José Ortega y Gasset señalaba mirando a la España republicana que se deshacía en pedazos que «La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario».
El pensador sabía lo que decía. El reconocer el derecho a sufragio universal, directo, libre y secreto es una conquista que a la humanidad le costó milenios alcanzar. Para el mundo antiguo, medieval y renacentista era locura el conceder derecho a participar a la plebe ignorante, a las mujeres o a los negros, amarillos o morenos. Se requirieron sangrientas revoluciones, como en Estados Unidos y Francia, o una lenta transición de más de un siglo, como en Inglaterra y Suecia, para reconocer el sufragio universal. La historia republicana de Chile nos enseña que el sufragio universal nos tomó 150 años alcanzarlo, quedando muchas veces el camino regado de sangre, sobre todo cuando lo perdimos.
Mediante el sufragio producimos representación, es decir, surgen los representantes del pueblo seleccionados a través de elecciones libres, competitivas, regulares, pacíficas y limpias. Mediante él generamos además el gobierno, que son establecidos y cambiados por el pueblo a través del voto. Mediante él limitamos el poder de nuestros gobernantes pues periódicamente ellos deben someterse a la sanción del pueblo. Mediante él legitimamos el Estado y expresamos muestras preferencias más fundamentales como nuestras adhesiones más particulares. No es raro entonces que, como lo recuerda el profesor Mario Fernández Baeza, el Tribunal Supremo de España declarara en 1990 que «el derecho de sufragio presenta a su vez, como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático». El artículo 54 de la Constitución italiana de 1947 establece un deber de fidelidad activa a la República. Nada menos.
El sufragio universal es la base de los derechos políticos como son el derecho activo de voto para elegir representantes populares, como el derecho pasivo a ser elegido para determinados cargos públicos. Sin él, el derecho político a participar en el gobierno y ser admitido en cargos públicos se hace inconcebible. En él encuentra firme apoyo el derecho político de petición pública y los derechos de reunión y asociación. ¿Estos derechos nada valen? ¿Tan pronto hemos olvidado lo que es vivir sin ellos? Por eso la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 estableció el deber de sufragio.
¿Es contradictorio que se hable del derecho a un sufragio libre y, a reglón seguido, se le exija como un deber? Para una parte de la doctrina existe incompatibilidad. Para otros, no existe tal pues por sufragio libre entendemos aquel que no es coaccionado en su contenido y que se genera tras un proceso de abierto y pluralista debate público. La obligación de concurrir a emitir el sufragio no obliga a votar en determinado sentido y siempre queda abierta la puerta al voto nulo o blanco. Es además una obligación que se exige en todos los países de Latinoamérica, con excepción de Colombia y Nicaragua. Y se trata de una obligación harto relativa, como es el caso chileno actual, pues generalmente no se aplica sanción alguna al que se abstiene.
Entonces, ¿cuál el meollo del asunto? A mi entender éste reside en dos puntos.
El primero queda reseñado en el artículo XXVIII de la Declaración Americana de 1948 en el que se consigna que «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático». Hay cargas públicas como pagar impuestos o defender a la patria en caso de agresión. Hay deberes cívicos como trabajar, cultivar la inteligencia, respetar la autoridad o usar adecuadamente los bienes de uso público. Y todos ellos son esenciales para la existencia de la democracia y la nación. No hay derechos civiles, políticos y sociales sin deberes.
El segundo es que como lo ha señalado Dieter Nholen países como Australia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y la mayoría de los países latinoamericanos buscaron mediante la obligatoriedad del voto incentivar la participación electoral y la emisión del voto sin influencias extrañas, como las del dinero. Y muchos de ellos lo lograron. Se ha señalado hasta la saciedad que cuando la inscripción es engorrosa o el voto es voluntario, quienes tienden a no ejercer sus derechos políticos son justamente los que más lo necesitan: minorías raciales, jóvenes marginales, trabajadores desorganizados y pobres.
Por otra parte, el valor del dinero aumenta cuando el traslado masivo de electores pasa a ser crucial en las elecciones. Y esto ocurre especialmente cuando se sabe que importantes sectores de la población, normalmente en sectores alejados o que han cambiado su domicilio, pueden ahorrarse el costo y el esfuerzo de trasladarse para ir a sufragar, si este es voluntario. Terminemos recordando la sabiduría de las palabras. Sufragio es una voz derivada de la latina suffragium que significa ayuda o auxilio. Los ciudadanos deben ayudar a sostener este bello edificio que se llama república democrática. Ello es tanto un derecho como paradojalmente un deber.
*Sergio Micco es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (sergiomicco@hotmail.com).
