Señor Director:
Respecto a la decisión de la Corte Suprema de paralizar el proyecto de la central termoeléctrica Castilla, hemos visto, escuchado y leído muchas opiniones que critican al Poder Judicial. La más reciente, la de la ministra del Medio Ambiente. Lo que no se entiende aún es que habrá un antes y un después del “Supremazo”.
Desgraciadamente, durante los casi veinte años de vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente, fue resultando más conveniente para las empresas invertir en lobby para influir en las decisiones administrativas que contempla dicha ley, en vez de ajustar los proyectos a la legalidad vigente. Esta es la razón del por qué se han ido judicializando los proyectos de inversión.
Las batallas dadas por hacer las cosas bien no ha sido fácil, pero Chile es otro desde que tenemos una institucionalidad ambiental. Ya nadie pone en duda la necesidad de contar con rellenos sanitarios ambientalmente sustentables y sanitariamente seguros, sin embargo, era el tema de discusión política hace 10 años en la Región Metropolitana de Santiago. Lo mismo sucedió respecto de los residuos industriales a partir del caso de la muerte de los cisnes en el Santuario Carlos Anwandter de la Región de Los Ríos y de la proliferación de antenas celulares en zonas urbanas.
La decisión respecto a la termoeléctrica es una señal determinante para que los titulares de los proyectos y sus empresas asesoras entiendan que, por grande que sea la necesidad del país de seguir creciendo y de contar con abastecimiento eléctrico con altos niveles de seguridad y a precios competitivos, los proyectos deben responder a una condición muy simple: cumplir con la ley.
Chile sigue siendo un país atractivo para invertir y, a diferencia de quienes critican el fallo de la Corte Suprema respecto de la Termoeléctrica Castilla, la experiencia de los países de la OCDE, ha demostrado que, mientras más claras y respetadas por todos estén las reglas del juego, más sólida y permanente será la inversión extranjera.
Es de esperar, por el bien de Chile, que este fallo conduzca a un nuevo paradigma, donde cumplir con la ley sea más beneficioso para las empresas que pagar por obtener privilegios de manera discrecional.
