MERCADOS|OPINIÓN
Al momento de medir el ingreso per cápita en todos los países del mundo, solo entran a la estadística los empleos formales, y no los trabajos precarios o informales, que si fueran sumados evidentemente harían descender las cifras a números no tan optimistas. Un ejemplo de ello es el estado de California en los Estados Unidos, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, pero también con tazas de informalidad laboral bastante elevadas; mexicanos y latinos en general emigran a ese estado, por cuanto se trata de un próspero centro productivo conocido por sus muchas oportunidades de empleo. Similar situación ocurre en las principales potencias europeas, respecto de inmigrantes africanos y asiáticos.
El fenómeno que ocurre a raíz de lo descrito tiene dos consecuencias que preocupan, por una parte empresas y comerciantes se desarrollan a costa de los trabajadores, y por otra, el Estado deja de percibir recursos vía impuestos por el trabajo, que pudieran utilizarse en ayuda social o promoción de la clase media. La distorsión social y en el mercado del trabajo es por tanto evidente, detonándose graves problemas de justicia retributiva y distributiva.
Lo anterior es reflejo de que, contrario a lo que podría pensarse, la informalidad laboral no es sinónimo de país subdesarrollado, sino que debe asociarse más bien a una carencia del Estado en la regulación del trabajo y las condiciones del empleo.
Chile no escapa a este problema mundial, y además lo ha visto crecer en el último tiempo, por su calidad de referente económico en la región. Todos hemos sido testigos del aumento considerable de inmigrantes que han llegado a nuestro país, principalmente de Sudamérica y América del Norte (Haití). En general, puede apreciarse que las grandes empresas han dado igualdad de trato (respecto de los chilenos) a estos extranjeros que se han interesado en participar en el mercado del trabajo nacional, teniéndolos en la formalidad desde un principio.
El problema se presenta más bien en la pequeña y mediana empresa, que ven atractivas las contrataciones de trabajadores a un menor costo (siendo rentable todavía asumir los riesgos), lo que a corto y mediano plazo también es conveniente para el trabajador extranjero. Trabajadores chilenos también entran en esta dinámica, pero en menor medida, con algunos puntos álgidos como son las empleadas de casa particular y el pequeño comercio.
Para un comentario adecuado de la informalidad laboral y sus remedios, debemos considerar a grandes rasgos tres tipos de trabajadores, que han estado últimamente en el ojo del huracán: a) trabajadores por cuenta propia; b) trabajadores que se encuentran en una zona gris entre la independencia y la subordinación y dependencia; y c), los trabajadores dependientes que son mantenidos en la informalidad por sus empleadores.
El primer grupo de trabajadores es quizá el más complejo desde el punto de vista del tratamiento de las políticas públicas y su inserción a la formalidad, ya que muchas veces se trata de trabajos de subsistencia. La Municipalidad de Santiago, en el pasado, hizo un buen trabajo en este punto (orden en la ubicación de comerciantes en la ciudad y pago de patentes razonables), cuestión que a raíz de la crisis social y la pandemia por COVID-19 tuvo un importante retroceso. La coordinación entre gobierno central y municipios resulta fundamental en estas situaciones, para la contribución de estos pequeños comerciantes en el desarrollo económico y bienestar de la ciudad.
El segundo grupo de trabajadores no presentan, en general, un problema desde el punto de vista de la recaudación fiscal, ya que mediante la extensión de boletas de honorarios, u otros documentos tributarios equivalentes, terminan pagando impuestos similares a los de un trabajador dependiente (segunda categoría de impuesto a la renta). Sin embargo, sí se pueden ver perjudicados desde el punto de vista de sus cotizaciones previsionales y de salud, cuestión candente hoy por el reciente fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que declaró como trabajador dependiente a un rider de la empresa Pedidos Ya, condenando a pagar remuneraciones, cotizaciones previsionales, feriado e incrementos por despido.
La solución en este punto, al margen de la calificación de laboralidad que pueda hacerse del trabajo en cuestión (que dependerá mucho del caso), y para no encarecer excesivamente la contratación laboral, menos en tiempos en que los empleos son difíciles de conseguir, es crear estatutos jurídicos especiales a este tipo de servicios, de manera que estos trabajadores o prestadores de servicios estén cubiertos en ciertos aspectos mínimos relevantes (accidentes del trabajo y seguro de invalidez y sobrevivencia, por ejemplo), pero sin que importe esa regulación un costo excesivo al empleo, su mantención y terminación, que haga desaparecer finalmente estas formas de trabajo que son el sustento hoy para miles de chilenos.
Actualmente existe un proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales (Boletín 13.496-13). Ciertamente la técnica legislativa será importante, pero urge una regulación en el punto, que pueda ser equilibrada, resguardando los intereses básicos de empleador y trabajador, y que otorgue certeza jurídica a los diversos actores.
El último grupo de trabajadores es aquel que decide asumir el riesgo de no tener seguridad social, simplemente, a cambio de un trabajo. El empleador tampoco tiene muchos incentivos en cumplir la ley tributaria ni laboral, por el costo que tiene sobre todo esta última, a la que hay que sumar los montos no menores a pagar en caso de despido por necesidades de la empresa o desahucio.
AlgunaS de las políticas públicas recomendables para aumentar la formalidad son la adecuación tributaria para facilitar el cumplimiento en el pago de impuestos, los incentivos a la formalización (que en nuestro país se traducen en evitar multas de la Dirección del Trabajo), vía deducción de impuestos a las micro y pequeñas empresas; campañas de sensibilización a la formalización; y aumentar la fiscalización. Otra cuestión esencial es no seguir incrementando el costo de la contratación, por ejemplo, ahora que nuestro país discute el aumento de la cotización para jubilación (lo que tarde o temprano ocurrirá), no parece adecuado que en el caso de las micro y pequeñas empresas sea el empleador quien asuma ese costo. Probablemente la consecuencia de ello será el aumento de la informalidad laboral.
En resumen, la formalización de la actividad laboral no se logrará con la amenaza de asumir las consecuencias de leyes sancionatorias, que hasta el momento parece convenir en muchos casos, sino con incentivos y medidas propositivas de la autoridad.
