Opinión
Agencia Uno
Con una institucionalidad agrícola muy pobre, que no tiene un componente internacional y comercial fuerte y respetado por sus pares, no es posible formular estrategias y políticas sustentables en el largo plazo en este ámbito. Y sin estas propuestas, es imposible hacerse oír y recibir los apoyos pertinentes, en especial, en la Cancillería y Subrei.
Y el tema de la soberanía y seguridad alimentaria se ha vuelto recurrente. En esta ocasión, su detonante ha sido el término del “acuerdo” –por parte de Rusia– que permitía las exportaciones de cereales desde Ucrania, vía el Mar Negro, y la restricción a las exportaciones de arroz desde India. Por cierto, temas no menores, dado que Chile es importador de ambos productos. ¿Pero es eso realmente un problema? Dificulta, pero creo que no lo es.
En columnas anteriores, entre otros aspectos, me he referido a las “raíces internacionales” del concepto de soberanía alimentaria y a sus objetivos (El Mostrador, 10 de junio, 2022), a los cambios en los patrones de producción de alimentos en Chile, aumento de las importaciones y la ausencia de políticas de Estado al respecto (El Mostrador, 21 de julio, 2022), a las prioridades de la actual administración y a la necesidad de tratar los temas internacionales en la “gestión” de la seguridad alimentaria (El Mostrador, 8 de septiembre, 2022) y, más recientemente, a la publicación por parte de Minagri y Odepa de la “Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria”, a partir –entre otros trabajos y actividades– del estudio titulado “Definición de un marco conceptual, análisis crítico de la situación nacional, gobernanza y líneas de acción en seguridad y soberanía alimentaria”, que fuera asignado mediante una licitación a la Corporación Actuemos y que –entiendo– fue realizando en colaboración con el Centro Ceres (El Mostrador, 9 de julio, 2023).
A partir del análisis presentado en las notas previas, parece posible concluir que estamos “quedando cortos” en varios aspectos. Por cierto, gran parte de ello fue heredado de administraciones anteriores. En el marco de la apertura económica y comercial –casi total y por “la nuestra”– implementada en las últimas décadas, es virtualmente imposible para el Ministerio de Agricultura y Odepa poner en marcha e implementar con éxito una estrategia y política de “soberanía para la seguridad alimentaria” que sea sustentable en el tiempo. Y eso es, en efecto, lo que ha estado ocurriendo. El mercado, en ausencia de políticas de Estado en este ámbito, ha “gerenciado” en medida importante los recursos que han estado disponibles para la alimentación de todos los chilenos, en resumen, qué y cómo hemos producido y comercializado alimentos en Chile.
Además, no ha existido un interés real de “meterle el diente” a este tema, debido a una combinación de factores económicos y políticos, pero –ahora– las demandas sociales y las prioridades políticas han cambiado. No obstante, no hemos visto hasta ahora un intento serio de proponer e implementar una política de seguridad alimentaria en Chile. De hecho, el último intento queda muy corto, al dejar fuera de la estrategia nacional las relaciones económicas internacionales, en especial, los temas de comercio. Incomprensiblemente para mí, en una reciente entrevista, la subsecretaria de Agricultura reitera diversos argumentos nutricionales, de género, medioambientales e inocuidad, entre varios otros aspectos de la estrategia nacional, sin siquiera mencionar una sola vez el comercio internacional (Chile Carne, 26 de julio). Para concluir esta breve síntesis, debo reiterar que, con una institucionalidad agrícola muy pobre, que no tiene un componente internacional y comercial fuerte y respetado por sus pares, no es posible formular estrategias y políticas sustentables en el largo plazo en este ámbito. Y sin estas propuestas, es imposible hacerse oír y recibir los apoyos pertinentes, en especial, en la Cancillería y Subrei. Por décadas, el Ministerio de Agricultura ha sido el pariente pobre ante estas instituciones.
En los párrafos que siguen, intento examinar –al menos en parte– el componente internacional del “desafío alimentario”. El “mercado” nos ha permitido estar entre los líderes en la producción y exportación frutícola, vitivinícola y de salmones, y así lo creemos, cuando hemos insistido en el lema de “Chile Potencia Alimentaria”. La contraparte a esta “fórmula” es que la producción de los principales alimentos básicos hoy es insuficiente para satisfacer las necesidades en Chile. Y, así, el valor de las importaciones de tales alimentos continúa incrementándose. Su examen entrega diversos elementos de interés para una estrategia y política de seguridad alimentaria.
Resumidamente, en los últimos 10 años, el valor de nuestras importaciones de alimentos y productos agrícolas se ha doblado, subiendo de un total de $6.367 millones de dólares a $12. 333 millones, durante el período 2013-2022 (Códigos arancelarios HS01 – HS24, Base de datos ONU – ITC). En su gran mayoría, estas cifras representan importaciones de alimentos. Si a estas cifras les descontamos las importaciones de plantas, licores (801 millones de dólares) y tabaco, su total –durante el año 2022– llega a $11.450 millones de dólares, en alimentos para consumo humano y animal. En su gran mayoría los primeros. Es necesario recordar que prácticamente el 60% de nuestras importaciones de alimentos se origina al interior de la ALADI, y es en el detalle del origen de estas importaciones donde debemos centrar la atención.
Para empezar, los alimentos importados que podríamos calificar como componentes críticos de nuestra dieta diaria –de hecho, aquellos que causaron la mayor preocupación durante la pandemia del COVID e inicio de la invasión rusa en Ucrania–, en su mayoría, provienen de países miembros de la ALADI y, en segundo lugar, de América del Norte: (1) Carnes (1.495 millones de dólares, promedio anual): Brasil (39%), Paraguay (27%), Argentina (14%), EE.UU. (13%) y Uruguay (2%.); (2) Cereales (1.038 millones de dólares): Argentina (52%), EE.UU. (16%), Canadá (14%), Paraguay (13%) y Uruguay (1% ); (3) Aceites, grasas y subproductos (697 millones de dólares): Argentina (50%), Canadá (12%), Perú (8%), EE.UU. (4%) y Brasil (2%); (4) Productos lácteos (292 millones de dólares): EE.UU. (24%), Argentina (22%), Nueva Zelanda (20%), Países Bajos (6%) y México (3%); (5) Frutas (241 millones de dólares): Ecuador (41%), Perú (23%), EE.UU. (17%), Brasil (3%) y Costa Rica (2%); (6) Oleaginosas (158 millones de dólares): Argentina (38%), EE.UU. (11%), China (6%), Perú (3%) y Paraguay (2%) y (7) Legumbres (41 millones de dólares): Canadá (48%), Argentina (32%), EE.UU. (11%), China (5%) y Nueva Zelanda (1%).
Pregunto: ¿es por el origen de las importaciones de alimentos que la Estrategia Nacional no consideró al comercio internacional? Lo dudo, a pesar de que era el momento de “terminar de cerrar el círculo” y acabar con especulaciones periódicas, como la posible alza de precios de los alimentos en Chile que debería producirse por cambios del precio internacional de los cereales, debido al bloqueo ruso en el Mar Negro, y la posible escasez de arroz, por las restricciones a las exportaciones desde India. Era la oportunidad de proponer, gestionar y asegurar nuevas medidas de “facilitación” del comercio regional, en el marco de los TLC ya existentes en América Latina.
Llama la atención el surgimiento y crecimiento de las importaciones de alimentos desde el Asia-Pacífico, en particular desde China, que ya figura en lugares de preeminencia en productos tales como alimentos del mar (1°), hortalizas y vegetales (1°), productos de la molinería (2°), oleaginosas (3°), gluten de trigo (1°), laca, gomas, resinas y demás jugos y extractos (1°), aceites, grasas y subproductos (3°), preparaciones de carnes y alimentos del mar (2°), azúcar y productos (5°), preparación de cereales (5°), preparaciones de frutas, verduras y hortalizas (3°) y preparaciones de otros alimentos (3°). El valor de las importaciones de alimentos y productos agrícolas desde China creció de 223 millones de dólares en 2013-2015, a más de 352 millones de dólares en 2020-2022 (promedio anual). Pero China no es el único país del Asia-Pacífico que se hace fuerte en nuestro sistema de “seguridad alimentaria”.
También exportan o han exportado alimentos, por ejemplo, Australia (carne), India (hortalizas, oleaginosas, laca, gomas, jugos y extractos), Malasia (aceites y grasas, y productos), Nueva Zelanda (lácteos), Tailandia (preparaciones de alimentos del mar, pastas, preparaciones de hortalizas y de frutas, jugos de frutas y de hortaliza) y Vietnam (alimentos del mar y sus preparaciones, inulina y almidón). Personalmente, creo que me sentiría más “seguro” si nos propusieran y tuviéramos “acuerdos” para importar esos alimentos desde Latinoamérica, puesto que están disponibles, en su mayoría. Pero en materias comerciales, en ausencia de políticas de Estado, el mercado manda. ¿Dónde quedan las cadenas de logística de abastecimiento más “seguras”? ¿Acaso ya no importa tampoco la huella de carbono? ¡Qué ironía y qué pena que esto nos esté ocurriendo en esta administración!
La administración actual parece estar aprisionada por la política comercial heredada del pasado y no sabe cómo desprenderse del lastre o –simplemente– no propone hacerlo. Es posible que debamos vivir con esa “mochila” y que el “mercado mantenga las riendas” del comercio alimentario, pues veo muy difícil que podamos modificar la apertura comercial que heredamos, y acá no estoy proponiendo hacerlo.
Pero, de existir el interés real –como lo ha señalado el Presidente–, sí deberíamos trabajar para que los países de América Latina podamos enfrentar unidos los nuevos desafíos de la globalización y las ambiciones geopolíticas de las grandes potencias. Y, la seguridad alimentaria es un desafío que debemos enfrentar con una perspectiva global. Está en manos de esta administración diseñar, proponer y negociar “arreglos” que permitan fortalecer el intercambio comercial de alimentos al interior de la región, mantener cadenas de suministro estables y seguras, y establecer controles y estándares que nos den garantías de calidad y –al mismo tiempo– faciliten el comercio alimentario y la integración económica. Ah, y no olvidemos que la soberanía y la seguridad alimentaria requieren de una institucionalidad que hoy no tenemos.
