Durante la década de los noventa, la industria acuícola, en particular la del salmón, se transformó en uno de los negocios mas rentables de la Décima Región. Las espectaculares cifras arrojadas por este sector han producido un enorme crecimiento de la industria, atrayendo a numerosos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, destacando el reciente ingreso de capitales noruegos.
Del mismo modo, el excesivo crecimiento de la industria acuícola en la Décima Región ha producido un desplazamiento de este rubro hacia otras zonas geográficas, apuntando la gran mayoría de estas nuevas inversiones hacia su vecina región del sur: Asyén.
Estas nuevas inversiones surgen, entonces, como respuestas a la supuesta creciente demanda de productos del mar por parte de los países desarrollados, que junto a las privilegiadas condiciones medioambientales que ofrece actualmente la región, forman un cuadro propicio para cambiar el rumbo del desarrollo regional.
Así lo han entendido las grandes compañías pesqueras y algunas autoridades del país, como lo muestra la gran cantidad de solicitudes de concesiones y las últimas iniciativas legislativas destinadas a impulsar esta industria.
Hace un par de meses, el Congreso chileno presentó ante la comisión de Medio Ambiente del Senado, dos propuestas destinadas a promover la industria acuícola en la Región de Asyén.
La primera busca modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente para consolidar la calidad de región limpia y libre de transgénicos. Este cambio apunta a favorecer la competitividad de las salmoneras chilenas en los mercados internacionales y supondría, a cambio, un compromiso de mejorar los procesos productivos en materia ambiental, eliminando el uso de antibióticos y la utilización de ovas transgénicas.
La segunda, en tanto, está orientada a derribar una de las barreras más importantes para la expansión de la industria salmonera: la conservación de que hoy gozan las aguas aledañas a las zonas protegidas por el Snapse (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado). La moción, aprobada por el Senado, permite cultivar en todas las aguas que limiten con tierras protegidas por el Snapse, salvo las pertenecientes a parques nacionales.
Según el senador Antonio Horvath, impulsor de la modificación, la actividad acuícola no se realizaría «dentro de las áreas protegidas, sino en el borde costero de ciertas zonas aledañas a las porciones de tierra protegidas».
Sin embargo, la supuesta inocuidad de la medida no ha convencido a los habitantes de la Patagonia. Los habitantes de la región ha denunciado en reiteradas oportunidades los graves abusos al medio ambiente que realizan las empresas salmoneras instaladas en el sector. Las más de cien concesiones ocupadas hoy en día en la región no sólo han modificado del paisaje, empobreciendo a la industria turística, sino que también ha producido una real contaminación de los cuerpos de agua modificando la fauna acuática y disminuyendo la vida silvestre.
Para evitar estas consecuencias el Senado promueve el Acuerdo de Producción Limpia, según el cual las salmoneras no podrán botar sus desechos al medio ambiente. Aunque el sector habría manifestado buena disposición a suscribirlo, su conducta histórica suscita desconfianza. La autoridad, sin embargo, tiene otro punto de vista y ha tomado otras medidas que la favorecen, como la dinamización del proceso de declaraciones de impacto ambiental para el sector. El objetivo es que las visas ambientales no tarden más de seis meses en ser otorgadas, según la Subsecretaría de Pesca.
El problema no se limita a los graves abusos medio ambientales que realizan las empresas salmoneras, tal como lo han denunciado en reiteradas oportunidades los habitantes de la región. Así como el desarrollo de la actividad pone en riesgo la calidad ambiental y el agotamiento de recursos naturales, también pone en peligro la fuente de ingresos de miles de personas que viven de los recursos marítimos que dicha región ofrece.
Hace sólo una semana, ante la nueva alza de la tasa de desocupación, que está próxima a llegar a los dos dígitos, el Gobierno reconoció que el desempleo se explica por razones estructurales en sectores como la pesca, la pequeña minería y la agricultura. El ministro de Economía (s), Alvaro Díaz, indicó que hay actividades que muestran problemas de orden estructural que no provienen de la crisis económica de 1998. «En el rubro pesquero, eso tiene que ver con el agotamiento de ciertos recursos por sobre explotación de los peces. Por ello, cae el nivel de empleo no sólo de la flota, sino de la industria procesadora y la de servicio de apoyo al sector», dijo.
Las contradicciones resaltan a la vista una vez más. Mientras algunas autoridades respaldan la expansión de territorios de cultivos acuícolas permitiéndoles a la industria triplicar su productividad de aquí al año 2010, tal como lo proyectó la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, otras autoridades reconocen que existe una sobre explotación del recurso pesquero que incluso ha repercutido en la disminución de empleo.
La entrada a escena de los salmoneros en Asyén trae consigo una amenaza de pobreza en vez de un proyecto de desarrollo. Las exitosas cifras de crecimiento de esta industria se han construido a costa de crecientes problemas ambientales y sociales que, tarde o temprano, deberán ser asumidos colectivamente. No es justo privatizar los beneficios y sociabilizar los males. Tampoco lo es llegar a una zona pródiga en recursos naturales, depredar y cuando ya sólo queden paisajes devastados, partir a otro sitio con las mismas promesas de desarrollo.
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Marcel Claude es economista y director ejecutivo de la Fundación Terram.
