Opinión
En materia de vivienda, podemos darnos cuenta de que los resultados son confusos para medir un crecimiento o disminución de la condición habitacional como factor de pobreza en los últimos años.
Los resultados arrojados recientemente por la Encuesta Casen 2022 nos demuestran una vez más que la pobreza, entendida en su carácter multidimensional, sigue evidenciando un quiebre social, el cual se refleja en la escasez de redes, falta de cohesión social y la desigualdad de trato.
Desde allí, se valora que el estudio incluya la medición de redes y cohesión social –entendiendo esta última como el grado de integración de las personas con su comunidad y vínculo entre ellas–, pero, a la vez, enciende una alerta, ya que cuando se consideran ambas características, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional aumenta. Asimismo, otra alerta surge al observar que dentro de los hogares carentes de redes y cohesión social aumentan las desigualdades de trato y la participación, agravándose aún más la situación.
En este sentido, estos datos nos deben interpelar para que, tanto las políticas públicas como las iniciativas del sector privado y la sociedad civil, promuevan constantemente el fortalecimiento de los vínculos entre las personas y las instituciones, como un pilar clave para combatir la pobreza, resaltando el valor de la articulación para el incremento del capital social.
A la vez, toma relevancia lo esencial que es apostar por la inversión social en intervenciones públicas y privadas, para que elementos como la cohesión social, la participación y el trato igualitario sean cada vez más robustos y sostenibles y, con ello, los hogares en situación de pobreza multidimensional vayan a la baja.
En materia de vivienda, podemos darnos cuenta de que los resultados son confusos para medir un crecimiento o disminución de la condición habitacional como factor de pobreza en los últimos años. Si bien durante el 2020 se midió por parte de Casen el acceso a servicios básicos como factor de pobreza, no hay un registro de los otros dos factores: habitabilidad y entorno, ambos considerablemente incidentes en la realidad actual del país.
Por otro lado, no deja de ser preocupante que un 15% de los hogares se encuentre en una precariedad habitacional, es decir, que si bien cuentan con una vivienda, esta no es lo suficientemente digna para satisfacer sus necesidades básicas para vivir –hacinamiento, materialidad constructiva, pobreza energética, etc.–. Resultado que incentiva a que, a través de la política pública, no solo abordemos la vivienda desde su ausencia, sino también desde el mejoramiento de las condiciones de lo ya existente.
Además, bajo el entendido de que la vivienda no es en sí misma, sino en sumatoria para la construcción de ciudades, la percepción del entorno arrojado en la encuesta también es una alerta.
Si bien desde el 2015 hasta la fecha –asumiendo el vacío en 2020–, no se observa un crecimiento exponencial en relación con las carencias asociadas al entorno, este no ha dejado de ser un crecimiento (10,1% en 2022), y es en estas carencias donde confluyen los distintos factores que hacen de nuestras ciudades un mejor lugar: la seguridad, el acceso a servicios, la movilidad, el comercio, el equipamiento, entre otros, son elementos que debemos trabajar de forma paralela a la meta cuantitativa tan latente en el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu.
Las interpretaciones son diversas, pero lo que hoy es claro es que se hace imprescindible seguir trabajando en políticas públicas transversales a los gobiernos de turno y sus urgencias, escuchando las alarmas latentes, con una visión país que permita avanzar con una perspectiva a largo plazo, donde la sociedad civil tiene cada día mayores desafíos y un rol fundamental de acercar a las personas e instituciones, articular nuevos recursos y aportar en la construcción de ciudades más igualitarias y cohesionadas.
