Como más de alguna vez se ha escuchado, la Universidad de Chile parece constituir en muchos ámbitos una buena analogía a lo que es nuestro propio país. En efecto, su actual carta fundamental data de principios de los años ’80 y, al igual que la Constitución, fue diseñada y aprobada por mentes con uniforme.
A principios de 1997, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile comenzó un proceso de movilizaciones con miras a reemplazar el actual estatuto. La idea fue desarrollar un proceso participativo en el cual académicos, funcionarios y estudiantes se dieran un espacio para discutir y proponer un nuevo estatuto democrático para la U. Dicho proceso, después de muchos años de trabajo y no exento de obstáculos y dificultades, llegó a su término el 2002, cuando la Universidad envía al gobierno la redacción final buscando su aprobación como Ley de la República, asunto necesario para su entrada en vigencia.
El proyecto de un nuevo Estatuto democratiza muchos procesos y realidades internas en la Universidad, además de «separar poderes» en la administración universitaria. Así, el rector y el consejo universitario -que reúne a todos los decanos- mantienen el rol ejecutivo; mientras la Contraloría hace lo suyo con la función fiscalizadora.
Pero sin duda alguna, la vedette de estos nuevos estatutos es el senado universitario, órgano transversal encargado de la función normativa de la U. A su cargo tendrá la elaboración de políticas de mediano y largo plazo, así como la definición de reglamentos y normas que velen por un adecuado funcionamiento de la institución. Es en esta instancia donde se formaliza la participación de estudiantes y funcionarios no académicos, según la siguiente distribución: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios.
¿Cogobierno? Mucho se ha escuchado esta palabra en los últimos días, pero cualquier persona que se dé el tiempo de leer la propuesta de nuevos estatutos se dará cuenta que el llamado «cogobierno» está a una distancia abismal de lo que hoy se presenta. Y si bien uno podría pensar en mayor participación estudiantil, el nuevo estatuto mantiene la elección de todas las autoridades unipersonales (rector, decanos, director de departamento) en manos del estamento académico.
Lo que sí se hace con este proyecto es separar aguas entre una universidad pública moderna en su gestión y el modelo empresarial que ostenta la mayoría de las universidades privadas, donde los alumnos no participan en su universidad al igual que los clientes no toman decisiones al interior de un supermercado.
A final de cuentas, por pequeño que sea el espacio formal de participación que ganamos los estudiantes, constituye éste un hecho inédito en nuestra historia reciente, pues tanto los jóvenes como las organizaciones sociales nos hemos acostumbrado a vivir marginados de los espacios de decisión. Esperemos que este recambio de carta fundamental no se quede sólo en la Universidad de Chile, sino que también se abran procesos similares en las otras universidades estatales y, por qué no pensarlo, sigamos la analogía con la Constitución vigente en nuestro país.
Felipe Melo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
