el crédito otorgado por el Banco del Estado al grupo Luksic para que este compre una parte del Banco Chile y con ello concentrar significativamente la propiedad en el sector bancario, aunque es una operación legal y comercial, ella borra toda frontera entre lo público y lo privado.
Con estupor y una mezcla de tristeza e indignación, hemos ido recibiendo las noticias vinculadas a actos de corrupción tanto en el sector público como en el sector privado. Estos hechos han entrado en los anales de la historia económica de Chile como los casos: «coimas», Gate, Inverlink.
Mas allá de los acontecimientos coyunturales o la búsqueda de cabezas responsables (que las hay, sin duda), las preguntas que anima la presente reflexión son: ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? y, ¿qué factores de nuestra organización, como sociedad, están incidiendo en ello?
De los tres casos señalados, los dos primeros tienen que ver con la, de por sí, compleja relación entre política y negocios privados. El tercero es un caso clásico de ausencia de ética privada en los negocios con fuertes implicancias en el sistema financiero y político. Por sus especificidades ellos merecen un análisis por separado.
Política y negocios
En primer lugar, para despejar el camino debemos invalidar cualquier argumento que apunta a una suerte de empate moral: «ellos también cometieron fraude con las privatizaciones» o «en los países desarrollados también se dan escándalos de la misma naturaleza». O bien argumentos de «realismo político» que aducen la necesaria vinculación de la política a los negocios (y a los grandes grupos económicos) por las limitaciones existentes en el financiamiento de dicha actividad, es decir, por este camino llegaríamos a la terrible conclusión moral de que «el fin justifica lo medios». Ninguno de estos argumentos nos permitirán avanzar un ápice en la comprensión de lo que nos ocurre como sociedad.
Sin embargo, si observamos la concatenación de algunos hechos puntuales que se vienen dando desde hace algunos años, podremos acercarnos a una interpretación más apropiada. En efecto, ya no es raro ver a ministros o altos funcionarios del Estado que, al dejar sus cargos, se desplazan rápidamente para asumir responsabilidades en los directorios de las grandes empresas, incluso en aquellas que han estado regulando desde sus cargos originarios.
Tampoco es extraño que ministros o altos funcionarios al dejar sus cargos constituyan sociedades para hacer lobby a las grandes empresas aprovechando sus contactos en el aparato del Estado. La presencia del presidente del Metro, empresa estatal, en el directorio de una gran empresa privada como la CTC que mantiene un litigio de envergadura con el Estado, tampoco puede dejarnos indiferentes.
Por último el crédito otorgado por el Banco del Estado al grupo Luksic para que este compre una parte del Banco Chile y con ello concentrar, significativamente, la propiedad en el sector bancario, aunque es una operación legal y comercial, ella borra toda frontera entre lo público y lo privado.
Lo grave de estos hechos, y que van creando una relación insana entre la política y los negocios, es que ello ocurre en ausencia de normas regulatorias y en un clima de casi «terrorismo» intelectual donde cualquier intervención pública es intrínsecamente perversa.
Nadie podría prohibir que un ministro o alto funcionario pase a labores directivas en el sector privado, o constituya un lobby para las grandes empresas si ello esta regulado, como ocurre en Estados Unidos o Europa. Tampoco existen normas que regulen el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. No obstante que la Concertación ha planteado proyectos de ley encaminados a resolver este problema, la oposición nunca ha dado su acuerdo.
Si bien es cierto una ley de financiamiento de las campañas electorales no es una póliza de seguro contra la corrupción, ella disuade e introduce un elemento de transparencia de primer orden en la actividad política. Pero lo más importante es que en un país donde los partidos y las campañas electorales son financiados por las empresas, a largo plazo tendrá regulaciones o desregulaciones que los más poderosos podrán comprar y que no serán las que contribuyen al interés general.
Por otra parte, el lugar del dinero en la política se hace mucho más confuso cuando ello se da en un momento en que se registra una creciente desafección de los ciudadanos por la política y una exagerada profesionalización de los partidos que la llevan, poco a poco, a transformarse en verdaderas oligarquías partidarias que sobre valoran los medios (el poder) a los fines. En síntesis, en Chile no hay normas que regulen aspectos sustantivos de la relación política y negocios.
La ética empresarial
Como es sabido, el grupo Inverlink sobornó a una funcionaria de la presidencia del Banco Central con el objetivo de robar información reservada, y sobornó a un funcionario de Corfo para obtener, ilícitamente, papeles que acreditan depósitos a plazo de la institución. Gran parte de la discusión sobre estas operaciones ha girado en torno al pago de esos papeles que en su origen fueron traspasados ilícitamente al mercado, generando, además, fuertes turbulencias en el ámbito político y económico.
La confianza, ingrediente esencial en una economía de mercado, fue gravemente dañada primero y antes que todo, por la conducta mafiosa de los ejecutivos de Inverlink y no por la Corfo que pudo incurrir en errores pero no en un ilícito.
Nadie puede cuestionar el hecho legitimo que tiene el Estado de defender su patrimonio llevando a los tribunales el litigio sobre el cobro de los documentos mal habidos en su origen.
La pregunta que se hacen muchos es: ¿Por qué algunas instituciones financieras compraron papeles endosados al grupo Inverlink durante febrero cuando este ya estaba fuertemente cuestionado? La respuesta obvia es que muchas instituciones tomaron importantes riesgos pues la situación por la que atravesaba Inverlink, hacia que sus papeles se vendían a precios muy bajos y era una oportunidad de obtener grandes ganancias. Por ello y en estricto rigor la justicia debería ser quién zanjara el pago de los depósitos a sus actuales tenedores muchos de los cuales de buena fe han adquirido los documentos.
Pero la incautación de los documentos y el no pago de ellos hasta que la justicia resuelva, es el segundo factor que habría dañado la confianza en el mercado financiero.
Cierto, en este mercado no se transan «jarrones» sino papeles endosables, es un mercado con expectativas extraordinariamente sensibles y manipulables en el corto plazo por los medios. Según los grupos financieros, el solo anuncio de no pago de los documentos robados generaría una crisis de confianza tan grande en el sistema financiero que se crearían corridas bancarias, fuga de capitales, recesión, mayor desempleo, etc. De tal suerte que el costo que resultaría de llevar este litigio a la justicia sería mucho más elevado que la recuperación total o parcial del valor de los documentos.
Si esto fuera así significa que la economía chilena es extraordinariamente vulnerable a la conducta de un solo grupo financiero mafioso, o bien esto expresa que en el mercado financiero no existen normas regulatorias que anticipen e impidan las consecuencias de dicha conducta.
En síntesis, en la relación política y negocios hay una ausencia importante de regulación y en cuanto al potente mercado financiero que se ha logrado desarrollar en Chile, predomina aún la ingenua idea que este mercado se puede autorregular. La conducta desviada de Inverlink, muestra lo contrario.
