Nuestro país continúa enfrentando una crisis energética. El gobierno y las empresas del sector, en su obsesión por aplicar sólo criterios de mercado en la planificación energética, se han negado a aceptar la necesidad de utilizar las energías renovables que el país posee en abundancia. En concreto, dio chipe libre para que las térmicas empiecen a quemar petróleo en vez de gas natural, agravando la contaminación especialmente en Santiago y la V y VI regiones; y anunciando infraestructura para desembarcar el gas natural licuado que se traerá desde más lejos.
Ante este escenario, y la falta de acciones concretas para diversificar y dar seguridad al suministro energético, el gobierno debe una explicación responsable y clara a la ciudadanía sobre cuáles son las medidas para enfrentar la crisis; en qué plazo se concretarán; y cuál será el aumento de las tarifas eléctricas.
Los chilenos hemos presenciado dos años de anuncios y descargos sobre la crisis energética, pero este festival de declaraciones no constituye una estrategia concreta para paliar estructuralmente la situación que enfrentamos y tampoco muestra un cambio de rumbo en la errática política energética.
Es responsabilidad del gobierno mostrar un cronograma claro de drástica diversificación de la matriz energética en base a los recursos naturales que Chile posee. Es decir, una propuesta de generación eléctrica con insumos nacionales, diversos y limpios como la geotermia, eólica y pequeña hidráulica; y adicionalmente cuáles serán los insumos externos y cuál será el rol de ENAP en ambos casos.
Es responsabilidad de las empresas, de acuerdo a la institucionalidad energética que nos rige, tomar iniciativas de inversión menos mezquinas, y proponer al gobierno nuevas plantas de generación energética más limpias y respetuosas de las opciones de desarrollo de las regiones. Y, simultáneamente, cuáles serán sus compromisos para el mejoramiento de la eficiencia energética de sus procesos productivos y de servicios.
Nos parece insólito, si pretendemos ser un país serio, que la Comisión Nacional de Energía siga manteniendo un Plan de Obras 2005-2015 que incluye la construcción de siete nuevas centrales a gas natural en los próximos diez años, si las actuales están quemando petróleo. Parece insólito, también, que el Presidente Lagos este ofreciendo en Uruguay exportar hidroelectricidad a todos los países de la Región Sudamericana, como si le sobrara en casa, o quisiera represar hasta el estrecho de Magallanes.
Ante esta errática situación se hace inminente que la autoridad no siga payaseando.
Existe consenso en que hay que redireccionar fondos de promoción desde los fondos de riego y producción limpia para un Fondo de Promoción para la generación en base a Energías Renovables no convencionales, las que Chile posee en abundancia.
Además, existen propuestas concretas y apoyo parlamentario para enviar, en este período legislativo 2005, un Proyecto de Ley de Promoción de Energías Renovables No Convencionales (eólica, solar, mini-hidráulica, biomasa y mareomotriz), que incluya incentivos tributarios y un Fondo de Promoción.
También es perfectamente posible adelantar la entrada de las centrales geotérmicas, mandatando a ENAP la exploración inmediata en la zona de Calabozo (VII Región) y la evaluación urgente de los campos geotérmicos de «Laguna del Maule» (VII Región), «Copahue» (VIII Región), «Apacheta» y «La Torta» (II Región).
Adicionalmente, es necesario generar una normativa que obligue el uso de los desechos de la industria forestal y el aprovechamiento de los gases de vertederos de basura para la generación de energía, los que hoy día se están perdiendo vía quema o venteo.
Por fin, junto con el Plan inicial de eficiencia energética anunciado por el gobierno, es urgente establecer normas de eficiencia mínima para todos los sectores productivos, los servicios públicos, el sector residencial y los electrodomésticos.
Ahora si el gobierno quiere empezar a innovar de verdad, debiera incluir en el Plan de Obras al menos 100 megawatts de generación Eólica, y 300 megawatts de pequeñas hidráulicas para fines de la presente década.
La implementación conjunta de estas medidas permitiría al gobierno incentivar la generación en el corto plazo de más de 800 megawatts en base a recursos energéticos renovables propios y limpios, lo que además significa un enorme beneficio para el ambiente y la salud de la población.
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Sara Larraín es directora del Programa Chile Susentable.
