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OPINIÓN

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El problema del liderazgo en el actual proceso político

por 17 septiembre, 2021

El problema del liderazgo en el actual proceso político
Se está generando así una coalición de múltiples liderazgos que permiten avizorar que un eventual triunfo presidencial de Gabriel Boric garantiza una conducción tanto del proceso constituyente como del Gobierno coherente, base de un liderazgo potente y adecuado al nuevo período. Esto es indispensable, pues el próximo Gobierno deberá encabezar la puesta en marcha de la nueva Constitución, avanzar en resolver los problemas sociales que planteó el 18-O, reactivar la economía en el contexto del legado de la pandemia, abordar una difícil situación fiscal y empezar a resolver los problemas estructurales que venía enfrentando la economía en la última década.
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Un debate poco sustantivo

En medio de la crisis que vive el país, que se fue gestando al menos desde el Gobierno de Lagos (MOP-Gate; los sobres con regalos para los ministros y el Transantiago) y que se tradujo en variadas movilizaciones sociales desde el 2011 que culminan con el 18-O, ha aparecido reiteradamente el problema de las condiciones del liderazgo capaz de conducir el país en el momento histórico actual.

El debate al respecto no se ha caracterizado por su sofisticación. Según los competidores de Gabriel Boric, su liderazgo sería imposible, pues no tiene el título de abogado, porque no tiene hijos o por su falta (y de sus equipos) de experiencia gubernamental. Sin duda que los títulos académicos no son garantía de buenos gobiernos. Un Presidente, abogado y doctor en Economía, no pudo evitar la mayor catástrofe de la política pública de la historia reciente del país: el Transantiago. Otro, que con frecuencia releva su título de doctor en economía, ha protagonizado el peor Gobierno luego de la restauración democrática y sus problemas de competencia política ya habían quedado en evidencia en su primera administración.

Lo de los hijos, raya en lo ridículo. A un candidato a la primera magistratura, sus once hijos no le han ayudado a entender que el Gobierno de un país requiere capacidades de gestión política que no tienen nada que ver con la forma en que los problemas se resuelven en los cuarteles. La experiencia gubernamental es sin duda un desafío que es necesario afrontar. Ello implica profundizar el debate programático, concordar entre los miembros de la coalición que triunfe los compromisos programáticos para el período de Gobierno y, claro está, ser lo suficientemente sagaz y humilde para que el nuevo Gobierno se apoye en los equipos de los distintos ministerios e instituciones. Pero el problema del liderazgo trasciende con creces estas dimensiones.

Algunas consideraciones conceptuales

Es difícil encontrar conceptos tan complejos con el de liderazgo. Diversas teorías relevan la importancia de las características personales. En la tradición del confucianismo, liderazgo es una cuestión de inteligencia, confiabilidad, humanidad, coraje y disciplina; agregando al mismo tiempo que descansar en solo una de esas características lleva a males, que como en el caso de un excesivo énfasis en la disciplina lleva a la crueldad. Estudios relevan características como la capacidad de ajustarse a las nuevas situaciones y experiencias, el carácter extrovertido y la autoeficacia, entre otras.

El Diccionario de Política elaborado por un amplio colectivo de especialistas bajo la dirección de Norberto Bobbio, enfatiza que el liderazgo se desarrolla en un contexto específico de interacción con la ciudadanía y refleja en sí mismo la situación de ese contexto; los atributos, habilidades y recursos del liderazgo son variables relevantes según el rol que juega el liderazgo en función del contexto en que se desenvuelve. Se señala, en ese marco de referencia, que cabe distinguir tipos de liderazgo, el “rutinario” que no crea, sino que cumple dentro de los límites previstos; el innovador, que reelabora el tipo de liderazgo y la naturaleza misma de su función; y el promotor, que crea tanto su papel como el contexto en que lo realiza. Un ejemplo de este último tipo es el de quien funda un partido siempre y cuando logre darle un mínimo de consistencia a su iniciativa y mantenga una posición de líder dentro de la organización que ha promovido.

En su libro El ascenso del Príncipe Democrático, Sergio Fabbrini, politólogo italiano, analiza las transformaciones del liderazgo político en el contexto de lo que él llama la “teledemocracia”. En este contexto, entre las exigencias que pesan sobre “el príncipe democrático” distingue entre “liderazgo popular”, que exige estar en sintonía con las expectativas de los ciudadanos y con su aspiración de participar en el proceso democrático, y su “liderazgo gubernamental”, por medio del cual debe poder articular, con una estrategia coherente, las múltiples iniciativas de políticas públicas en un contexto administrativo cada vez más complejo. Estas dos vertientes plantean dos tipos de exigencias: prometer cambios a sus electores y, al mismo tiempo, dirigir al Ejecutivo garantizándoles seguridad. Esto significa, dice Fabbrini, que debe tener un pie en el desorden de la discontinuidad y, otro, en el orden de la continuidad. Esto significa que la democracia necesita líderes para darles voz a los cambios, pero también necesita líderes para estabilizarlos.

El éxito de la primaria de Apruebo Dignidad y la gran victoria de Boric son indicadores positivos importantes, aunque no definitivos. El débil desempeño de la primaria de Unidad Constituyente, más allá de las dificultades propias de una primaria convencional, deja en evidencia un hándicap importante que sufre la candidatura de Provoste. En el caso de Sichel, aunque su victoria en la primaria de la derecha fue importante, tiene como problemas que mucha gente de la derecha no lo ve como un exponente de su sector y su liderazgo popular está fuertemente cuestionado por el arrastre de José Antonio Kast.

Los liderazgos en disputa en el escenario político chileno

Al contrario de lo que han sido las elecciones presidenciales anteriores, en que el liderazgo se definía en la elección presidencial y parlamentaria, en el escenario político actual se estructura en la articulación/desarticulación entre la campaña electoral y la instalación del nuevo Gobierno y el desempeño de la Convención Constitucional. Esta circunstancia releva, con mayor fuerza que en los períodos normales, que el liderazgo efectivo excede la figura del candidato presidencial y que sus exigencias deben analizarse en función de ambos procesos.

Sin duda, que las personalidades de los(as) distintos(as) candidatos(as) son un elemento central para evaluar los liderazgos en formación. En términos de los atributos personales, los tres candidatos principales no presentan diferencias sustanciales, quizás con la excepción de la capacidad de empatía con la ciudadanía de Boric. Las trayectorias políticas son sin duda muy diferentes. Gabriel Boric, pese a ser el de menos edad, presenta la mayor experiencia política si se tiene en cuenta su experiencia como dirigente estudiantil, diputado y, lo más importante, creador de Frente Amplio (que ha logrado perfilarse como la fuerza política con mayor simpatía ciudadana) y en tal sentido aparece como el líder “innovador” en la conceptualización de Fabbrini. Si se toma en cuenta el contexto, en particular la demanda de cambio, su liderazgo aparece como el más adecuado.

Es cierto que Yasna Provoste ha sido ministra, lo que revela experiencia gubernamental, y senadora, y Sebastián Sichel ministro, aunque por un breve período, pero ambos carecen de la experiencia de formar una organización política y de ser capaces de construir voluntad política común y capacidad de acción colectiva. Al contrario de lo que se piensa, más importante que el conocimiento técnico y del Estado (cuestión que una buena asesoría ayuda a alcanzar), para una Presidencia exitosa es clave la capacidad de conducción de las propias fuerzas políticas, lo cual, a su vez, es condición esencial para estructurar el debate político con las fuerzas adversarias.

¿Qué pasa con el liderazgo popular en los términos de Fabbrini? El éxito de la primaria de Apruebo Dignidad y la gran victoria de Boric son indicadores positivos importantes, aunque no definitivos. El débil desempeño de la primaria de Unidad Constituyente, más allá de las dificultades propias de una primaria convencional, deja en evidencia un hándicap importante que sufre la candidatura de Provoste. En el caso de Sichel, aunque su victoria en la primaria de la derecha fue importante, tiene como problemas que mucha gente de la derecha no lo ve como un exponente de su sector y su liderazgo popular está fuertemente cuestionado por el arrastre de José Antonio Kast. Es en tal sentido probable que, al igual que Piñera, sufra el constante cuestionamiento por parte de sectores de derecha de estar gobernando no de acuerdo con sus convicciones, sino de acuerdo con su conveniencia.

En lo relacionado con el “liderazgo gubernamental”, es claro que su calidad se verá solo iniciada la gestión de Gobierno. No obstante, un primer indicador de lo que puede ser la gestión gubernamental es el desempeño de los candidatos presidenciales frente a los partidos que los apoyan. En el caso de Boric, este ha logrado darle un nuevo impulso al Frente Amplio, que sufría un proceso de disgregación, y levantar una campaña en las primarias que movilizó las distintas organizaciones del FA. Dos desafíos aparecen hacia adelante.

En el ámbito partidario, la capacidad de transformar el FA, con una creciente participación de fuerzas de origen socialista, en un partido de nuevo tipo con capacidad para la toma de decisiones oportuna. La forma como se organizó la campaña de primarias habla a favor de esa posibilidad. Crucial será también la necesidad de transformar la coalición con el PC, y las fuerzas que eventualmente se sumen en la segunda vuelta, en una real coalición de Gobierno. La operación separada del Partido Comunista en la Convención Constitucional y su falta de reconocimiento de la importancia del acuerdo del 15-N, con todas las implicaciones que ello tiene, puede ser un obstáculo relevante, aunque el PC ha mostrado en general disciplina en sus participaciones gubernamentales.

En el caso de Provoste, su coalición política viene cayendo sistemáticamente en las últimas elecciones. A la debilidad del “liderazgo popular”, se suma el deterioro del liderazgo partidario y gubernamental. El PPD sufre una crisis de larga data; la DC ha sufrido múltiples deserciones y casi no obtuvieron presencia en la Convención Constitucional (CC). El PS, que tiene una buena representación en la CC, está dividido entre los que apoyan a Provoste y a Boric. Es probable que Yasna Provoste disponga del equipo más numeroso de expertos con experiencia gubernamental. No obstante, pesa sobre ellos el rechazo generalizado a los “expertos de la transición”, lo que debilita sus capacidades gubernamentales efectivas.

En el caso de Sichel, el proceso de integración de un candidato y equipo que provienen en lo fundamental de la antigua Concertación, con los partidos de la derecha tradicional, no será sencilla. Más aún si se consideran las dificultades de este sector para configurar un Gobierno afiatado en las dos administraciones del Piñera. A ello se suma la mala evaluación de la actual administración gubernamental y la convicción mayoritaria de que, más allá de los “30 años”, el desempeño de la Administración explica en buena parte el 18-O, el colapso de la Constitución de Pinochet y de pilares fundamentales del modelo. Estos antecedentes hacen muy difícil el camino del heredero de Sebastián Piñera a La Moneda y generan expectativas, aun menos auspiciosas, para su eventual Gobierno.

¿Qué ocurre con el segundo escenario en que se juega el problema del liderazgo en el proceso político, esto es, la CC? La naturaleza fundacional que implica la elaboración de una nueva Carta Fundamental en un contexto en que los convencionales representan con bastante plenitud la diversidad del país (paritaria desde el punto de vista de los géneros; plena representación territorial, representación de pueblos originarios), genera dificultades singulares. Actores económicos, políticos y sociales que han ejercido una influencia decisiva en la vida económica, social y política del país ven que su hegemonía está llegando a su fin y, en tal sentido, enfrentan la dura realidad de que el poder, del cual disfrutaron de manera privilegiada, deberán compartirlo con resto de los actores.

Como se ha visto, luego de la derrota inapelable del Rechazo en el plebiscito, algunos de estos sectores apuestan a obstruir el debate constitucional, a deslegitimar el proceso y lograr finalmente que, o no se logre finalizar la elaboración del texto, o la ciudadanía lo rechace en el plebiscito de salida. También en el amplio escenario de la izquierda existen sectores que tienen dificultades para contribuir constructivamente al éxito del proceso constitucional. Es el caso de aquellos que ponen en cuestión la trayectoria institucional aduciendo que las reglas fijadas por la reforma constitucional en materia de decisión constituyen “un quorum impuesto, uno de los enclaves autoritarios de la Constitución dictatorial del 80 y que tenemos el legítimo derecho a debatir” (Adriana Ampuero, en El Mercurio, 14 de septiembre, p. C2). Reconociendo el derecho pleno a debatirlo todo, cabe sí señalar la inconsistencia que representa el no tomar en cuenta que el proceso constituyente en que estamos insertos no estaba inscrito en la Constitución de Pinochet; que, por el contrario, se hizo posible por un acuerdo político surgido del 18-O que, durante 40 años, no estaba siquiera imaginado en el orden constitucional (son contundentes los argumentos respecto de la Constitución del 80 como blindada frente a cualquier cambio sustantivo, como un orden semisoberano o el asociado con el concepto de “Constitución tramposa”).

Pese a su diversidad, al obstruccionismo del sector recalcitrante de la derecha en la CC y de ciertos medios de prensa, y la falta de comprensión de algunos sectores de la diferencia entre el quorum requerido para alcanzar un acuerdo para construir una Constitución “como casa de todos” y el de 50 + 1 para las decisiones políticas habituales, la Convención está avanzando con su tarea, eficazmente. La aprobación en general del reglamento con 145 votos a favor (muy por encima de los 2/3 exigidos por la norma constitucional) asegura, por una parte, la aprobación del artículo 94 que exige un quórum de 2/3 para la incorporación de cada artículo al nuevo texto constitucional (cumpliendo así con la norma constitucional) y, al mismo tiempo, define que todas las normas del reglamento general se definirán por mayoría simple (78 convencionales), generando condiciones óptimas para una amplia deliberación democrática y, al mismo tiempo, eficaz.

La eficacia con que se está desarrollando el trabajo de la CC (pese al ruido) es sin duda producto del trabajo de todos los convencionales. Decisivas han sido la presidenta y la mesa elegida de manera de asegurar la corresponsabilidad de todos los sectores representados en la Convención. Desde el punto de vista político, la forma en que los candidatos presidenciales se articulan con el proceso de creación de la nueva institucionalidad deja en evidencia capacidades de liderazgos muy diversos. Mientras Sichel aparece como el candidato presidencial del Rechazo y la derecha está fuertemente dividida entre los opositores recalcitrantes a una Nueva Constitución y, otro sector, que se está sumando constructivamente al trabajo constituyente, y el partido de Provoste obtuvo solo dos constituyentes, el Frente Amplio –junto con el Colectivo Socialista y otros grupos– ha sido capaz de estructurar una mayoría que asegura conducción al proceso constituyente. Se está generando así una coalición de múltiples liderazgos que permiten avizorar que un eventual triunfo presidencial de Gabriel Boric garantiza una conducción tanto del proceso constituyente como del Gobierno coherente, base de un liderazgo potente y adecuado al nuevo período.

Esto es indispensable, pues el próximo Gobierno deberá encabezar la puesta en marcha de la nueva Constitución, avanzar en resolver los problemas sociales que planteó el 18-O, reactivar la economía en el contexto del legado de la pandemia, abordar una difícil situación fiscal y empezar a resolver los problemas estructurales que venía enfrentando la economía en la última década.

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