La única luz al final del túnel es el proyecto TranSantiago que, aunque atrasado y debilitado, es un ejemplo del tipo de proyecto estructural que habría que apoyar. Pero, desafortunadamente, será difícil que éste tenga un impacto real frente a la decisión paralela del Ministerio de Vivienda de eliminar los límites de la ciudad con la desafectación de los suelos agrícolas.
A raíz de la publicación del Plan de Acción para la Biodiversidad, la Conama ha iniciado una suerte de ofensiva comunicacional para dar a conocer las supuestas bondades del anuncio. Así, hemos visto una serie de columnas de opinión firmadas por su directora ejecutiva, Paulina Saball, la más reciente siendo publicada en El Mostrador.cl el 22 de noviembre. Detrás de este esfuerzo se encuentra, sin duda alguna, un esfuerzo político-mediático relacionado con la gestión ambiental del gobierno, con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.
Frente al recelo o a las críticas del mundo ambiental, Paulina Saball ha respondido que las organizaciones ambientales debemos evaluar el Plan de Acción en su justo mérito y no recibirlo ‘sólo con escepticismo’. Sin embargo, es demasiado esperar que el plan y las nuevas acciones de la Conama hagan borrón y cuenta nueva de lo que ha sido la política ambiental de los últimos años.
Por esta razón, existe una desconfianza natural con las últimas propuestas de la Conama, pues bajo cualquier evaluación objetiva, en los últimos años no se ha cumplido prácticamente ningún compromiso en materia ambiental. Incluso se puede argumentar que ha habido retrocesos.
Desde la política ambiental de Rodrigo Egaña, los compromisos presidenciales de Lagos y las agendas de Gianni López y ahora Paulina Saball, es difícil encontrar logros. Esta posición naturalmente no la comparte la actual directora, quien identifica en su columna a lo menos tres éxitos: «Ahora el país puede exhibir importantes avances en materia medio ambiental (…) en materia de calidad del aire (en la Región Metropolitana), en tratamiento de aguas servidas y en rellenos sanitarios». Si después de una certera evaluación de la agenda ambiental, la directora de Conama sólo puede identificar estos logros, resulta francamente penoso y la situación es aún peor de lo que pensábamos.
Primero, con respecto a la descontaminación atmosférica de Santiago, difícilmente esta administración puede argumentar que ha habido avances. Por el contrario, la contaminación atmosférica ha aumentado en los últimos años. Lo anterior lo digo responsablemente y habiendo evaluado los indicadores oficiales. Después de los éxitos durante los 90, la disminución del principal indicador de contaminación -la concentración del PM10- se ha estancado (incluso algunas estaciones de monitoreo muestran aumentos en la concentración de las partículas más pequeñas, el PM2,5). Mientras, la concentración de ozono -un contaminante posiblemente de mayor gravedad para la salud- ha aumentado.
Paralelamente, no ha habido medidas estructurales para enfrentar la grave contaminación. Por el contrario, ha habido retrocesos: la concentración de la población de la cuenca ha aumentado, al igual que el parque automotriz y la expansión horizontal de la ciudad. La única luz al final del túnel es el proyecto TranSantiago que, aunque atrasado y debilitado, es un ejemplo del tipo de proyecto estructural que habría que apoyar. Pero, desafortunadamente, será difícil que éste tenga un impacto real frente a la decisión paralela del Ministerio de Vivienda de eliminar los límites de la ciudad con la desafectación de los suelos agrícolas, lo que resulta inexplicable y hará imposible enfrentar seriamente la descontaminación de la cuenca. Nos lamentaremos por años de esta absurda decisión.
Segundo, respecto al tratamiento de aguas servidas, éste tampoco puede adjudicarse a un éxito de la política ambiental. Más bien el tratamiento global de las aguas servidas es el resultado del proceso de privatización de las sanitarias -en el gobierno del Presidente Frei-, y constituye lo que se denomina en la literatura como business as usual, o sea un éxito, pero en el contexto de la modernización de estas empresas y financiado con el bolsillo de los usuarios.
A pesar de ello, de todos modos resulta un avance a medias, pues se ha realizado a costa de traspasar enormes costos ambientales a los sectores más pobres, afectando significativamente su calidad de vida. Basta preguntarle a los habitantes de Pudahuel, donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento La Farfana. Resulta paradójico que la Conama considere el tratamiento de aguas servidas como un éxito, cuando el caso de esta planta constituye un claro fracaso de la institucionalidad ambiental, que fue diseñada para resguardar precisamente los aspectos ambientales de proyectos de inversión como éstos.
Tercero, en relación a los rellenos sanitarios, francamente no me imagino en qué está pensando la directora de Conama, pues todo lo que se ha hecho en los últimos en años en relación a esta materia constituye el paradigma del fracaso. Bajo cualquier criterio, la política en relación a los rellenos sanitarios ha sido un verdadero desastre. Desde el incumplimiento de políticas públicas, el enorme costo privado y social, licitaciones mal concebidas y mal hechas, con cuestionamientos de todo tipo, la implementación deficiente de los proyectos, mala fiscalización y la oposición de prácticamente todos los habitantes del entorno. Los rellenos sanitarios son el ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas y expresión nítida de las deficiencias institucionales en materia ambiental en nuestro país.
En este contexto e identificando estos ‘éxitos’, la directora de Conama nos pide buena fe para apoyar el plan de acción de biodiversidad. Habría que partir del supuesto que no importa que la Conama haya estado ausente de la discusión sobre la ley de bosque nativo. Tampoco, que no se haya pronunciado respecto al Parque Pumalín, la mayor reserva de biodiversidad privada en nuestro país.
Es necesario tener buena fe, nos dicen, a pesar de que a la Conama no se le ha escuchado nada sobre la tala ilegal de alerces, escándalo que ha llegado a la justicia y que se observa atentamente por organizaciones internacionales. Hay que confiar, a pesar de que la Conama no ha tenido prácticamente ningún rol en el desarrollo de la regulación de la salmonicultura, una actividad económica con serios cuestionamientos nacionales e internacionales por el nocivo impacto que tiene sobre la biodiversidad acuática. En este contexto global, Paulina Saball nos pide buena fe.
En fin, uno siempre quiere creer, y a pesar del escepticismo de mis colegas y la pobre historia de la Conama, yo estoy disponible para evaluar en su justo mérito el plan de acción. Pero, lamentablemente incluso entonces -de buena fe y sin escepticismo- es imposible evaluarlo positivamente. El plan de acción no dice nada concreto, es sólo una larga lista de buenas intenciones.
En primer término, se propone la creación de un sinnúmero de comités interministeriales de coordinación, tanto así que uno se pregunta para qué fue creada la Conama, si además cada vez que se necesita generar, impulsar o implementar una política se tiene que crear un comité interministerial ad hoc.
La estrategia de biodiversidad postula crear 8 de ellos: Áreas Protegidas, Gestión Ambiental del Territorio, Control de Especies Invasoras, Recursos Escénicos, Áreas Marinas Costeras, Humedales, Especies Amenazadas y Conservación de Vida Silvestre. No quiero ser escéptico ni mal intencionado, pero cuando no existe voluntad política para avanzar en alguna materia la tendencia ha sido precisamente crear comités o comisiones. En cualquier caso, aunque estos comités funcionen, ¿acaso no nos dice algo sobre la institucionalidad ambiental el hecho de tener que crear estos comités?
En segundo lugar, la estrategia identifica la necesidad de elaborar, fortalecer o iniciar la discusión para siete políticas y estrategias: Política de Áreas Protegidas, Política de Gestión Ambiental del Territorio, Política de Valoración de Recursos Escénicos, Política de Preservación del Medio Ambiente Acuático, Estrategia de Humedales, Política de Protección de Especies Amenazadas y la Política Nacional de Minería. Uno se pregunta cómo se puede diseñar una estrategia que tiene como objeto elaborar o fortalecer otras políticas y estrategias ¿dónde está el diseño? ¿qué es exactamente lo que la Conama ha estado haciendo en materia de biodiversidad hasta la fecha?
En tercer lugar, el documento se encuentra repleto de palabras como potenciar, fortalecer, promover, lo que hace imposible posteriormente evaluar adecuadamente el cumplimiento de las acciones ¿Cómo se puede fortalecer o potenciar una política? Asimismo, existen compromisos de acciones que se definen como ‘inicios’. Un ejemplo es la acción genérica de los ecosistemas terrestres: «iniciar el proceso de discusión tendiente a establecer una política nacional de valoración y protección del paisaje y de los recursos escénicos» ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede evaluar? Al fin y al cabo, uno puede argumentar que con el sólo hecho de haber incorporado esta acción genérica a la estrategia ya se ha iniciado la discusión. En consecuencia, es una acción autocumplida.
En cuarto lugar, no existen plazos ni recursos financieros claramente estipulados. Todas las acciones se encuentran en el aire, sin un compromiso real detrás o con compromisos que ya habían sido adquiridos por los ministerios sectoriales, como los compromisos en las acciones en el ámbito agrícola.
Finalmente, resulta increíble que dentro de la estrategia se incorporen acciones como ‘impulsar la ley de bosque nativo’. Esta iniciativa se encuentra paralizada en el Congreso durante catorce años, si es que efectivamente se aprueba será por el trabajo que vienen haciendo las organizaciones ambientales durante todo este tiempo y no porque la Conama decidió ahora impulsarla.
Otra joyita del plan es la «evaluación y análisis de implicancias ambientales de las concesiones marítimas tramitadas, para proyectos que no se han sometido al SEIA». Es decir, ahora recién se van a evaluar las implicancias ambientales de las miles de concesiones que se han otorgado a la acuicultura, la principal industria del mundo con exportaciones por sobre los US$1.200 millones. ¿Bajo qué criterio se han entregado estas concesiones antes?
En fin, uno puede seguir y seguir. Lo que queda en evidencia es que el plan de acción de la biodiversidad es un documento vacío con acciones implícitamente autocumplidas o ya comprometidas por los ministerios sectoriales, o acciones imposibles de evaluar o realizar, o que simplemente no tendrán ningún impacto. Además, muestra una frivolidad en el accionar de la agencia ambiental que hasta la fecha no se había visto. Pero quizás lo más grave, es que existe lo que a todas luces parece una acción deliberada, a través de la ofensiva comunicacional de desinformar a la opinión pública.
No resulta sorprendente que se haya optado por la biodiversidad como el caballito de batalla para demostrar avances en materia ambiental, pues claramente es un tema complejo y técnicamente difícil de evaluar. en donde la ciudadanía difícilmente podrá cuestionar a la autoridad con la experiencia del diario vivir, a diferencia de la contaminación atmosférica, los rellenos sanitarios o el tratamiento de las aguas servidas, que la Conama pretende presentar como logros de la política ambiental.
Rodrigo Pizarro. Director Ejecutivo, Fundación TERRAM.
