En un proceso vertiginoso, la clase política está dando por terminada la discusión pública en materia tributaria al avanzar en un proyecto de ley que pretende rebajar los impuestos a las personas. Después del envío de la reforma al Congreso, la Cámara acaba de aprobarla en primer trámite constitucional, sin modificaciones.
Tal como se ha presentado, resulta aliviador que a las personas se les reduzca la cantidad de dinero que deben traspasar al Fisco, sobre todo en tiempos de desempleo y crisis económica. Sin embargo, el análisis público serio que las autoridades han evitado permite concluir que esta propuesta no es para las mayorías, sino que sólo favorece los intereses de los sectores de mayores ingresos del país.
La propuesta del Ejecutivo es reducible a tres medidas básicas: elevar el tramo exento de pagar impuestos, reducir gradual y progresivamente las tasas de impuestos a los contribuyentes de ingresos más altos, y otorgar un crédito tributario por pago de intereses de dividendos hipotecarios.
El costo total para el Estado de la reforma alcanzaría a 150 millones de dólares al año, dinero que será recuperado subiendo gradualmente los impuestos a las utilidades de las empresas de un 15% a un 17%. Este punto fue aprobado en la Cámara, aunque con los votos en contra de la derecha.
Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto de ley que agudiza la inequidad del sistema tributario.
En primer lugar, el aumento del tramo exento, de 337 a 380 mil pesos, no sólo beneficia a los 125 mil contribuyentes que dejan de pagar impuestos, sino que también a todos los demás, pues esta reducción se aplica por tramo y, por lo tanto, los contribuyentes de ingresos más altos también dejan de pagar por sus primeros 380 mil pesos. Por lo tanto, los 125 mil contribuyentes que dejan de pagar impuestos, sólo ganarán cada uno entre 0 y 2.108 pesos mensuales y no los 17 mil pesos mensuales que serían en el caso de que fuesen los únicos beneficiados con la exención tributaria.
En contraste, se han reducido las tasas aplicadas en los tramos de mayores ingresos, permitiendo que el 0,8% de los contribuyentes (38 mil personas que ganan más de 2,5 millones de pesos mensuales) dejen de pagar en total 63,5 millones de dólares al año en impuestos. A esta ganancia se suma el beneficio por el aumento del tramo exento.
La posibilidad de descontar del impuesto a la renta los intereses de dividendos hipotecarios beneficia a los deudores habitacionales con ingresos mensuales que van de 380 mil a 4,2 millones de pesos. La cantidad de contribuyentes que estarían en condiciones de atenerse a dicho beneficio se estima entre 90 mil y 100 mil personas. De esta forma, el 2% de los contribuyentes serían beneficiados con 45,2 millones de dólares anuales. Un 83% de los deudores hipotecarios, los más pobres, no recibirán ningún beneficio con esta modificación tributaria.
En síntesis, la distribución de los 150 millones de dólares de la reforma contribuye a que un selecto grupo, en el que están incluidos todos los parlamentarios, aumente su sueldo máximo.
El 74% de los contribuyentes (3.353.281 personas), que agrupa a quienes tienen ingresos inferiores a 380 mil pesos, no se beneficia absolutamente en nada con esta reforma tributaria.
Por otro lado, el 24% de los contribuyentes (1.114.519 personas), que reciben ingresos mensuales de entre 380 mil y 2,5 millones de pesos se beneficiarían con el 45% de la ganancia total de la rebaja tributaria, mientras que sólo el 0,8% de los contribuyentes (38.154 personas), que ganan más de 2,5 millones de pesos mensuales, se llevan el 55% de los 150 millones de dólares anuales, que reducirán la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la política social.
De esta forma, la reforma beneficia a las personas pertenecientes a los tramos de ingresos más altos, permitiéndoles aumentar su capacidad de ahorro. Más grave aún, no sólo no es un incentivo para reasignar recursos o mejorar la distribución del ingreso, sino que tampoco cumple alguna función reactivadora de la economía, puesto que sólo incrementaría el consumo privado en un 0,4% anual.
Decepciona, indudablemente, ver al gobierno que llamó a crecer con igualdad plantear esta reforma tributaria en directo beneficio de la población más rica. Justo ahora, cuando la situación de la población es especialmente lamentable, y cuando recientes estudios nos confirman que las diferencias entre ricos y pobres se alargan sin contrapeso.
La administración Lagos desperdició su única jugada posible en materia tributaria, absteniéndose de usar esta vía para combatir las impresentables desigualdades persistentes en la sociedad chilena tras diez años de democracia.
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Marcel Claude es economista y director ejecutivo de la Fundación Terram.
