Hay que considerar que Chile inevitablemente se convertirá en el mayor productor mundial de salmones y que anteriormente ha sido acusado de competencia desleal por Estados Unidos y por la propia UE.
Con gran preocupación ha recibido la industria salmonera la noticia de una posible limitación a las exportaciones nacionales a la Unión Europea por una demanda interpuesta a comienzos de año por productores irlandeses y escoceses. Esta situación tiene en alerta tanto al gremio como al Gobierno. La razón argumentada por los británicos es el aumento inusitado de las importaciones de salmón atlántico durante el año 2003, lo que, según indican los productores, estaría poniendo en peligro la supervivencia de los pescadores artesanales de aquellos países.
El Gobierno, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas (DIRECON), ha trabajado intensamente en conjunto con el gremio salmonero a fin de evitar la aplicación de estas medidas que, a juicio del renunciado presidente de SalmonChile, Javier Cox, serían «desastrosas para la industria salmonera chilena», pese a que este mercado sólo representa el 5% del total de envíos nacionales al extranjero.
Si bien la acusación realizada por los británicos en esta oportunidad no cuestiona la existencia de competencia desleal o que el producto esté llegando al mercado bajo su valor real, sí es un fuerte llamado de atención a la industria y a las condiciones mediante la cual desarrollan su producción. Hay que considerar que Chile inevitablemente se convertirá en el mayor productor mundial de salmones y que anteriormente ha sido acusado de competencia desleal por Estados Unidos y por la propia UE.
Aunque se ha demostrado que no existe dumping en Chile, sí hay fuertes cuestionamientos a las formas de producción y a los criterios de sustentabilidad aplicados por la industria, factores altamente relevantes si se considera que a los consumidores internacionales les interesa saber cada vez más el origen y los impactos que provocan los productos que importan.
En el caso de Chile, los cuestionamientos inevitablemente vendrán por las precarias condiciones laborales y los altos costos ambientales y sociales que genera esta actividad. En este sentido, no es aceptable que tres de cada cuatro empresas presente infracciones laborales, constantes denuncias por prácticas antisindicales y que el Estado posea una capacidad fiscalizadora de sólo del 12%. Asimismo, las empresas productoras no internalizan ningún costo ambiental y se han apropiado de la renta de un recurso natural que no les pertenece -el agua- y por la cual no pagan un sólo peso, ya que el Estado chileno lo ha entregado de forma gratuita.
Por otra parte, la industria salmonera se vanagloria de generar una cantidad importante de fuentes laborales, principalmente en la Décima Región donde la cifra de desempleo está muy por debajo del promedio nacional. Sin embargo, la pregunta es: ¿Qué clase de empleo ha creado esta industria? A pesar de que los retornos del sector llegan casi a los US $1.500 millones y que la Décima Región concentra más del 80% de la producción nacional, ésta sigue siendo una de las regiones más pobres el país. En el caso particular de las salmoneras que generan cerca de 45 mil empleos, son numerosas las huelgas y demandas por sueldos y condiciones laborales más dignas.
Es fundamental para el futuro de esta actividad que, tanto el gremio salmonero como el Estado, orienten sus esfuerzos hacia un desarrollo sustentable real. Esto significa incorporar criterios de justicia social y ambiental. Es imperioso que se dignifique el trabajo en la industria salmonera y que el Estado cumpla con su rol fiscalizador. De lo contrario, la industria deberá acostumbrarse a estar constantemente cuestionada por la comunidad internacional.
Francisco Pinto. Economista, Fundación Terram.
