¿Por qué no paralizar las faenas resistidas por los indígenas y crear instancias integradas por empresarios, comunidades mapuche y autoridades de gobierno para permitir el dialogo sobre los derechos de las partes involucradas?
La prensa nos informa del recrudecimiento de los conflictos que involucran a comunidades mapuche. Los empresarios agrícolas y forestales y sus aliados políticos han reaccionado duramente frente a las recientes movilizaciones indígenas, señalan que se trata de acciones terroristas que ponen en peligro el estado de derecho, la propiedad privada y la inversión, y exigen la intervención del Estado. También consideran que estamos frente a un problema de pobreza cuya solución pasa por asegurar un ambiente propicio para la inversión.
El gobierno ha rechazado las acciones de los mapuche y llama al dialogo, advirtiendo que actuará con dureza. También anuncia una serie de medidas, como el nombramiento de un coordinador ejecutivo de políticas indígenas, la reposición de la reforma constitucional sobre la materia y la redefinición de los criterios del Fondo de Tierras Indígenas, excluyendo a quienes ocupen predios como beneficiarios de dicho programa.
Durante los últimos años hemos escuchado declaraciones similares, sin que los conflictos entre los mapuche y los agricultores y empresarios presentes en su territorio hayan variado sustancialmente. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo pueden superarse estos conflictos? La respuesta pasa por la consideración de distintas variables y experiencias.
1 Verdad histórica: La historiografía tradicional ha sostenido que los mapuche, antes de la llegada de los españoles, no constituían sino bandas cazadoras y recolectoras sin organización social y política alguna.
Los mapuche, en cambio, se consideran descendientes de un pueblo que vivía soberanamente, regido por su propio sistema normativo (el Ad Mapu) y autoridades. Sostienen, además, que al sur del Biobío dicha soberanía política fue reconocida por diversos parlamentos celebrados con la corona española.
Consideran que la llamada «Pacificación de la Araucanía» fue una acción de fuerza del estado chileno mediante la cual se ocupó su espacio ancestral, se les despojó de gran parte de sus tierras entre el Biobío y Chiloé, y se les sometió a un sistema jurídico, político y cultural ajeno.
Alegan, al mismo tiempo, que a lo largo del siglo 20 el Estado siguió usurpando sus tierras a través del proceso de división de sus comunidades reduccionales, y del proceso de contrarreforma agraria verificado durante el régimen militar.
Reclaman hoy frente a los proyectos de inversión (centrales hidroeléctricas, carreteras, plantaciones forestales) en ejecución en sus tierras o en las que reclaman, y argumentan que no tienen su consentimiento y no los benefician en nada.
Demandan hoy no solo la recuperación de las tierras y recursos naturales usurpados, sino también el derecho a la participación en las decisiones que les conciernen, así como a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo económico, social y cultural.
Finalmente, proponen una nueva relación con el Estado basada en el reconocimiento de su especificidad étnico-cultural, y de los derechos de carácter colectivo (autonomía y territorio) que les corresponden como pueblo diferenciado al interior del país.
2 Las limitaciones y contradicciones de la política publica: La llamada ley indígena de 1993 (NÅŸ 19.253) fue el producto del reclamo de los mapuche por el establecimiento de una nueva relación con el Estado. Ella, sin embargo, recogió solo parte de sus demandas, limitándose al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en Chile, a crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que con el tiempo no ha garantizado la participación que aspiraban tener en la conducción de la política indígena, protegió sus tierras pero no los derechos sobre los recursos naturales que hay en ellos, ni les reconoció derechos políticos en sus espacios territoriales.
Desde su aprobación, el Estado, respondiendo a la presión de los mapuche, ha centrado su acción en la ampliación de tierras para sus comunidades. Al año 2000 se habían incorporado, o estaban en vías de incorporarse al patrimonio indígena -a través del traspaso de predios fiscales y la adquisición de predios en el mercado- un total de 170 mil hectáreas, en su mayor parte destinadas a mapuche. Se trata de un esfuerzo valioso, que ha permitido revertir en parte el proceso de despojo de las tierras mapuche verificado en el pasado.
La acción del Estado en esta materia, sin embargo, ha adolecido de fuertes limitaciones, como la insuficiencia de recursos financieros, la ausencia de apoyo a los beneficiarios de tierras y la incapacidad para asegurar a los mapuche derechos sobre los recursos naturales existentes en sus tierras. A ello se agregan las contradicciones de la misma política pública, la principal de las cuales ha sido el apoyo y envolvimiento del Estado en proyectos de inversión en tierras de propiedad o demandadas por los mapuche, proyectos que se han materializado sin respetar la opinión de las comunidades afectadas. Las fotos recientes del camión que transporta un transformador para la futura central Ralco fuertemente custodiado por policías habla por si sola de esta realidad.
Otra contradicción de la política gubernamental ha sido la represión sufrida por los mapuche involucrados en acciones de defensa de sus tierras amenazadas, lo que ha implicado para el estado chileno su condena por violación de derechos humanos por diversas entidades en el extranjero.
3 La experiencia internacional y comparada: No pueden pasar inadvertidos en Chile los procesos de reconocimiento de los derechos de los indígenas que hoy se verifican en el mundo, incluyendo entre estos derechos el territorio, la participación y la autonomía. Tales derechos han sido acogidos a nivel internacional por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), que no ha sido ratificado hasta la fecha por el Parlamento chileno pese a que cuenta con reconocimiento en 12 estados, diez de ellos pertenecientes a América Latina.
Los mismos derechos han sido ampliamente debatidos a nivel de la ONU y la OEA, entidades que preparan proyectos de declaración sobre la materia.
En el ámbito regional, la gran mayoría de los Estados ha elevado a rango constitucional los derechos de los pueblos y personas indígenas y aprobado legislaciones que regulan la naturaleza y alcance de estos derechos.
Los derechos de los indígenas a tierras y recursos naturales han sido reconocidos en las constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991) y Bolivia (1994), y se han desarrollado procesos que permiten la protección de espacios físicos fundamentales para su desarrollo material y cultural como pueblos.
Los derechos políticos de los indígenas, incluyendo la participación, la autonomía, los sistemas normativos y la jurisdicción de las autoridades indígenas han sido recogidos por las cartas fundamentales de Nicaragua (1986), Colombia (1991) y más recientemente México (2001).
Las políticas públicas desarrolladas en estos países, así como las decisiones de las instancias encargadas de interpretar la normativa constitucional, han permitido un importante desarrollo de tales derechos.
En otras latitudes también se han verificado transformaciones en estas materias. En Canadá, por ejemplo, desde la década de 1960 se han suscrito una serie de tratados entre los gobiernos (federal y provinciales) y diversos pueblos indígenas en que se ha reconocido a estos últimos derechos de propiedad y uso (caza, pesca, entre otros) en importantes áreas reivindicadas por ellos. Del mismo modo, cuentan con derechos de administración compartida sobre extensas áreas de tierras fiscales y parques, así como derechos de autogobierno que les permiten el manejo de sus asuntos internos.
Cabe destacar en este ultimo país la actitud de los sectores empresariales, que se han abierto a la asociación con los indígenas desarrollando numerosas iniciativas económicas en forma conjunta.
4 Desafíos presentes y futuros: Los mapuche exigen la consideración de su visión de la historia, y la apertura de la sociedad chilena al nuevo enfoque de las relaciones interétnicas hoy emergentes en el mundo.
El gobierno actual ha constituido la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato como instancia para debatir estos temas. Se trata de una iniciativa en la que muchos cifran esperanzas. De las conclusiones de su trabajo deberían surgir, como señala su mandato, propuestas de mecanismos jurídicos y políticos que hagan posible una nueva relación en esta materia.
La gravedad de los hechos que hoy ocurren, sin embargo, requiere de acciones urgentes. El nuevo trato entre el estado y los mapuche debe construirse desde ya. Ello implica desafíos para todas las partes en conflicto.
Para los mapuche, ello supone mayor precisión en la identificación de sus demandas territoriales, aún difusas, de modo de hacer posible avances en su materialización. Ello reviste especial importancia si se tiene en consideración el hecho que, a diferencia del pasado, los mapuche no constituyen hoy una mayoría en sus territorios ancestrales.
Supone también una mayor definición de las formas que deben adquirir los derechos políticos a los que aspiran, así como mayor coordinación entre sus diferentes organizaciones para avanzar en esta dirección.
Para el Estado, el desafió consiste no tan solo en hacer llamamientos al dialogo entre las partes en conflicto, sino generar las condiciones e impulsar las instancias para que ese dialogo sea posible, al menos en las situaciones de conflicto más apremiantes.
En el caso de los proyectos hidroeléctricos y forestales, ¿por qué no paralizar las faenas resistidas por los indígenas y crear instancias integradas por empresarios, comunidades mapuche y autoridades de gobierno para permitir el dialogo sobre los derechos de las partes involucradas, las formas de resolución de las demandas territoriales mapuche y las modalidades de participación de las comunidades en los beneficios de tales actividades? Para los empresarios, los desafíos se relacionan con la revisión de las posturas que hasta ahora han sostenido frente a los conflictos.
No basta con esgrimir títulos de propiedad, a sabiendas que se constituyeron sobre la base de una historia de despojo de los mapuche. Si son consecuentes con su postura en favor de la globalización, deben observar a sus pares en otras latitudes y aprender de quienes por razones éticas y también económicas se han abierto a nuevas formas de relación con los pueblos indígenas, cambiando la confrontación por la colaboración.
Si las partes involucradas no asumen estos desafíos, lo más probable es que el escenario del futuro al sur del Biobío siga siendo el del conflicto, con todos los costos humanos y materiales que conlleva. Es de esperar que no ocurra así.
* Abogado, miembro del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera.
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