Opinión
Una medida necesaria, en medio de un mundo que de manera preocupante se inunda de gobernantes que representan un ideario ultraconservador, el cual, como hemos visto a lo largo de este escrito, cuando llegan al poder, tiene como primer flanco de retrocesos a la población LGBTIQA+.
La agenda valórica del conservadurismo, encarnado en diferentes expresiones nacionalistas de ultraderecha, no da tregua a nivel mundial. Retrocesos en materia de derechos humanos han sido la tónica en varios países.
Hace un par de semanas, en Padua, Italia, 33 familias compuestas por dos madres fueron notificadas por Fiscalía de la orden de modificación de las partidas de nacimiento de sus hijas e hijos, para que se elimine a la madre no biológica como segundo progenitor. Esto responde a una anunciada ley por parte de Meloni, negando a las parejas del mismo sexo la inscripción de hijas e hijos.
En Rusia, el Parlamento acaba de aprobar una ley que prohíbe el cambio de sexo, que no se pueda optar a cambios en el documento de identidad ni, mucho menos, optar a intervenciones quirúrgicas, medida que se opone a las recomendaciones de la ONU que rigen desde 1997. Esto se suma a una ley anterior de diciembre 2022, la cual veta “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, mediante cobro del multas que van entre los US$ 800 y los US$ 3000.
Terapias de reconversión por US$ 40, como mecanismo “cada día más común”, las que se extienden a otros países –bastante cerca de nosotres– como lo son Ecuador o Colombia, donde mediante golpes, tratos vejatorios y oración, se les promete a quienes acuden “sacarles el demonio interno de la homosexualidad”, sin siquiera considerar que desde la ONU son consideradas un equivalente a la tortura.
En España, el 28 de mayo de este año, se llevaron a cabo las elecciones municipales y autonómicas, donde cambió la configuración política respecto de la elección del año 2019. El Partido Popular (PP) fue el más votado, pero para consolidarse en distintos municipios y gobiernos autonómicos, pactó con el partido de ultraderecha VOX. Dicho pacto ya ha tenido consecuencias respecto a instalar la agenda ultraconservadora en desmedro de los derechos de la comunidad LGTBIQA+. Por ejemplo, en el municipio de Valdemorillo, de Madrid, la nueva concejala de Cultura y Turismo de Vox censuró la obra “Orlando” de Virginia Wolf, en las primeras horas de su gestión. El motivo sería un veto ideológico, ya que, en la obra, el protagonista pasa de ser un hombre a una mujer. En el municipio Santa Cruz de Bezana, por su parte, la alcaldesa del PP, que gobierna en coalición con VOX, quitó de la cartelera del cine de verano la película “Lightyear”, debido al beso de dos personajes femeninos.
Pero ¿qué tiene que ver lo que sucede en otros lugares del mundo con nuestro país? Como es de público conocimiento, vivimos en un mundo altamente globalizado, como nunca antes en la historia de la humanidad, implicando mayor conexión, pero al mismo tiempo un mayor nivel de marginalización de determinados grupos sociales, al no compartir los códigos hegemónicos circundantes, y Chile no está ajeno a los fenómenos que ocurren en el escenario político mundial.
Hace pocos días se publicó un informe de la consultora española LLLYC, llamado “Discurso de odio y orgullo LGTBIQ+ en la conversación digital”, el cual muestra resultados preocupantes. Un primer dato que entrega el informe mencionado es que las menciones en Twitter sobre población LGBTI+ crecieron un 13,3% entre 2019 a 2022 en nuestro país. Frente al tema, se dividen las menciones en dos grupos, con una “comunidad promotora” de los derechos LGBTIQA+ y una “comunidad detractora”. Del total de menciones, un 50,76% proviene de la comunidad detractora (dominada por grupos ultraconservadores), mientras que solo el 12,2% proviene de “comunidades promotoras”, implicando así la configuración de discursos de odio frente al colectivo de las disidencias sexogenéricas.
Debemos entender que la discriminación es una forma de violencia y esta es un continuo. La mejor forma de comprenderlo es a través de un pequeño texto que escribió la escritora española María Martín Barranco: “Un asesinato se sustenta en golpes, un golpe en insultos, un insulto en la creencia de que hay un ser superior y otro inferior, esa creencia en una forma de relacionarse, de reírse de las bromas, de hablar y de pensar”.
En este escenario de alza de los discursos de odio, el mencionado informe aconseja que “es necesario pensar en medidas que puedan proteger al colectivo de los ataques a los que se ve sometido en las redes sociales”. Siguiendo esa línea, el Gobierno de nuestro país presentó un proyecto de ley que reforma y fortalece la Ley Antidiscriminación, N° 20.609, mediante la presentación de indicaciones en las próximas semanas.
Dichas indicaciones otorgarán mandatos que permitirán a la Subsecretaría de Derechos Humanos desempeñar tareas relacionadas con la dimensión preventiva, información a las personas afectadas, coordinación intersectorial y seguimiento de la ley. Las funciones propuestas incluyen la promoción de planes, políticas y programas para prevenir y eliminar la discriminación, brindar apoyo al Estado en el diseño e implementación de medidas contra la discriminación, fomentar la coordinación entre el sector público y privado para promover la igualdad en la economía, proporcionar capacitación en igualdad y no discriminación a los funcionarios públicos, y ofrecer información y apoyo a las víctimas de discriminación. Además, se propone la creación del “Consejo de Igualdad y no Discriminación” como un espacio de diálogo entre representantes del Estado y la sociedad civil, con el objetivo de recomendar acciones, establecer criterios para políticas públicas, hacer seguimiento de la implementación de normativas y otras funciones relacionadas con la igualdad y no discriminación.
Una medida necesaria, en medio de un mundo que de manera preocupante se inunda de gobernantes que representan un ideario ultraconservador, el cual, como hemos visto a lo largo de este escrito, cuando llegan al poder, tiene como primer flanco de retrocesos a la población LGBTIQA+. Bien por la medida, y que se siga avanzando y profundizando en más derechos en nuestro país. Para aquello, resulta relevante que las distintas organizaciones sociales que apuntan a mejorar la vida de personas disidentes sexogenéricamente y de la sociedad en general, establezcan una disposición dialogante, de alerta y de lucha, con el objetivo de impulsar y generar los apoyos necesarios para que el proyecto se materialice, avanzando hacia sociedades más justas, plurales e igualitarias en términos de derechos sociales.
