Opinión
Algunas de las instituciones involucradas en la revisión de este proyecto para calificarlo o no como proyecto de interés público han dado su aprobación, invisibilizando el grave daño ambiental y el rechazo de instituciones locales y de la sociedad civil de la zona.
Ya son años en que el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue ha ido dilatando su construcción, pese a tener Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desde el año 2016. Es evidente que las múltiples dificultades que ha tenido en el camino tienen una razón de ser, toda vez que se pretende ubicar, en uno de los ríos más intervenidos de la región y del país, el Biobío y cuyos daños ecosistémicos y socio-culturales han dejado un trago amargo en las comunidades y habitantes de esa parte del territorio nacional, especialmente en las comunas de Alto Biobío, Santa Bárbara y Quilaco.
El 2021, por este mismo medio, se publicó un análisis de las paradojas que evidencia el paradigma de civilización ecológica propuesta por el estado chino y las pretensiones extractivitas que se instalan en América Latina y en Chile (ver artículo ¿Hay o no contradicción? Proyecto Central de Paso en Rucalhue, Biobío, fecha).
En dicho artículo, se cuestionaban los impactos ambientales de este proyecto, toda vez que contempla la inundación del sector donde confluyen los ríos Biobío y Quilme, dando paso a un embalse de alrededor de más de seis kilómetros de extensión por el primero y más de un kilómetro por el segundo, afectando así casi 200 hectáreas de una riqueza en biodiversidad incalculable. Recordemos que cualquiera sea su tamaño y potencia, las centrales hidroeléctricas tienen una alteración significativa de la flora y la fauna del lugar.
De la misma manera, en el mismo artículo, se abrieron preguntas sobre el actuar ético de un estado que propicia la idea de “civilización ecológica”. Al respecto, la empresa china ha manifestado un actuar distante de una comunidad que ha manifestado argumentos consistentes que cuestionan esta nueva intervención en el territorio. En este sentido, la empresa, al igual que muchas otras a nivel nacional e internacional, superpone sus intereses financieros por sobre las necesidades de las personas y comunidades, generando graves atropellos a los derechos sociales fundamentales.
Múltiples son los cuestionamientos ya observados en experiencias similares: promesas laborales incumplidas para los habitantes de la zona; ofertas de mejoras de infraestructura y equipamiento comunitario que solo buscar persuadir a la población y a los municipios, creación de proyectos de «restauración» del daño ambiental, utilizando denominaciones como «parques» o «lagos» a espacios artificiales que intentan mitigar. Finalmente, el intento de llevar adelante un proyecto con calificación ambiental desactualizada, que invisibiliza los verdaderos y profundos daños al medio natural y que no tiene canales de diálogo con la sociedad civil.
Organizaciones ambientalistas de la zona desplegaron una exitosa campaña comunicacional para levantar el rechazo al proyecto y reunieron más de 8.000 firmas a nivel nacional que se pronunciaron en contra de esta nueva central. El resultado en la Consulta fue contundente, más del 90% de la población votante rechazó la iniciativa. A ello se suma la participación inédita y simbólica de niños y jóvenes, futuras generaciones que serán los responsables de cuidar el medio ambiente y quienes en un 100% rechazan la construcción de la central. El importante resultado expresado por la ciudadanía da paso al levantamiento de denuncias y recursos de protección de instituciones públicas locales y organizaciones ambientales involucradas.
Con todo, creemos que no sólo es la empresa sino las instituciones gubernamentales, pues uno de los caminos fundamentales para resolver el tema, quizás definitivamente, debe ser la revisión de la RCA. La revisión de esta resolución permitirá reevaluar técnicamente la disminución del caudal que ha afectado al río Biobío y mirar con detención, entre otros aspectos, las modificaciones geomorfológicas que han sufrido llanuras aluviales contiguas como resultado del cambio climático. Se destaca que en el año 2019 hubo más de 20 episodios documentados de incumplimiento del caudal biológico mínimo, como también otros hechos que atentan a la protección de los territorios de comunidades indígenas relocalizadas y forzadas a trasladarse, producto de la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco y Angostura en la ahora comuna de Alto Biobío.
Actualmente el proyecto se encuentra a la espera del pronunciamiento de algunas instituciones acerca del carácter de interés nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, sin que a la fecha la sociedad civil conozca al menos, las medidas de mitigación que propone la empresa.
[cita tipo=»destaque»]La firma de este acuerdo da cuenta además de la relevancia y el sentido de urgencia con el que debe mirarse la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellos y aquellas que defienden el medio ambiente.[/cita]
Particularmente, y en relación con lo señalado, la Corporación Nacional Forestal CONAF, se encuentra en proceso de certificar el cumplimiento de condiciones plasmadas en el Manual para la Tramitación de Resoluciones. Entre otros temas, se enfatiza el artículo 19 donde se establecen excepciones que permiten intervenir o alterar hábitat de especies protegidas, cumpliendo requisitos como la no amenaza a la continuidad de la especie a nivel de la cuenca y toda vez que la obra o actividad que se propone sea de carácter imprescindible, tenga como fin la investigación científica, fines sanitarios o ejecución de obras, siempre que sean de interés nacional. Estos requisitos son, sin duda alguna, los que ponen en tela de juicio al proyecto de la Central de Rucalhue.
El artículo 2ª de la misma Ley establece que las prohibiciones y demás regulaciones, podrán aplicarse a aquellas especies vegetales vivas nativas que se definan como en «peligro de extinción», «vulnerables», «raras» o «insuficientemente conocidas» señaladas en el documento denominado «Libro Rojo» de esta institución.
En parte importante del territorio que este Proyecto de Central pretende intervenir, se encuentran cientos de plantas catalogadas como «vulnerables» de las especies Citronella mucronata y Eucryphia glutinosa, el guindo santo y el naranjillo específicamente. Este proyecto de propiedad china tiene, por tanto, un impacto sustancial y daña gravemente el hábitat de ambas especies.
En este mismo sentido y respecto de otras especies de hábitat involucrados, ni siquiera se ha realizado la consulta a los organismos técnicos pertinentes. Tal es el caso de SERNAPESCA, quienes debiesen tener una voz fundamental en la protección de la especie endémica, el pez percilia irwini, que ha sido investigado por expertos de la región.
Algunas de las instituciones involucradas en la revisión de este proyecto para calificarlo o no como proyecto de interés público han dado su aprobación, invisibilizando el grave daño ambiental y el rechazo de instituciones locales y de la sociedad civil de la zona.
Las posibilidades de colocar un impedimento legal a la continuidad del proyecto de la empresa china, se podría incrementar a partir de la forma del Acuerdo de Escazú, cuya firma permite que nuestro país se incorpore al compromiso regional sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en dichas materias. La firma de este acuerdo da cuenta además de la relevancia y el sentido de urgencia con el que debe mirarse la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellos y aquellas que defienden el medio ambiente.
Con todo, el Acuerdo reconoce que el llamado crecimiento no puede ser a expensas del deterioro, despojo y extracción irracional de la naturaleza y no puede gestionarse el medio ambiente invisibilizando e ignorando las demandas de comunidades y pueblos.
Veremos cómo se avanza en este complejo escenario.
