza democrática del Presidente Lagos y la doctrina constitucionalista fijada por el general Izurieta) no constituyen un avance democratizador sustantivo. Es una tarea pendiente, como lo es el flexibilizar el rígido sistema binominal.
Un país abierto a la ciudadanía, sin miedo a la diversidad y la participación, sin los prejuicios y las prácticas paternalistas de los estados «pesados», que se atreve a distribuir el poder, a profundizar su democracia, como lo propone la utopía práctica de las corrientes progresistas.
Los puntos esenciales de esta agenda son simples. Comprobadamente funcionan en las sociedades de economías medias-avanzadas, incluyendo países latinoamericanos:
Poder regional autónomo: atreverse a lo que han hecho países «unitarios y presidencialistas» como Francia y Colombia, que en los 80s y 90s han pasado de las meras administraciones delegadas desconcentradas en los territorios, a permitir que crezcan gobiernos regionales autónomos, electos por la gente, con sus propios recursos y atribuciones, incluyendo la Región Metropolitana. No significa el fin de ningún estado central (se mantiene el intendente como coordinador de los servicios públicos nacionales en regiones) ni mayor desigualdad ( en todo el mundo hay fórmulas de redistribución a las regiones más pobres; además, bajo el esquema centralista actual, año a año crecen las brechas entre regiones).
Poder comunitaria en las escuelas y liceos: tomar la idea del Ministerio de Educación para eliminar el «presidencialismo» de los directores y aceptar que un consejo de padres, vecinos y profesores administre los establecimientos, convirtiéndose el director en el ejecutivo de un mandato comunitario comprometido.
Defensoría ciudadana: fortalecer los derechos ciudadanos y de los consumidores, con esta figura de Ombusman que representa y ayuda a los débiles contra abusos y discriminaciones, enriqueciendo nuestra institucionalidad. La representación no es sólo «nacional» (el parlamento), sino que se hace cotidiana en la defensa de derechos.
Presupuesto participativo en los municipios; como se hace en Brasil y otros lugares, en que los poderes locales se ven obligados a priorizar y acordar sus inversiones con la comunidad, aumentando el control social y la pertinencia de la inversión.
Consejos de autogestión sociales; superar modelos fracasados como el INJ para que las propias organizaciones de jóvenes administren proyectos regionalmente. Tomar la experiencia acumulada en la red de fondos concursables para generar modelos participativos en los social (Fosis), agrícola (Indap), Mujeres (Serman), deportes, entre otros. Es posible asegurar control del gasto y apoyo técnico.
Reconocimiento y poder a pueblos indígenas; ser chilenos es ser diversos, reconociendo que somos un pueblo de muchos pueblos, aceptando formas de organización semiautónomas en el territorio, como ocurre en grandes democracias (Canadá, USA, Noruega), en la vecina Bolivia y su municipio rural. No atenta contra el Estado ni es cesionista plantear que pascuences, aymaras y mapuches pueden tener ciertas potestades para el uso y administración de tierras comunes, coordinadoras de comunidades para coadministrar educación, derechos de aguas, turismo y otros ámbitos de su desarrollo como pueblos.
Comisiones de Calidad y productividad en las empresas; espacios que den realce a la actividad sindical, de comités paritarias, abriendo la opinión de los trabajadores y funcionarios a áreas como capacitación, jornadas laborales, incentivos, mejoramiento de la calidad.
Derecho a la información y el uso del Internet; como garantizamos la educación básica a comienzos del Siglo XX como la gran herramienta de movilidad social y desarrollo, debemos garantizar el derecho al Internet y su uso, como elemento clave de la democratización y la igualdad de oportunidades.
Estas son algunas de las áreas principales que pueden cambiar la calidad de la participación ciudadana en Chile. Construir un país en que todos seamos poderosos. Así el Bicentenario será un fecha de un país con estado de ánimo positivo, organizaciones empoderadas, regiones haciendo apuestas de desarrollo, consumidores con derechos, pueblos originarios protagonistas y dignificados, trabajadores escuchados, cibernautas sin condición de clase, colegios llenos de proyectos. No habrá tanta queja ni tantas expectativas en el presidente de turno, porque el poder se dispersa. Los federalistas de Magallanes hablaban de hacer de Chile un lugar donde cada territorio fuese «un emporio de posibilidades». No más retórica de participación, no más consultas que a veces se oyen. El poder es sólo la capacidad de decidir en que se usa lo que es de todos. Es hora de devolverlo al origen. Pareciera discursos de los 60s, cargado de ideologismo Nada de eso; esto funciona en las grandes democracia, hace más eficientes a los gobiernos, limita la corrupción, dinamiza la economía y abre la cultura de la innovación, la cooperación y la solidaridad. Es la utopía-práctica de la democracia ciudadana.
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