Un país que pretende alcanzar el desarrollo requiere resolver los problemas de desconfianza social hacia las instituciones públicas pero también privadas y esto no se logrará a través de campañas publicitarias para mejorar su imagen corporativa. Tal como se necesita establecer nuevas regulaciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores, así también es necesario dar un vuelco significativo en la forma en que las propias empresas se vinculan con la sociedad.
El caso de La Polar contiene en su trama una variedad de elementos que lo convertirán sin duda en el símbolo de una importante agenda política y social. Ello incluye la revisión unilateral de contratos, las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo, el desigual acceso a información, el control público de la actividad privada, y el vínculo entre el sector público y privado, entre otras dimensiones.
Existe, sin embargo, una dimensión más global y que se refiere a la confianza ciudadana hacia el sector privado. En una sociedad en donde las empresas juegan un rol tan vital como en Chile, lo que se pone en juego con este tipo de revelaciones es su credibilidad, y en particular la credibilidad de las grandes empresas.
Y es allí donde enfrentamos un serio problema. Al observar la serie 2005-2010 de la Encuesta Nacional de la UDP advertimos que un muy bajo porcentaje de la población (entre 10 y 20%) manifiesta tener bastante o mucha confianza en las tres instituciones que son claves para resolver y procesar conflictos en una sociedad: los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial.
[cita]La demanda por una ética pública debiese transferirse al mundo empresarial en una importante modernización de sus prácticas laborales, de relación con sus clientes, de transparencia en las acciones que realiza, y de vínculo con su entorno.[/cita]
Pero a continuación le siguen nada menos que las “grandes empresas” con un porcentaje promedio de confianza de 24% para el período 2005-2010. Así, pese a la relevancia del gran empresariado en la economía y la sociedad, la población consistentemente desconfía de ellos. En la encuesta UDP 2010, mientras un 53,6% de las personas de altos ingresos manifestó confiar poco o nada en las grandes empresas, los sectores medios indicaron esta opción en un 68,1%, y los sectores bajos en un 73,7%. Es decir, a menor nivel socioeconómico, mayor es la desconfianza. Asimismo el nivel de desconfianza de los santiaguinos respecto del gran empresariado alcanzó el 62,7% y en regiones se elevó a un 74,4%.
Un país que pretende alcanzar el desarrollo requiere resolver los problemas de desconfianza social hacia las instituciones públicas pero también privadas y esto no se logrará a través de campañas publicitarias para mejorar su imagen corporativa. Tal como se necesita establecer nuevas regulaciones para garantizar la protección de los derechos de los consumidores, así también es necesario dar un vuelco significativo en la forma en que las propias empresas se vinculan con la sociedad.
La demanda por una ética pública debiese transferirse al mundo empresarial en una importante modernización de sus prácticas laborales, de relación con sus clientes, de transparencia en las acciones que realiza, y de vínculo con su entorno. Resultaría equívoco, entonces, indicar que se necesitará “restaurar la confianza perdida” en el gran empresariado, pues aquella confianza social simplemente no existe. Lo que se necesita es establecer una relación de confianza y ello sólo será posible a través de un cambio significativo en las prácticas de los empresarios.
