Señor Director:
Durante los últimos meses el ex Subsecretario de Guerra, ex Embajador en Colombia y en Cuba, Gabriel Gaspar, un buen conocedor de nuestra política exterior, ha insistido a través de diferentes medios y en sucesivas columnas, en la necesidad de “recuperar la diplomacia” (“La Haya y el fracaso de la tesis de las cuerdas separadas con Perú”, “La Haya; los costos y equívocos de la tesis del “encapsulamiento”). En ese sentido, ha afirmado que “Chile necesita recuperar su diplomacia, dejar de apostar a que el mercado arreglará todo y mirar estos temas con visión de Estado” (“Insistiendo en las cuerdas paralelas”), haciendo presente que “Chile tiene buenos diplomáticos, profesionales, de carrera y de origen académico, hay que darles espacio para que conduzcan lo que el Mercado no puede por sí sólo” (“La Haya y la Diplomacia”).
Si a alguien no le quedase clara su opinión, hace pocos días ha sentenciado que “… es preciso dar coherencia a nuestra diplomacia, donde desgraciadamente las decisiones políticas consideran muy poco la opinión profesional” (“Incoherencias Diplomáticas”).
No deja de llamar la atención que, tras esta verdadera andanada de afirmaciones lapidarias respecto de determinados aspectos de nuestra diplomacia y que respalda con argumentaciones bien elaboradas en cada uno de sus artículos, hasta la fecha nadie haya intentado rebatirlo. En lo que respecta a los diplomáticos —directamente aludidos e interesados en tales análisis— las conclusiones del ex Subsecretario no han pasado inadvertidas por cuanto ponen en cuestión el papel profesional y político asignado a los diplomáticos, invitando en forma inevitable a reflexionar acerca del presente y del futuro de la diplomacia nacional.
Desde una perspectiva teórica, la situación crudamente expuesta por el ex Subsecretario bien podría interpretarse como un desequilibrio en lo que el filósofo y sociólogo francés Raymond Aron —referente obligado del realismo en las relaciones internacionales— definía como el potencial de movilización de un Estado. Esto por cuanto, de resultar efectivas las observaciones de don Gabriel Gaspar, existiría un desbalance entre el conjunto de recursos que posee el país y su capacidad de movilizarlos y utilizarlos en forma real para estructurar una política exterior integral, con la región y el mundo, acorde a las legitimas expectativas y necesidades del país. Esta interpretación de la realidad de nuestra diplomacia, que no lograría reflejar las capacidades reales del país, bien podría relacionarse no sólo con el interés de los sucesivos gobiernos por modernizar la Cancillería, sino también con la permanente demanda de una nueva ley por parte de los propios diplomáticos.
Desafortunadamente, el proyecto de ley elaborado por las actuales autoridades, —dado a conocer hace pocos meses tras casi tres años de espera—, que se suponía debía modernizar definitivamente nuestra diplomacia, no ha logrado convencer a la mayoría de los diplomáticos. En efecto, luego de un proceso de análisis profundo y colectivo, estos concluyeron que sus disposiciones están lejos de garantizar la existencia de una carrera diplomática real que permita al país contar con un cuerpo permanente de profesionales capaces de defender los intereses permanentes del Estado.
Por el contrario, a juicio del Servicio Exterior, un buen número de las medidas propuestas en los ámbitos de mayor relevancia, van precisamente en el sentido opuesto. Así, por ejemplo, al proponer una edad de jubilación que no resuelve antes de 7 años el endémico estancamento del escalafón se impide el lógico y necesario recambio generacional periódico en los cargos de mayor responsabilidad. Esta situación no sólo amenaza con perpetuar carreras que ya se prolongan en exceso en desmedro del futuro de la institución en su conjunto, motejadas internamente como “vitalicias”, sino que genera un importantes desincentivo para el resto, es decir la gran mayoría, de nuestros diplomáticos. A estas señales, contradictorias con la necesidad de generar estímulos al interior del aparato estatal, se debe agregar la inexistencia de disposiciones concretas en el proyecto que aseguren la capacitación de nuestros diplomáticos, lo que viene a sumarse a los exiguos recursos asignados anualmente para ello. Como resultado de todo lo anterior, tras ser analizado por los diplomáticos el texto propuesto ha logrado, antes siquiera de comenzarse su discusión en el Poder Legislativo, un rechazo transversal.
En ese escenario, y pese a que a los diplomáticos nos gustaría tener argumentos para rebatir a don Gabriel Gaspar, escudándonos tal vez en encuestas que reflejan un importante respaldo de la ciudadanía a nuestra política exterior, lo cierto es que desde la intimidad de nuestra profesión no encontramos argumentos para hacerlo.
Edgard Eckholt Ithurralde
Director de la Asociación de Diplomáticos de Carrera
