Hay también competencias administrativas difusas, problemas de coordinación entre servicios, falta de mecanismos idóneos para desarrollar la gestión, y mucha discrecionalidad con febles regulaciones en materia de responsabilidad para algunas autoridades.
Los numerosos problemas administrativos de carácter grave ocurridos en los últimos diez o quince años en Chile, generalmente acompañados de judicialización criminal, han transformado de facto a la Contraloría General de la República en un supra órgano de control, cuyas acciones y resultados impactan la agenda política, y exceden largamente el rol técnico que le fue asignado al momento de su creación.
Sin embargo, ello no es consecuencia de un interés manifiestamente invasivo de ese organismo o de quienes lo dirigen sino, fundamentalmente, es producto de la obsolescencia tecnoburocrática de la administración pública chilena.
Desde hace más de 20 años los diferentes gobiernos hablan de una necesaria reforma del Estado, y han existido, sobre todo a nivel del Ministerio Secretaría de General de la Presidencia, Segpres, unos cuantos programas de esta naturaleza.
En la actualidad, según la información que entrega el sitio web de ese ministerio, están en ejecución “mas de 50 iniciativas” para modernizar el Estado, tema que constituye según el ministerio “una de las siete grandes reformas estructurales que ha propuesto el Ejecutivo”.
Es evidente que ante tamaño esfuerzo los resultados deberían estar a la vista. Lamentablemente no ha sido así. Tanto los anteriores programas como el actual han carecido de la visión estratégica y de la fuerza necesaria para inducir cambios sustanciales. En la mayoría de los casos los empeños se orientan a la introducción de tecnologías digitales, a mejoras de control presupuestario o facilitación de trámites, pero nada parecido a una reestructuración de los procesos y competencias públicas, que sintonice a la administración con los nuevos requerimientos que demanda el desarrollo del país.
[cita]El Presidente de la República acaba de firmar una enésima iniciativa legal en materia de probidad, que se suma a una larga lista de normas existentes desde la década de los 90, mientras el país sigue transitando en su gestión en el filo de los conflictos de interés y las faltas a la transparencia.[/cita]
A excepción de la modernización del Servicio de Impuestos Internos, de la década de los 90 del siglo pasado, son pocas las acciones que no hayan estado vinculadas a procesos privatizadores o siniestros administrativos con pérdidas millonarias para el Estado, como el gran combustible para las reformas. Ejemplos notorios son el caso de las pérdidas de Codelco en los mercados de futuros, el desfalco de la mesa de dinero de la Corfo, los escándalos con los proyectos de Chile Deportes o el llamado caso MOP Gate.
En el actual gobierno esa inercia continúa, pese a que en el corto período que lleva a cargo de los asuntos del Estado, ya ha debido enfrentar al menos tres situaciones que han afectado de manera directa su imagen: la construcción de un puente mecano sobre el río Bío Bío, la acción de la ex Intendenta Jacqueline Van Ryselberghe, y ahora el caso de Serviu con Kodama. En este, es evidente que el embrollo administrativo es total, lo que genera la danza de miles de millones de diferencia entre una opinión y otra.
En todos los casos mencionados queda en evidencia que, además de eventuales problemas de probidad de algunos funcionarios, y que debe investigar la justicia, hay también competencias administrativas difusas, problemas de coordinación entre servicios, falta de mecanismos idóneos para desarrollar la gestión, y mucha discrecionalidad con febles regulaciones en materia de responsabilidad para algunas autoridades.
El Presidente de la República acaba de firmar una enésima iniciativa legal en materia de probidad, que se suma a una larga lista de normas existentes desde la década de los 90, mientras el país sigue transitando en su gestión en el filo de los conflictos de interés y las faltas a la transparencia.
En el Reporte de Cumplimiento de Metas del mes de marzo de la SEGPRES ni siquiera se menciona la modernización del Estado, ni nada sobre las 50 iniciativas en curso, pese al carácter de gran reforma estructural que tiene.
Si se puede leer una pormenorizada guía de orientación a la acción para “promover una cultura orientada a resultados basada en los siguientes principios:
AMBICIÓN: creer que se pueden alcanzar metas ambiciosas y atreverse a hacer preguntas difíciles para mejorar el desempeño.
FOCO: Mantener el foco en un grupo reducido de áreas prioritarias y ser pragmáticos en la búsqueda de soluciones que produzcan resultados.
CLARIDAD: Comunicar de forma directa y precisa y tomar decisiones sobre datos concretos e invertir tiempo en entender lo que está pasando.
URGENCIA: Transmitir sentido de urgencia y empujar los equipos para alcanzar resultados y enfatizar el objetivo moral de la aspiración.
TRASCENDENCIA: Pensar en cómo hacer que el cambio persista y fomentar una nueva manera de pensar para lograr trascendencia”
A juzgar por lo ocurrido entre el MINVU y el Serviu Metropolitano, y el escaso orden intersectorial que exhibe el gobierno, nadie ha leído la motivación de Segpres y tampoco existen noticias de si este es uno de los sectores priorizados para la reforma del Estado.
