Con sorpresa leí en el articulo de C. Gutiérrez la siguiente opinión acerca de los salarios mínimos: «Como todos los años tenemos dos propuestas antagónicas: la de los trabajadores que exigen un reajuste del 22%, pasando de los 115.648 pesos actuales a 140.000 pesos, hasta julio del 2005 y, por otro lado, tenemos a los economistas (subrayado nuestro) que nuevamente apelan a su falta de sentido común y a su insensibilidad social para estimar un ajuste de sólo un 2%». Con más sorpresa veo que C. Gutiérrez firma como economista, teniendo la posibilidad de haberse declarado pianista como comenta la sapiencia popular.
Al igual que en otros pasajes de la cotidianeidad social, se pueden equivocar tanto las cosas, que no se sabe a quién se defiende. Si se siguiese estrictamente la «lógica» de Gutiérrez, la solución más adecuada sería cerrar definitivamente las escuelas de economía. Por lo demás, ningún círculo institucional que represente a los economistas ha dicho lo que dice el articulista. En definitiva -al parecer-, confunde al Ministerio de Hacienda con los economistas en lo que hay evidentes y notables diferencias.
No obstante, el tema de debate -rol de los salarios mínimos- merece algunas opiniones. En primer lugar, los salarios mínimos han perdido vigencia en la mayoría de los países porque, de una parte, no están relacionados con una canasta básica que sería el concepto de referencia más adecuado y el cual fue usado para las luchas sindicales, hasta los años 70; en segundo lugar, porque este salario mínimo debe estar relacionado con una determinada jornada horaria de trabajo y, como se sabe, el retroceso más importante del movimiento de trabajadores de Chile es que perdió la jornada de 40 horas semanales reconocida universalmente; en tercer lugar, porque se produce la paradoja que este salario no se respeta en las empresas informales y, en la mayoría de las empresas formales, la más alta proporción de la planilla recibe ingresos por sobre este mínimo, es decir, no representa un problema mayor para ser cubierto.
Ahora bien, nada de esto puede significar que se elimine la legislación sobre salario mínimo, porque dada la insuficiente protección social, por la ausencia de organizaciones sindicales y laborales fuertes, los abusos se multiplicarían con facilidad; asimismo, la Dirección del Trabajo tiene dificultades para supervisar otras anomalías, por lo que tampoco puede confiarse en esta instancia. En consecuencia, el alza del salario mínimo es una señal mínima -valga la redundancia- para los agentes económicos y que habrá que respetar para todos los bajos ingresos del país. Cabe notar que este indicador ha aumentado por sobre el índice de producción durante los gobiernos de la Concertación y esperamos que continúe así para reducir la pobreza.
Para ello, estoy seguro, encontraremos economistas que defenderán estas posiciones, porque valoran la equidad y la distribución de los ingresos.
*Rafael Urriola es economista, miembro de la Comisión Económica del PS.
