El analfabetismo funcional hoy tiene cara digital. Según el último estudio de la Aladi, el 80% de los usuarios de Internet están en los países de la OCDE, con una penetración de la red de 30% promedio de la población, contra sólo el 2% en caso de los países en vías de desarrollo.
Los países de la Aladi (todo el Mercosur, la Comunidad Andina, Chile, México y Cuba) tienen una penetración del 5% promedio, versus el 50% en el caso de Estados Unidos. Como este proceso de masificación de las TIC es muy dinámico, el esfuerzo que necesitan hacer nuestros países es doble: acortar la brecha «estática» y a la vez imprimir un «plus de dinamismo» para ir a mayor velocidad que sus competidores.
De ahí que América Latina soporta un diferencial interno y externo en acceso, uso, aprovechamiento y extensión de las TIC que es un freno cada vez más tenso a su competitividad con el resto del mundo. Lo que se denomina «brecha digital» es un factor negativo que crece a pesar de los importantes esfuerzos por incorporarse a este carro, porque hay razones exógenas y endógenas que dificultan su acortamiento.
La nueva competitividad mundial tiene su base en las TIC, y la generación de nuevos empleos o la reconversión a ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas dependen de ellas. Las inversiones en TIC generaron, en los últimos años de la década pasada, ganancias de productividad de los factores de 0.7% en la Unión Europea y de 1.1% en los Estados Unidos, una contribución al incremento del PIB del 27% en este país, de 21% en Francia y de 17% en Italia y Alemania. En Chile, el impacto ha sido del 7% en el crecimiento del producto entre 1999 y 2001.
Alcanzar a los países desarrollados en esta materia es imposible. Y quizás no sea necesario. Por eso en la Aladi hemos elaborado un indicador denominado » brecha digital pura», que permite medir el nivel esperado de penetración y uso de las TIC en cada país atendiendo a su ingreso per cápita convertido a la paridad de compra (PPP), y otro que establece un hipotético país de 15.000 dólares PPP y el nivel de TIC que sería razonable para disponer de una base de competitividad que por lo menos permita manejarse en la nueva realidad mundial («Brecha digital al cuadrante Alfa»). Viene a ser algo así como el «umbral de pobreza», sobre el cual, por lo menos, estarían satisfechas las «necesidades digitales básicas», por así decirlo.
Tener estos parámetros resulta muy útil para formular políticas públicas ajustadas a las realidades de cada cual, y focalizar mejor el gasto y las energías del Estado y de los privados, y no desgastarse en perseguir una nivelación imposible y tal vez innecesaria, como parece ser la estrategia seguida hasta ahora.
Una conclusión fundamental a este respecto, es la necesidad de la cooperación y la convergencia de nuestros países para adoptar políticas y programas de desarrollo digital comunes, ya que la evidencia empírica recogida demuestra que en el caso de espacios integrados como la Unión Europea, el hecho de contar con parámetros y programas homologados y sinérgicos ha potenciado fuertemente el sector de las TIC y el acceso y penetración de la red.
En este sentido, hay que ponerse a trabajar a nivel latinoamericano en la conformación de un programa como el Iirsa (Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana) iniciado hace tres años, pero esta vez un «IDLA: Iniciativa Digital Latinoamericana» que nos permita avanzar en la integración digital de nuestra región, como correlato necesario a la integración física. El Tratado de Montevideo de 1980 y la Aladi son un marco institucional y técnico que puede albergar estas iniciativas.
* Embajador de Chile ante la Aladi y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Nuevas Tecnologías y Comercio Electrónico.
