Por estos días vemos nuestras calles, radios, televisores, periódicos y hasta el transporte público invadido de frases del tipo: «Ä„30 años de experiencia!», «la mejor infraestructura», «Ä„docentes de excelencia!», y muchas otras más. Así las cosas no existe mucha diferencia entre estas agresivas campañas publicitarias de las universidades e institutos profesionales y la ardua batalla promocional de las empresas de telefonía celular, o de las casas comerciales, por captar al siempre esquivo consumidor joven.
Esto no sólo da cuenta de la mercantilización de la educación superior, equiparando la compra de zapatillas, artículos eléctricos y otros a la búsqueda de futuro expresada en una opción académica y profesional.
La escasa orientación vocacional que reciben los alumnos, la falta de información por parte de los estamentos de gobierno y la existencia de universidades con exclusivos fines de lucro, confabulan contra los jóvenes, aumentando la confusión de ellos y su entorno familiar.
Por otro lado la proliferación de carreras de «tiza y pizarrón», que implican baja inversión y altas rentabilidades, no sólo dan cuenta del sentido economicista de la oferta académica, sino que también dejan un manto de dudas respecto a la calidad de las carreras ofrecidas.
Pero ¿dónde está la diferencia más preocupante?. En que, al menos, cuando una persona compra un producto o servicio, existen instancias como el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para defender y garantizar los derechos de los consumidores frente a la publicidad engañosa a la que puede verse afectado. Pero ¿qué pasa en materia de educación?, ¿quién vela para que efectivamente lo que ofrecen, prometen o proyectan las universidades e institutos profesionales, efectivamente se cumpla?.
Estamos hablando de carreras profesionales, no de vacaciones de tiempo compartido, estamos hablando de jóvenes y sus familias que se endeudan para aspirar a mejores oportunidades para sus hijos, por lo que la información y resguardo de que la decisión que tomen sea acertada y no presionada por la publicidad o la capacidad de convencimiento del monitor de la universidad, resulta esencial.
Sí, es cierto, que con la vigencia de la nueva ley de acreditación de la calidad de la Educación Superior, iniciada por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, las cosas debieran mejorar en esta materia. Pero ¿y mientras tanto?
En ese sentido el rol de organismos públicos como el Ministerio de Educación y el INJUV, son esenciales. Es necesario que algún servicio público lidere un proceso que permita entregar información confiable y fidedigna a los jóvenes y sus familias sobre las carreras, las universidades e institutos existentes a lo largo del país, desde una perspectiva joven.
En igual dirección, sería oportuno señalar la necesidad de incorporar elementos de control y sanción sobre ésta materia en las atribuciones de la futura Superintendencia de Educación, a fin de velar porque la información tanto publicitaria como académica que se entrega esté acorde a la realidad, como asimismo para que de esta instancia se coordinen esfuerzos en pos de brindar a los postulantes y sus familias, antecedentes serios que les orienten eficientemente en una decisión tan importante como es la elección de la profesión y el lugar donde estudiar.
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Jorge Parragué López es cientista político de la UC, y director Programa Generación Bicentenario de la Fundación Chile 21
