Cabe preguntarse si seguirán existiendo trucos varios para que el 10 por ciento más rico de la población organice su contabilidad a fin de pagar menos impuestos, mientras los trabajadores reciben a fin de mes un cheque inalterable, cuyo monto ya viene con descuentos de previsión, salud e impuestos, sin ninguna posibilidad de descontar la cena de aniversario.
¿Boleta o factura? Esta infaltable pregunta del mozo justo antes de la cuenta simboliza como nada los privilegios de algunos. Imposible pensar que se trata de una reunión de trabajo cuando una pareja cena amorosamente a la luz de una vela o un familión celebra el cumpleaños del abuelo. Mientras más íntimos los comensales, más impúdica la pregunta.
¿Boleta o factura? De tanto escucharla, el mozo se me confunde con el actor Daniel Muñoz en “Taxi para tres” diciendo: ¿Volante o maleta? Es el mismo robo a mano armada, pero en este caso la víctima no es el taxista sino el fisco, o mejor dicho, los ciudadanos que más requieren del gasto público para compensar la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Evadir impuestos, es robarle a los más pobres.
Esas facturas truchas que sirven para reducir utilidades en una empresa, forman parte de las numerosas triquiñuelas para evadir impuestos. Como armar sociedades de mentira o dividir la empresa en varias sociedades. Algunos entendidos dirán que hay que distinguir entre evasión y elusión, siendo la primera un delito y la segunda una artimaña que puede pasar por legal, pero que todos saben cumple el mismo objetivo que la evasión: no pagar impuestos.
[cita]Al parecer el Gobierno subirá el impuesto a las empresas al 20%, aún muy por debajo del 26% que pagan los países de la OECD. Y, sobre todo, muy por debajo de lo que debieran pagar sus dueños de acuerdo a sus niveles de ingreso, que llega al 40% y que bajaría a 38%. Esta distancia entre el impuesto al trabajo y el impuesto al capital, es decir, entre lo que tributan las empresas por sus utilidades y las personas por sus ingresos, permite a los empresarios utilizar fórmulas varias que le llevan a un pago modesto o nulo de impuestos.[/cita]
Estamos a punto de conocer la propuesta completa del Gobierno para una reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ya anunció que se pretende incrementar la recaudación del fisco en unos 700 a 900 millones de dólares, que se destinarían a educación.
Esta cifra está a una distancia sideral de las distintas propuestas de la oposición que superan los 6.800 millones de dólares en una aplicación gradual. Y es menos de la mitad de los 2 mil millones que calculó el senador Hernán Larraín, planteando una escala progresiva que alivie a las pymes y aumente los impuestos a las grandes empresas como bancos o Isapres (los ejemplos son suyos). El parlamentario de la UDI sostuvo que “hacer una reforma tributaria para recaudar dos chauchas, no vale la pena».
Según los estudios de Educación 2020, sólo en educación escolar se necesitarían unos 4 mil millones de dólares anuales a partir del 2018, cuando la reforma ya esté en régimen. Y todos entienden que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, es decir, no se puede apostar a la bonanza del cobre ni al crecimiento puntual.
Pero las bondades de una reforma tributaria no se medirán únicamente por los montos recaudados. También habrá que ver si sobrevive la interrogante: ¿Boleta o factura? Cabe preguntarse si seguirán existiendo trucos varios para que el 10 por ciento más rico de la población organice su contabilidad a fin de pagar menos impuestos, mientras los trabajadores reciben a fin de mes un cheque inalterable, cuyo monto ya viene con descuentos de previsión, salud e impuestos, sin ninguna posibilidad de descontar la cena aniversario.
Al parecer el Gobierno subirá el impuesto a las empresas al 20%, aún muy por debajo del 26% que pagan los países de la OECD. Y, sobre todo, muy por debajo de lo que debieran pagar sus dueños de acuerdo a sus niveles de ingreso, que llega al 40% y que bajaría a 38%. Esta distancia entre el impuesto al trabajo y el impuesto al capital, es decir, entre lo que tributan las empresas por sus utilidades y las personas por sus ingresos, permite a los empresarios utilizar fórmulas varias que le llevan a un pago modesto o nulo de impuestos.
Cada vez que se tocan estos temas, desde el empresariado se oye el mismo argumento: sin esos beneficios no habrá incentivos para invertir y, por ende, disminuirá el empleo.
La experiencia de los últimos 20 años muestra que cada vez que se aumentaron los impuestos, las empresas siguieron invirtiendo y creando empleo. Más aún, desde hace un buen tiempo los beneficios pro inversión —como el Fondo de Utilidades Tributables, FUT— se convirtieron en un subsidio para invertir en el extranjero. Basta ver cómo se mueven los grandes empresarios chilenos en Perú o Argentina para advertir que los incentivos al ahorro y la inversión están beneficiando los negocios fuera del país.
Es indispensable analizar si los objetivos de algunas políticas se concretan en la práctica o si, por el contrario, son aprovechadas por quienes no las necesitan. Así suele ocurrir, por ejemplo, con quienes tributan por renta presunta. El mecanismo creado para pequeños agricultores es usado frecuentemente por grandes empresarios.
Hace unos días se anunció que el Gobierno está estudiando la posibilidad de rebajar de los impuestos los gastos en educación y salud. Esto aliviaría —se dijo— a la clase media. La idea suena muy bien. Lo malo es que el 80% de los contribuyentes no paga impuesto a la renta, porque sus sueldos no superan en promedio los 500 mil pesos y están exentos. Es decir, esta medida sólo beneficiaría al 20% más rico, los mismos que suelen pedir factura en el restaurante.
Durante su campaña electoral, el Presidente Piñera hizo especial hincapié en la correcta focalización de las políticas públicas. En esa perspectiva, por más que suene bien, la idea de descontar los gastos de educación y salud de los impuestos no parece muy atinada.
Tampoco parece muy acertado que CORFO le otorgue subsidios, destinados a los pequeños y medianos empresarios, a los más ricos del país. Según informó El Mostrador el pasado 27 de marzo, entre quienes recibieron estos beneficios durante los años 2010 y 2011 figuran Juan Cúneo, socio de Falabella, con 5 millones de pesos para un estudio de pre inversión destinado a construir una Casa Mirador en la viña Casas del Bosque; el ex ministro de Minería Alfonso Dulanto, con 45 millones para ampliar la producción de arándanos y cerezos de exportación; Carlos Cardoen, con 21 millones para evaluar la construcción de un hotel y centro de negocios en Vichuquén, y Pedro Pablo Errázuriz, antes de ser nombrado ministro, con 14 millones para un estudio de pre inversión para una central hidroeléctrica en la 10ª región. No queda más que preguntar: ¿volante o maleta?
