Opinión
En la sexta edición de OH! Stgo, queremos invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las formas alternativas en que podemos pensar la ciudad, así como también en cómo la memoria urbana puede inspirarnos a avanzar hacia futuros más justos y equitativos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones de nuestro país.
OH! Stgo, en su sexta edición, se une a los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado que llevó a Chile a diecisiete años de dictadura. Durante este período, el país experimentó una serie de cambios profundos implementados a través de la violencia y represión de Estado. Sabemos hoy, a través de evidencia y testimonios recolectados en documentos como el Informe Rettig y en instancias judiciales, sobre las miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad durante este período y cómo estos hechos siguen afectando hoy, no solo a las personas que sufrieron los vejámenes y a sus familiares, sino que a toda la sociedad chilena. A partir de esta memoria de dolor y resistencia, OH! Stgo también nos invita a reflexionar sobre la violencia espacial e institucional que se implementó durante la dictadura, que extirpó a las personas de la vida en colectividad, la participación democrática en la gestión urbana y del derecho a la ciudad.
Desde los años 20 y con mayor fuerza y de manera sistemática desde la década del 50 bajo el modelo del Estado de bienestar social, Chile se destacó por implementar políticas urbanas y territoriales sumamente innovadoras para resolver temas críticos como el de la vivienda y el deterioro de las ciudades. Las experiencias de la Caja de la Habitación Popular (1936), la Corporación de la Vivienda (1952), El Plan Intercomunal de Santiago (1960), la Operación Sitio (1965), el Ministerio de la Vivienda (1965), la Corporación por el Mejoramiento Urbano (1966), el desarrollo de cooperativas y la consolidación de los barrios populares, acompañadas por la formación de arquitectos con gran compromiso social, impulsaron soluciones urbanas integrales, el trabajo coordinado entre instituciones públicas, el fomenta de la industria de la construcción, la planificación de las ciudades y el desarrollo urbano con una profunda ética social.
Durante este periodo también se destacó la participación de las personas en la gestión de las políticas habitacionales, dando como resultado la provisión de 71.000 soluciones habitacionales entre 1960 y 1970 y el inicio de 76.000 viviendas en 1971. El Estado también gestó importantes planes de desarrollo y de revitalización para Santiago, como la Remodelación San Borja en 1969 y el concurso internacional de recuperación del centro deteriorado de la ciudad en 1972. Estas iniciativas, sumadas al Plan Metropolitano para Santiago que se concretaría en 1975, pusieron a la capital como un precedente de desarrollo urbano dentro de las ciudades latinoamericanas.
Lamentablemente, estos planes fueron coartados tras el golpe militar, de la misma forma que se coartaron los sueños de miles de familias que habían sido beneficiadas con el Plan de Vivienda Nacional y fueron forzosamente desplazadas de sus viviendas.
La nueva forma de organizar el territorio y el espacio urbano bajo el régimen militar se destacó por empujar a los sectores más pobres de nuestra población hacia la periferia de las ciudades, a través de la fuerza y el amedrentamiento, de la militarización del espacio público y la imposición no democrática de un nuevo modelo de desarrollo urbano que siguió las tendencias del mercado, apoyó el fomento por parte del Estado de la creación de un mercado abierto de viviendas, dejando la responsabilidad de producción al sector privado. En este sentido, el caso de Santiago es ejemplar, ya que hace visible la manera en que la violencia espacial continúa a través de la profunda segregación espacial y social que afecta a casi la mitad de la población del país que habita en nuestra capital.
De leyes e instituciones con un gran sentido social y de participación democrática en la gestión pública, la dictadura dio paso a una ideología urbana implícita en los postulados de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979 y la modificación del Plan Intercomunal de Santiago (D.S. No 420/79), cuyo objetivo se centró en los lineamientos de la política global que se aplicaba entonces en Chile en base a la Economía Social de Mercado. De esta forma, el Plan Intercomunal de Santiago incentivó una planificación territorial flexible, traspasando la responsabilidad del desarrollo urbano al sector privado, apoyado por normas técnicas y procedimientos de tipo genérico que beneficiarían a las grandes empresas de la construcción y la propiedad privada a costa del bien común y la equidad social.
A través de este nuevo plan, se incorporaron también otras medidas, como la expansión urbana, con la justificación de disminuir el costo del suelo y abordar el déficit habitacional causado por la migración a la capital desde el sur y el norte del país en las décadas previas. Esta medida, significó la incorporación de cerca de 60.000 nuevas hectáreas al radio urbano de Santiago (que consistía en aprox. 40.000 hectáreas), sobre terrenos de gran calidad agrícola y la aprobación de edificación sobre zonas de alto riesgo por inundaciones. Asimismo, se desplazaron forzosamente a estas zonas alejadas y con nula infraestructura, a los sectores populares, que hasta 1973 habitaban en tomas en zonas centrales de la ciudad esperando la solución habitacional en la que se había avanzado durante los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende. Por último, la nueva política y su plan, también redujeron la responsabilidad del Estado en el mantenimiento y protección del bien común, a través de la limitación de la inversión pública en proyectos de renovación urbana y construcción de infraestructura básica.
Numerosos estudios han demostrado que los resultados de la aplicación de esta nueva Política de Desarrollo Urbano y su respectivo plan, no derivaron en una disminución de los precios del suelo, ni en una solución del déficit habitacional al incorporarse al mercado una gran extensión de terrenos al área urbana. Muy por el contrario, se produjo una fuerte alza en el mercado inmobiliario, una disminución importante en la calidad de la construcción de la vivienda, y un aumento en la especulación del precio del suelo. También derivó en la poca atención prestada por parte del Estado a la recuperación del casco antiguo de la capital, agravando profundamente su deterioro.
Esta política en definitiva significó depositar una total confianza en la libre operación del mercado del suelo, como el más eficiente mecanismo de asignación de recursos. El Estado solo intervenía en forma subsidiaria, a través del gasto social provisto por privados, para compensar el costo social que se deriva del sistema de mercado.
Las consecuencias negativas derivadas de la aplicación de estos planteamientos, condujeron a que en 1985 se formulará una importante rectificación de estas propuestas a través de la Política Ajustada que reemplazó la anterior Política de Desarrollo Urbano. Sin embargo, no se formuló ninguna normativa para su aplicación durante la dictadura.
A la vuelta a la democracia y desde la década del 2000 principalmente, diferentes gobiernos han intentado subsanar parte de los efectos causados por esta nueva forma de pensar el espacio urbano. Sin embargo, el modelo y su ideología central no fueron reemplazados y, por lo tanto, hoy se continúa acentuando la segregación e inequidad social en nuestra capital.
Es por esto que muchos de los recorridos y aperturas que OH! Stgo ofrece este año se centran en proyectos de vivienda exitosos que se realizaron desde los años 20 hasta la década de los 70. Por ejemplo, la Población Arquitecto Eneas Gonel Morán en Conchalí, que comenzó a construirse en 1963 a través de la Corporación de la Vivienda, para dar solución habitacional a varias familias que se asentaron en estos sectores al norte de Santiago. La Ruta intercomunal MADECO en San Miguel y San Joaquín, nos enseñará cómo la alianza virtuosa entre un sindicato, la empresa y el Estado, a través de la Caja de la Habitación Obrera, dependiente del Ministerio del Trabajo, lograron en 1947 la edificación de la población obrera MADECO, promoviendo un fuerte sentido de comunidad. Otro ejemplo, es el Museo Memorial Villa San Luis de Las Condes, que fue un proyecto de integración social de la Corporación de Mejoramiento Urbano dirigida por el arquitecto Miguel Lawner. En 15 meses, empezando en 1971, se construyeron 27 bloques para 1.038 familias que habitaban los márgenes del río Mapocho. Estas familias fueron violentamente desalojadas de sus viviendas tras el golpe militar.
En la sexta edición de OH! Stgo, queremos invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre las formas alternativas en que podemos pensar la ciudad, así como también en cómo la memoria urbana puede inspirarnos a avanzar hacia futuros más justos y equitativos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones de nuestro país.
