La denuncia del SVS contra LAN y el caso Socogech, y antes, el caso Inverlink y Chispas, nos muestran que la corrupción es también patrimonio de la empresa privada. Es por ello que el Gobierno y los empresarios deberían estudiar una agenda de probidad privada. La corrupción también se da en los negocios, incluso sin intervención de funcionarios públicos. Es necesario proponer medidas legislativas para aumentar las penas y fortalecer la fiscalización de la corrupción privada. Aquí también vale el Caiga quien caiga. Los delitos de «cuello y corbata» deben ser castigados.
El profesor de Derecho Penal de la UC, Alfredo Etcheberry, señala que los delitos económicos, cometidos por privados en los ámbitos económicos, mercado de capitales y financiero, son sancionados por leyes especiales que garantizan menos penas que si estos mismos hechos fueran sancionados por las normas comunes del Código penal. Este menor castigo, es una esfera de impunidad, un «perdonazo», que desde el Congreso trataremos de modificar.
Existen variados tipos de corrupción: regalos ilícitos, conflictos de intereses, información privilegiada, nepotismo y favoritismo, uso ilegítimo o venta de información confidencial…; y la forma de pago puede ser también diversa, desde recibir dinero en metálico o en especie, hasta la promesa de obtener un favor a cambio.
Hay casos más graves: ¿Qué pasa con el secreto bancario, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas tan exploradas en el derecho comparado, con los delitos de fraude al consumidor, con los delitos medioambientales, los delitos cometidos por transnacionales? Generar las condiciones para penar estas conductas, con leyes de consenso, es un avance que debemos dar. Ya existen visos de eso: hay propuestas en ambas Cámaras para endurecer el castigo al uso de información privilegiada, para los directores de sociedades anónimas, sigue la lucha por levantar el secreto bancario, para evitar la evasión tributaria, y eliminar la relación negocios y política.
La autorregulación es un arma de doble filo: Los tribunales de autorregulación ¿aplican a todos los miembros de la industria en cuestión?; sus decisiones ¿son obligatorias?; ¿Acaso han dado resultado los acuerdos de producción limpia?. Son instrumentos de mercado, para y por el mercado, pero este necesita de la sanción legal para funcionar correctamente.
El mundo de los negocios no es tierra de nadie, sin Dios ni ley. Hay normas legales y la misma ética que para los entes públicos. No he visto a ningún empresario, en el caso Inverlink, en el caso Chispas, ni en LAN, emprender Comisiones para la Probidad en los Negocios, proponiendo el fortalecimiento de las leyes fiscalizadoras para evitar actos de corrupción privada. Y creo que ya es hora de hacerlo, ellos o nosotros.
Alejandro Navarro Brain. Senador.
