En estos momentos, Costa Rica está impulsando una reforma política y electoral. Liderada por el diputado, y también doctor en ciencia política por Oxford Fernando F. Sánchez, se incorporará al Código Electoral el concepto de «democracia paritaria». De esta forma, las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa deberán contemplar 50% de mujeres, junto con los requisitos de alternancia y secuencialidad.
Sólo estaría faltando incorporar el criterio de encabezamiento. De esta forma, la paridad se lograría tanto a nivel vertical como horizontal, con candidatas ubicadas en puestos elegibles. Este último aspecto está en disputa, pero es plausible esperar que los legisladores costarricenses lo acojan.
No en vano, han dado muestras de entender que una democracia de calidad debe cautelar la equidad de género como componente esencial. Costa Rica es hoy el primer país de la región en número de legisladoras y el cuarto del mundo. Han venido aplicando un sistema de cuotas progresivas, a partir de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer del año 1990.
Para ellos, la paridad no parece ser un capricho ni un componente estético: se vincula con la nueva visión de la ciudadanía del siglo XXI. Adicionalmente, es importante mencionar que sus legisladores sólo pueden mantenerse un período en su cargo, sin reelección inmediata. Algo de bueno tendrá todo esto: según Latinobarómetro del año 2006, Costa Rica es el séptimo en evaluación del desempeño de su Congreso, que contrasta con el lugar décimo segundo que ocupa Chile.
Este panorama auspicioso se contrapone a nuestro páramo en materia de reformas políticas. Todavía no se capta la urgente necesidad de sincronizar las instituciones políticas con el desarrollo económico. Mientras la cultura política de los chilenos se transforma, nuestras instituciones se mantienen en un freezer.
El botón de la muestra son el Servicio Electoral o nuestra añeja Ley de Partidos Políticos. Cualquier intento de reforma, como el del sistema electoral o el derecho a voto de los chilenos en el extranjero, se ve obstaculizado por la derecha, con argumentos peregrinos como el que «éstos temas no son prioritarios para la gente» cuando no introduciendo elementos espúreos, como es el caso de RN, para condicionar sus votos.
Es cuestión de voltear la cabeza y ver casos como el de Venezuela. Para su gente, los temas políticos no eran prioritarios. Sin embargo, en cuanto encontraron el momento preciso para demostrar su hartazgo, no dudaron en utilizarlo.
Dada esta situación, no sorprende que la Presidenta Bachelet haya querido activar, desde arriba y por vía presidencial, algunos dispositivos para actualizar nuestra democracia: paridad de género, caras nuevas y gobierno ciudadano. Es cierto que esto no ha estado exento de voluntarismo, al no dotarse simultáneamente de la retórica y los marcos de sentido, así como de los mecanismos de aplicación necesarios. Sin embargo, se comprende su intención en el marco de un sistema político ensimismado.
Entregarle más atribuciones a la ciudadanía para que decida, o promover la circulación de las elites no son temas para bromear con ellos, tal como se desprende de muchas columnas que presumen de sesudas. Menos con la incomprendida paridad la que, luego del segundo cambio de gabinete de marzo pasado, se mantiene en su acepción flexible de 60/40 por género. Sólo los ignorantes o los malintencionados pueden insistir en afirmar que la paridad de género ya no existe.
__________________
María de los Ángeles Fernández es directora ejecutiva de la
Fundación Chile 21
