Por largo tiempo he sostenido que la Concertación de Partidos por la Democracia experimenta problemas estructurales que se manifiestan cada vez que los temas -mal denominados valóricos- surgen y se transforman en un remedo de debate público.
La respuesta «procedimental» utilizada por los diputados para eludir el debate sobre el aborto es una muestra más de lo mismo, además de ser un argumento deshonesto y falso. El rechazo por inadmisibilidad declarado por el Presidente de la Cámara, aduciendo que el proyecto de ley presentado exige una reforma constitucional, simplemente no es sostenible. El propio texto de la Carta deja la regulación en lo concerniente al aborto a la ley, según el inciso 2ÅŸ del numeral primero del artículo 19, que señala: «La ley protegerá la vida del que está por nacer». No existe disposición alguna que establezca que ello sea materia de reforma constitucional.
Es más. A comienzos de año, un grupo de diputados de la UDI, previendo que esto podría ser materia de debate legislativo y dada la mayoría de la Concertación en la Cámara, presentó una moción cuyo objetivo era establecer que cualquier ley que despenalizara el aborto debía requerir de un quorum mayor. Esta propuesta sería no sólo innecesaria si cualquier modificación en ese sentido exigiera una reforma constitucional, sino que además prueba lo ya expuesto: ésta es una cuestión de legislación común, es decir de mayoría simple.
Lo que resuena en este no-debate son los temores que han estado desde siempre presentes con el aborto. Vale recordar que la derogación del aborto terapéutico del Código Sanitario obedeció a una postura ideológica por parte de la dictadura militar, y que pese a los intentos no logró plasmarse en el texto constitucional. El temor a la democracia y lo que ella significaría en esta materia quedó explícito en los registros de la historia. Distintos personeros del gobierno militar manifestaron el temor de una transición a la española, pero el impulso final lo dio el obispo Jorge Medina, quien en una carta a la Junta Militar y a Pinochet señaló que el minuto para derogar el aborto terapéutico era «ahora o nunca», ya que eso haría mucho más difícil legislar con posterioridad. Visionario fue.
Las palabras participación ciudadana suenan huecas, y también lo son la preocupación por los problemas de la gente. No es posible siquiera saber la cifra negra sobre abortos en Chile, el escaso número de criminalizadas son mujeres pobres, y a todas las mujeres en riesgo de salud y vida se las coloca al margen de la ley, al igual que a quienes desean ayudarlas. Una prerrogativa básica del derecho penal es que éste no puede exigir conductas heroicas a sus justiciables, pero ese estándar no se hace aplicable a las mujeres, transgrediendo sus derechos más fundamentales.
En aras de que la Concertación se mantenga en el poder no se permite ni le permiten a la ciudadanía un debate auténtico, robusto y con deliberación política sobre cuestiones relevantes para la sociedad chilena. Claramente estos no son problemas de las elites, pues estas siempre han encontrado formas de resolverlos y la gente – particularmente las mujeres- siempre pueden esperar.
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Lidia Casas B. Profesora e investigadora Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.
