Por mucho tiempo, el retail se defendió de no ser regulado al igual que los Bancos, con el argumento de que no prestaban dinero ajeno, sino que propio. Ese argumento, en las condiciones actuales, no resulta del todo cierto, desde el momento que parte importante de sus recursos los obtienen de la misma banca y, lo que es más importante, debido a las magnitudes que el negocio financiero del retail ha alcanzado, sus operaciones de crédito pueden generar los mismos problemas en el sistema financiero en su totalidad, por lo que hoy no existe razón alguna para que no tengan la misma regulación y fiscalización que la banca.
El escándalo de La Polar, sin duda, produce indignación por el abuso de poder en contra de los consumidores, pero al mismo tiempo hace surgir enormes interrogantes sobre la solvencia y credibilidad de nuestro actual sistema financiero.
Las cifras de este escándalo son increíbles. Según información de la propia empresa, los deudores afectados por las repactaciones unilaterales llegarían a las 418.826 personas y lo faltante de provisionar (reservas para enfrentar posibles no pagos) por parte de La Polar llegaría a la suma de $420.072 millones de pesos.
Con estas cifras y con los antecedentes de que estas prácticas llevaban al menos 5 años, resulta -a estas alturas- francamente increíble que ninguno de los mecanismos institucionales encargados de la supervisión financiera de nuestro país haya advertido con anterioridad las serias irregularidades en que
incurría la empresa La Polar. Más increíble aún que este fraude se haya detectado por el mail de un accionista minoritario que tenía incluso menos antecedentes que los propios órganos fiscalizadores.
Era evidente, para los distintos organismos fiscalizadores, que algo no estaba bien con La Polar, cuando era pública la información que el saldo promedio de sus deudores era de 1,6 millones, mientras el promedio de la industria es entre 400 y 500 mil pesos. También, cuando el nivel de provisiones pasó -en dos años- de 9%, en 2008, a 16% en 2010.
Además, así como podría haber sido evidente para los órganos fiscalizadores, también lo debió haber sido para otros agentes del mercado, como las AFP o los bancos, que mantenían deudas con La Polar, y también para los directores y altos ejecutivos de la misma.
En el caso de directores y ejecutivos de esta empresa ya han surgido antecedentes de que, a través de distintas sociedades de inversiones, realizaron ventas de sus acciones por la suma de 25 millones de dólares en los últimos dos años, es decir, vendieron cuando las acciones estaban artificialmente altas y supuestamente antes de que el fraude se descubriera.
Además, el argumento de que el directorio no sabía, resulta aún más difícil de creer, cuando la empresa ya tenía noticias de las repactaciones unilaterales en Noviembre de 2010, cuando La Polar llego a un acuerdo con el Sernac para solucionar estas irregularidades (y que finalmente no cumplió).
[cita]Ejecutivos y directores tenían acciones, ¿qué hicieron con ellas?; algunas corredoras de bolsa también tenían acciones, ¿qué hicieron con ellas?; algunos bancos tenían bonos de La Polar, ¿qué hicieron con ellos?[/cita]
Resulta, asimismo, especialmente difícil de explicar que los directores independientes de La Polar, que representaban a las AFP, no hayan advertido el riesgo de sus inversiones en la empresa, más todavía cuando se trata nada menos que de las futuras pensiones de la gran mayoría de los chilenos y que, a la fecha del escándalo, poseían al menos el 27% de la propiedad de la compañía de retail.
Por todo lo anterior, no es difícil suponer que se ha ido configurando la existencia de un verdadero período sospechoso, cuya duración aún no conocemos, pero en el cual varios de los actores involucrados en el mercado del crédito podrían haber conocido o, al menos, sospechaban de la situación de La Polar.
La actuación de esos actores en dicho período, en muchos casos, podría considerarse como dolosa o con ánimo de defraudar y, por tanto, como partes de una especie de pacto de silencio tácito sobre la real situación de la compañía.
A muchos de los actores involucrados tal vez les convenía no enterarse de lo que estaba ocurriendo, pues se estaba generando un efecto de aumento de valor de la empresa, lo que indirectamente beneficiaba a muchos que sin estar directamente involucrados en el caso, les interesaba que La Polar siguiera pareciendo sólida.
Así, a través de un aumento del precio de sus acciones, se tenían estados financieros más sólidos y, por tanto, a partir de esta gran mentira construida a costa de los pequeños deudores de clase media, se podía acceder a mejores condiciones para colocar bonos de la compañía (que representan el 51% de su financiamiento) o pedir préstamos bancarios en condiciones más ventajosas (los que representan el 36% de sus fuentes de financiamiento) y las AFP mostraran resultados positivos de sus inversiones.
Además, esta farsa construida a costa de los consumidores permitía beneficiar directamente a directores y ejecutivos que poseían acciones de la misma empresa, lo que les permitía ver reflejado parte de su propio patrimonio en el mayor valor que alcanzaban las transacciones de la acción en la bolsa.
Es por lo anterior que un elemento esencial que se debe investigar es desde cuándo se tenía conocimiento de la situación de La Polar por parte de los distintos actores del mercado; para eso, es fundamental investigar las transacciones accionarias de La Polar del último tiempo. Ejecutivos y directores tenían acciones, ¿qué hicieron con ellas?; algunas corredoras de bolsa también tenían acciones, ¿qué hicieron con ellas?; algunos bancos tenían bonos de La Polar, ¿qué hicieron con ellos?
Son muchas las interrogantes y por eso la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se ha constituido como investigadora del llamado “caso La Polar”, con el fin de poder determinar cuáles fueron los errores, omisiones o negligencias de los entes encargados de la supervisión financiera del país y las posibles fallas o vacíos en la actual legislación, más todavía cuando la
industria del retail se ha convertido en un verdadero sistema bancario en las sombras.
Por mucho tiempo, el retail se defendió de no ser regulado al igual que los Bancos, con el argumento de que no prestaban dinero ajeno, sino que propio. Ese argumento, en las condiciones actuales, no resulta del todo cierto, desde el momento que parte importante de sus recursos los obtienen de la misma banca y, lo que es más importante, debido a las magnitudes que el negocio financiero del retail ha alcanzado (de hecho, el 77% de las tarjetas de crédito en Chile son de ellos), sus operaciones de crédito pueden generar los mismos problemas en el sistema financiero en su totalidad, por lo que hoy no existe razón alguna para que no tengan la misma regulación y fiscalización que la banca.
Es necesario estudiar la unificación y el endurecimiento de la normativa que rige nuestro mercado del crédito, que comprenda a todos los operadores del sistema y un sistema de fiscalización más concentrado, que no permita agujeros en dicha actividad.
Las malas prácticas en el mercado crediticio son muchas y afectan no sólo al retail sino que también a la Banca y, en general, a la gran mayoría de los oferentes de crédito en nuestro país.
