Escribo cuando todavía no ha sucedido, pero puedo anticipar que ocurrirá, porque conozco al país y conozco a la derecha chilena: Laurence Golborne renunciará a su candidatura presidencial, debido a que la firma de que fue gerente, en 2006, subió en $500 el cobro por mantención de las tarjetas Jumbo Más, cobro que la Corte Suprema, recién en 2013, ha declarado indebido; y porque una sociedad de la cual él es socio tiene inversiones, a través de otra, en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal.
Ambas situaciones son perfectamente legales y no impiden que una persona sea candidato presidencial, pero como conozco al país y a su derecha política, puedo anticipar que ella hará un «mea culpa» sin fundamento alguno («¡nunca más!») y posiblemente a esta hora Laurence Golborne estará renunciando a su postulación. Eso es lo que, creo, va a pasar, pero no lo que debería pasar.
Pues lo que debería pasar sería que la UDI le manifestara su pleno respaldo y mantuviera contra viento y marea su candidatura, porque las dos actuaciones que se le reprocha son perfectamente lícitas y, más aún, constituyen una prueba de su idoneidad para manejar asuntos distintos, como los negocios de una gran empresa y los suyos personales, con igual eficacia, lo cual es una garantía de que procederá de la misma manera en la administración del Estado, que es la tarea del Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República.
En efecto, cuando Golborne era gerente general de Cencosud (una de las firmas más grandes del país) atendidas las condiciones del mercado, la competencia y la regulación dictada por la Superintendencia respectiva, resultó de conveniencia para la firma subir el cobro por mantención de las tarjetas Jumbo Más. Seguramente era conveniente porque el menor uso de las tarjetas a raíz del alza iba a ser porcentualmente inferior al aumento de la recaudación generada por ella. La obligación de un gerente general es siempre proceder así y maximizar los beneficios de la firma para la cual trabaja.
En este caso, la regulación de la Superintendencia aceptaba que se notificara a los titulares de tarjetas señalándoles que si volvían a utilizarlas después de notificada el alza, se presumía que aceptaban esta última. Si la rechazaban, simplemente debían abstenerse de seguir utilizando la tarjeta.
Como el Sernac opinó posteriormente que el alza debía ser explícitamente aceptada por cada tenedor de tarjeta en un documento modificatorio del contrato, se generó una contradicción entre ambas autoridades fiscalizadoras y Cencosud recurrió a los tribunales para que resolvieran ese conflicto de jurisdicción. La Corte de Apelaciones dio la razón a la Superintendencia y aprobó el actuar de Cencosud. La Suprema revocó ese fallo, dio la razón al Sernac y ordenó a Jumbo Más a devolver el cobro de $500 por tarjeta a los titulares, pero no multó ni sancionó a Cencosud.
La aplicación de la exigencia del Sernac habría implicado anular todas las tarjetas existentes y emitir otras sólo cuando los titulares hubieren aceptado por escrito el alza de $500, con los trastornos y costos imaginables para ellos y para Jumbo. Por eso el sentido común aconsejaba adoptar el criterio de la Superintendencia y de la Corte de Apelaciones, mucho más conforme con la normalidad del negocio y la comodidad de los consumidores. Pero la Corte Suprema adoptó el criterio opuesto y lo hizo justamente cuando el gerente general de Cencosud de 2006 era ahora, en 2013, candidato presidencial, dictando un fallo que se anticipó a otros de causas pendientes desde 2004, es decir, más antiguas. «Políticamente oportuno», por cierto.
En cuanto a la sociedad de inversiones en Islas Vírgenes, en que es socio Golborne, su existencia se encuentra perfectamente encuadrada en la legislación chilena y personas jurídicas y naturales del país hacen inversiones allá sin transgredir la Ley de la Renta, pues sólo en la medida en que se retiren rentas y éstas vuelvan al país deberán pagar los impuestos nacionales correspondientes.
Justamente las legislaciones sobre Mercado de Capitales I y II, dictadas durante los gobiernos de la Concertación, crearon franquicias consistentes en el no pago de impuestos en Chile por las rentas de determinadas inversiones, para que los contribuyentes prefirieran hacerlas en el país en lugar de en otros destinos ventajosos del exterior. De ahí han nacido, por ejemplo, los FIP (Fondos de Inversión Privados) que están exentos de Impueso a la Renta. Los propios concertacionistas que crearon franquicias como ésa las denominan ahora «elusión tributaria» y proponen suprimirlas en una futura reforma tributaria. Tanto mejor para los «paraísos fiscales».
Un administrador responsable de su patrimonio personal y familiar será el que busque generar con él una mayor rentabilidad y, puesto a elegir entre destinos que son gravados con mayores impuestos y otros que lo eximan de ellos, elegirá los segundos. Claro, de todo hay en la viña del Señor y el otro día leímos en «El Mercurio» una carta de una rica heredera que protestaba contra sus abogados, que se esmeraban en discurrir fórmulas para pagar menos impuestos, las cuales ella rechazaba y se pronunciaba por las alternativas que conducían a que pagara más. Por supuesto, en la sociedad libre está ampliamente permitido elegir pagar más impuestos y ver así disminuido el respectivo patrimonio personal. Esa conducta será, naturalmente, aplaudida por los políticos socialistas, pues es sabido que «el socialismo funciona hasta que se le termina la plata de los demás», como decía Churchill. Además, en lo personal, los socialistas saben muy bien cómo medrar del Estado. Uno de los más severos con Golborne obtiene unos treinta millones de pesos por sí y a través de su cónyuge, del Congreso Nacional, nivel de ingresos con el cual ciertamente no aporta nada a disminuir la desigualdad en Chile, que él y sus correligionarios tanto critican. Al fin y al cabo, es otra forma de «paraíso fiscal», entendido como el que permite vivir holgadamente a costa del fisco.
Si la derecha chilena fuera consecuente con su ideal de una sociedad libre, en la que los individuos pueden elegir alternativas eficientes para invertir sus recursos, estando ello dentro de la legalidad, deberían respaldar la candidatura de Laurence Golborne y defender justamente los principios en que ella se funda y la capacidad e idoneidad del candidato como un buen administrador de los recursos que se ponen bajo su responsabilidad, sean de una empresa, los propios o los del Estado. Pero en un país en que la pauta valórica de los hombres públicos la fija la izquierda y en que, por tanto, se perdona ampliamente la compra con sobreprecio a expensas del Estado (la cual la ciudadanía ha premiado alguna vez con la Presidencia) o la sustracción clandestina de sobres con billetes de gastos reservados que los hombres de izquierda se llevaban para la casa en tres sucesivos gobiernos (y que, una vez descubiertos, en lugar de ser recuperados, fueron cohonestados e incorporados al sueldo de los sustractores), es posible llamar a escándalo porque una empresa procura mejorar sus márgenes, teniendo derecho a ello, o un particular procura una mejor rentabilidad para su patrimonio, evitando los destinos en que lo graven impuestos más altos.
Cuando los antivalores reinan, los valores dejan de ser defendidos. En ese clima, no extraña que sea la izquierda la que, una vez más, se erija en el Catón de la moral social, para su propio beneficio y para su propia impunidad.
