Como siempre, La Moneda ha intentado convertir lo malo en bueno, lo oscuro en luces de carnaval y se ha jugado su peor carta: subvalorar la inteligencia y capacidad de evaluación de la ciudadanía.
Como era de suponer, el Gobierno ha esperado el momento más oportuno para dar a conocer los resultados del censo 2002; y, con su autocomplacencia habitual, ha concluido que «en diez años la Concertación ha cambiado positivamente a Chile».
Por supuesto que valoramos al censo como un instrumento para medirnos demográficamente y para determinar los avances sociales y económicos de los chilenos. Pero en la evaluación que ha hecho La Moneda, salta a la vista el uso político que se le pretende dar a sus resultados, y sospechamos que aquello de «ratificar a la Concertación como opción electoral a futuro», no es otra cosa que convertir al censo 2002 en la plataforma electoral, para extender una opción de gobierno desgastada y que, en doce años, no ha cumplido con las expectativas generadas, ni siquiera entre sus propios electores.
Para empezar, nos sorprendió la verdadera algarabía de los voceros oficialistas encargados de informar a la opinión pública, considerando el crítico momento por el que atraviesa el país. Da la impresión que, gracias al censo, se borraran de un plumazo los índices de cesantía (que, entre otras cosas, dejó en evidencia que las cifras del INE tienen un 50% de error, respecto de la realidad), el aumento sostenido de la delincuencia, los vergonzosos hechos de corrupción, el deterioro de la educación, el déficit en la atención de salud, y la situación de pobreza en la que viven miles de familias chilenas.
Luego, llama la atención la desfachatez con la que el gobierno se atribuye éxitos que no le corresponden, adjudicándole los avances del país a los gobiernos de la Concertación. Esa actitud triunfalista pretende engañar a la ciudadanía, porque prácticamente todas las mejoras consignadas en la encuesta, son el resultado de políticas públicas implementadas desde hace veinte años y, sobre todo, de un esquema de desarrollo basado en el crecimiento económico, que ha demostrado ser la herramienta más eficiente para enfrentar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Resulta paradójico, pero los logros del gobierno se deben precisamente a un sistema resistido por sus propios partidos políticos, e inspirado en los principios del libre mercado. En concreto, los índices que tanto han enorgullecido al Presidente Lagos no son producto de la intervención estatal, sino de la iniciativa privada y de los esfuerzos individuales de los chilenos: la duplicación del número de profesionales y técnicos del país, los avances en el equipamiento de los hogares, el acceso a la tecnología, incluso en sectores de menores ingresos, etc., etc.
Nos preocupa también la errada interpretación de las cifras relacionadas con la composición familiar y las rupturas matrimoniales. Efectivamente, es necesario encontrar una solución para aquellos chilenos que viven hoy situaciones irregulares, pero nos parece burdo e irresponsable concluir que, a partir de esa dolorosa realidad, la gran prioridad de la familia chilena sea una ley de divorcio. Ningún gobierno de la Concertación se la ha jugado por una política que apunte a prevenir y resolver los conflictos familiares, ni tampoco han estado dispuestos a reconocer que la desintegración de la familia está relacionada con la inestabilidad laboral, la falta de viviendas dignas, las dificultades para acceder a educación y salud; en definitiva, a la pobreza e inseguridad.
En fin, como siempre, La Moneda ha intentado convertir lo malo en bueno, lo oscuro en luces de carnaval y se ha jugado su peor carta: subvalorar la inteligencia y capacidad de evaluación de la ciudadanía. Más que un mensaje de aliento para el país, los resultados del Censo se leyeron como una fórmula para silenciar el descontento generalizado y obligar a los chilenos a conformarse con la particular óptica concertacionista para sopesar nuestra realidad.
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