Opinión
Mientras la izquierda más radical dice que la policía mata y que la institucionalidad es opresora contra los marginados, azuzando a los protestantes, la derecha extrema se ha cuadrado con las fuerzas del orden llamando a luchar con más decisión contra la delincuencia y en particular en los suburbios, al mismo tiempo que empuja a un control del orden público más agresivo. Como trasfondo, esta ultraderecha agita el rechazo a los inmigrantes como la fuente de todos los males del país.
El martes pasado, un control vehicular en un suburbio de Paris, Nanterre, terminó con un adolescente muerto a manos de la policía. Aparentemente, el joven de 17 años intentó eludir la acción policial y, según los agentes involucrados, le dispararon en legítima defensa ante el intento de atropello. Como vivimos en tiempos en que es prácticamente imposible abstraerse del registro con celulares o cámaras de circuito cerrado, rápidamente emergieron imágenes que contradicen la versión policial. El joven habría sido muerto en un aparente uso desproporcionado de la fuerza.
Esto se volcó a las redes sociales e inmediatamente se tradujo en una explosión de violencia en distintos puntos del país que ya lleva varios días, con graves daños a la propiedad pública y privada, incluyendo incendios y saqueos, así como centenares de detenidos y decenas de policías heridos. Esto gatilló las declaraciones e intervención del propio presidente Macron y de la primera ministra Elisabeth Borne y ha rondado la posibilidad de declarar el estado de emergencia.
La pregunta es por qué un incidente de esta naturaleza termina en una ola de violencia nacional, que al momento de escribir esta columna subsiste y no parece amainar. La respuesta no es simple y deben considerarse varios elementos.
Entre los principales factores a analizar están los sujetos involucrados, la localidad y el entorno, así como el contexto político.
Respecto de los sujetos, la víctima, Nahel, es un joven francés de ascendencia magrebí, hijo único que vivía con su madre y que nunca conoció a su padre. Estaba en un liceo técnico, pero en los últimos dos años apenas fue a clase y más bien hacía trabajos para ayudar a su madre, una repartidora. Había tenido algunos problemas judiciales como manejar sin licencia, lo que lo tenía con medidas de la justicia para menores y explicaría su intento de eludir la acción policial. Su pasión era el rugby, haciendo parte de un equipo comunal orientado a promover la integración social de adolescentes vulnerables.
Este perfil es desgraciadamente muy extendido: jóvenes mayoritariamente de ascendencia extranjera (hijos o nietos de inmigrantes no europeos) en hogares monoparentales, de situación económica precaria, con problemas legales o roces frecuentes con la institucionalidad y con baja escolaridad, y por ende pocas perspectivas de desarrollo personal y escalamiento social.
En lo que se refiere a la localidad, el hecho ocurrió en un suburbio y, en Francia, buena parte de la población inmigrante y su descendencia vive en estas áreas. Desde los años sesenta se configuró, al comienzo expresamente, una política de segregación urbana, construyéndose vastos complejos de edificios (en Chile los denominarían guetos verticales) para acomodar a los extranjeros. Originalmente estas zonas, además de no tener estética, carecían de infraestructura de apoyo y áreas verdes, siendo su función exclusiva albergar a la mayor cantidad de gente posible. Este diseño, que después de trató de cambiar y mejorar, propendió a la formación de guetos, lo que ha dificultado la integración de muchos de estos grupos. En la práctica, muchas comunidades viven completamente desconectadas del resto de la ciudad y del país, según sus propios códigos. El estado francés solo se hace presente a través de la escuela, la salud y la policía.
El aislamiento tanto propio como inducido o forzado por el resto de la sociedad, ha sido aprovechado por organizaciones criminales y en particular por el narco. En muchos de estos barrios quien condiciona la vida de sus moradores son estos grupos, los que también ofrecen la posibilidad a los jóvenes de sentirse parte de algo, al mismo tiempo que son una fuente de ingresos y estatus que jamás podrían alcanzar de otra forma.
Se da entonces una convergencia de etnicidad, pobreza y criminalidad, con una tendencia a la formación de guetos en las principales ciudades francesas, además del auge de ciudades dormitorio con estas mismas características en el radio de las mayores urbes.
Las autoridades francesas tienen esto claro desde hace varias décadas y se han impulsado diversas iniciativas y políticas para cambiar esta realidad, pero con magros resultados. Al final, el único instrumento constante que se mantiene para la promoción de los habitantes de esas zonas y su integración es la escuela, pero en muchos casos estas no tienen los recursos suficientes además de experimentar altas deserciones. A esta carencia se suma la percepción, que explica el estallido de violencia, que la policía más que resguardar a los ciudadanos, los oprime y discrimina. En esa óptica y para algunos sectores, estos guetos existen principalmente porque el estado francés quiere mantener segregados a estos grupos y usa a la policía como elemento de represión y vigilancia.
Para otros, en cambio, la policía es la única garantía del Estado de Derecho en estas zonas, fuentes del delito, y se ve cada vez más expuesta a la hostilidad en estos enclaves donde se pretende ignorar la legislación de la república.
Lo anterior nos lleva al último factor: la política. Esta se cruza con la temática y sin duda que ha potenciado los efectos del incidente en líneas claramente predecibles. Mientras la izquierda más radical dice que la policía mata y que la institucionalidad es opresora contra los marginados, azuzando a los protestantes, la derecha extrema se ha cuadrado con las fuerzas del orden llamando a luchar con más decisión contra la delincuencia y en particular en los suburbios, al mismo tiempo que empuja a un control del orden público más agresivo. Como trasfondo, esta ultraderecha agita el rechazo a los inmigrantes como la fuente de todos los males del país.
No tengo dudas de que dentro de la ola de destrucción y saqueos que ha sacudido al país en estos días conviven varias razones. Está la rabia por la muerte de un joven que muchos extrapolan a su propia situación de falta de expectativas y marginalidad. También hay grupos ideológicos que ven la oportunidad de empujar su “revolución” amparados en la ira del momento. Finalmente, están los criminales que han aprovechado de golpear a la institucionalidad para ganar terreno. Eso explica los numerosos ataques e incendios a municipios, escuelas y comisarías. Delincuentes y revolucionarios han atizado a los jóvenes y está claro que son el mayor peligro.
El gobierno, que en una primera etapa intentó pacificar a los manifestantes, ante la persistencia y dimensión de la destrucción, ha endurecido su discurso, destinando a 40.000 agentes para resguardar el orden en las ciudades afectadas. El policía que mató a Nahel está detenido y hay una investigación en curso. En todo caso el ministro del interior dijo que no concurrían las condiciones de la legítima defensa para el uso de su arma.
Se debe reseñar que en 2005 hubo una situación similar. En ese entonces dos jóvenes, también descendientes de inmigrantes y de la periferia murieron en un accidente escapando de la policía. Esto derivó en una oleada de destrucción y saqueos que duró tres semanas. Por eso ahora el gobierno ha destinado el doble de los efectivos que en esa oportunidad para impedir que esto se extienda por un plazo largo.
El cese de la violencia y el restablecimiento de la paz social dependerá principalmente de las señales que dé el Estado. incluyendo el proceso judicial, aunque es importante el control efectivo del orden público para evitar que esto siga escalando.
Las últimas mediciones dan cuenta del enojo y frustración de los ciudadanos y particularmente de los más vulnerables por la destrucción de sus barrios. Si estos ya eran malos, quedan peor. Esto se ha reflejado también en un importante apoyo a la policía.
Está claro que lo que ha acontecido en estos días marcará la agenda política de los próximos meses y años, y cada sector buscará capitalizar la situación en su propio beneficio, contribuyendo a mantener e incluso acentuar la polarización existente.
Toda esta situación tiene ribetes que, más allá de las características locales, son de interés global y me referiré brevemente a ellos.
En primer lugar, está la alianza de grupos ideológicos y criminales para debilitar al Estado. Eso lo vimos en América Latina (incluyendo destacadamente a Chile) y se repite en Francia. La polarización y la desvalorización de la democracia han acentuado este fenómeno, especialmente en los más jóvenes, que validan crecientemente la violencia para sus objetivos.
Las redes sociales facilitan esa acción, sumando en un efecto de manada a todos los frustrados con el sistema. Lo que no se debe perder de vista es que, si bien la mayoría de los vándalos y saqueadores pueden no tener agenda, son manipulados por grupos que si la tienen y se diluyen en lo que parecen acciones espontáneas e inorgánicas.
Francia y Europa también están experimentando un fuerte embate del crimen organizado, el que aprovecha estas fracturas sociales para ampliar su poder. Por eso, las medidas que buscan mejorar la suerte de estos ciudadanos no pueden ignorar que este fenómeno es su enemigo más peligroso.
Estos acontecimientos realzan aún más la inseguridad ambiente y en contrapartida azuzan la búsqueda de la seguridad. Esto reforzará sin duda el discurso de los partidos del orden, así como sus posibilidades, en Francia y en los otros países.
En suma, junto con expresar un malestar social, lo que ha estado ocurriendo en Francia excede con creces un fenómeno de orden público. Trasluce más bien la pugna de fuerzas que amenazan en última instancia la gobernanza democrática. Entendiendo eso, y me parece que Macron así lo percibe, se podrá enfrentar el problema adecuadamente.
