La ratificación por Chile del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) es una prioridad para Oxfam y Humanas, como instituciones que trabajan en torno a los derechos humanos, la justicia de género y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Es tal la importancia que hemos dirigido todos nuestros esfuerzos para desarrollar la campaña de bien público «Firmes para que Firmen» destinada a los Senadores para que ratifiquen la CPI; a las organizaciones de la sociedad civil para que contribuyan a presionar y a la ciudadanía en su conjunto para que nos informemos sobre los contenidos del Estatuto y le exijamos a nuestros representantes políticos la ratificación del mismo. En consecuencia, somos voces autorizadas.
Creemos que el avance en ciertos ámbitos del derecho, particularmente en el derecho internacional, impide desconocer que hay determinados delitos que por su gravedad deben ser perseguidos por la humanidad en su conjunto, a través de un tribunal internacional, permanente, que garantiza el debido proceso -que sólo juzgará delitos cometidos con posterioridad a su creación- que establece procedimientos de protección de víctimas y testigos, etc. Ese tribunal es la Corte Penal Internacional.
Creemos que los principios fundamentales que sustentan los derechos humanos son de tal relevancia para la humanidad en su conjunto que debemos abogar para que los valores que están detrás se introduzcan en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país. Ratificar la Corte Penal Internacional es un modo de lograr este propósito.
No deja de sorprendernos que al momento de elaborar argumentos en contra de la CPI; éstos transitan desde tecnicismos jurídicos que encapsulan la discusión hasta la apelación de nacionalismos decimonónicos, a supuestas delegaciones de soberanía, a la preeminencia de la soberanía territorial, a qué estaría en juego la independencia y autonomía de nuestros tribunales.
Con ese tipo de argumentos, que interpelan a sentimientos nacionalistas añejos, solo cabe plantear la sospecha, la duda y reflexionar acerca de por qué hay sectores que no quieren la Corte Penal Internacional y cual ha sido su actuar político e individual respecto a cualquier tema relacionado con los derechos humanos y las violaciones sistemáticas, ya sea en Chile o en cualquier parte del mundo.
Creemos que la discusión en torno a la ratificación de la Corte Penal Internacional debe tomar otro camino; esbozando ciertos puntos de reflexión. Nuestras autoridades políticas y la ciudadanía en su conjunto debe contribuir a la búsqueda la justicia universal; nuestra historia reciente nos interpela a ello.
Debemos reflexionar respecto a la extraña coincidencia que hace que aquellos que rechazan la Corte son los mismos que nada dijeron o hicieron cuando en Chile se violaban los derechos humanos de miles de compatriotas o que en nada colaboraron para perseguir la responsabilidad penal del dictador o de cientos de torturadores que no han sido castigados por cometer delitos. Reflexionemos si efectivamente estos sectores defienden la soberanía de Chile o sus propios intereses y deudas morales.
Más que plantearse dudas, la gran pregunta debiera ser ¿Cómo se explica que Chile hasta la fecha no haya ratificado la Corte Penal Internacional, transcurridos largos 8 años, desde que nuestras autoridades, soberanamente suscribieron el tratado? ¿Quiénes son los que han impedido esta ratificación?
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Paula Salvo. Abogada Corporación Humanas
