Una Constitución plutocrática

La propuesta constitucional que se nos presenta en estos días adolece de la falta prudencia que debería tener un texto que aspira a preservar la estabilidad social. Es evidente que ha caído en la tentación del populismo de derecha, una de las mayores amenazas para los regímenes democráticos, ya que ofrece soluciones fáciles a problemas complejos. Vivimos en una sociedad tecnológica, cultural y económicamente muy cambiante, y la idea de que podemos manejarla mediante una política simplista es una locura. Por eso, lo importante no es que sea una Constitución de derecha, es que es una Constitución irresponsable y populista, que dañará incluso a los que se sienten representados por ella.

Recordemos que el populismo es una actitud que no conoce colores políticos. Es una forma de abordar la complejidad de lo real. Cuando la derecha asume este modo de hacer política, olvida que el capitalismo democrático es un sistema frágil y que para su desarrollo se necesitan contrapesos que impidan que las personas que controlan la riqueza también controlen el poder político, porque mientras la izquierda populista cae en la tentación de fusionar el Estado con la economía, la derecha populista subordina lo estatal al servicio de lo privado.

Un marco constitucional eficaz debería ser una barrera para que no se agraven las tendencias jerárquicas, extractivas y desiguales del ámbito financiero. En una sociedad con fuertes desigualdades de riqueza como la nuestra es fácil prever que se generen reacciones violentas, que desestabilicen la democracia, cuando se percibe una fusión del poder político y económico bajo formas claramente antidemocráticas. No debemos arriesgamos a que se desarrollen formas peligrosas de gobierno, bajo la lógica de una plutocracia directa o de un autoritarismo articulado con formas plutocráticas. El resultado será un sistema político increíblemente frágil, continuamente inestable y bastante desestabilizador.

Chile necesita una Constitución que impida el control del Estado sobre la economía, pero también el control capitalista sobre el Estado. Para lograrlo es necesario que ciertas elites egoístas asuman la necesidad de respetar la democracia y renuncien a la concentración de su poder dentro del Estado. Para eso se requiere mejor regulación, con incentivos, impuestos y subvenciones al sector privado. Pero previendo ante todo que las personas que poseen la riqueza no controlen todas las esferas distributivas del poder en la sociedad.

El Consejo Constitucional no logró equilibrar esta relación entre el Estado y la economía, porque olvidó que el mercado necesita al Estado para proporcionar un marco legal y administrativo eficaz a su actividad, con una base financiera e institucional sólida, donde el sector público pueda proporcionar bienes que escapan a la oferta privada, desarrollando una regulación eficaz y ofreciendo servicios sociales en ámbitos como la educación, la defensa o la seguridad. Al contrario, la propuesta de nueva Constitución propone reducir impuestos y minimizar las regulaciones económicas, mientras promete, retóricamente, expandir los derechos sociales por la vía de proveedores privados. Esa ecuación solo puede generar una enorme frustración social o un grave déficit fiscal.

Es evidente que una Constitución debe asegurar suficiente Estado para sostener a la sociedad, pero no tanto como para estrangular a la economía. Es un equilibrio precario y difícil de alcanzar. Lamentablemente ese delicado balance no ha estado en la consideración de los consejeros constitucionales que aprobaron un texto que establece un sistema estatal que no alcanza a ofrecer lo que necesitamos, y no previene que una minoría muy rica pueda ir tan lejos como para apoderarse por completo de la vida económica. Cayeron en la tentación plutocrática, que asume que la solución al problema político es la concentración de poder dentro del Estado en manos de unas pocas personas acaudaladas y privilegiadas, lo que haría imposible una política democrática eficaz.

Chile no ha logrado asumir la importancia de reconocer la legitimidad de los rivales políticos. Seguimos en juegos de suma cero, donde el que gana se lo lleva todo y en exceso. Se cae fácilmente en el argumento populista que, sin importar su signo ideológico, apela al descontento inmediato de la población, identificando arbitrariamente grupos de responsables de todos los males.

No es una Constitución habilitante, porque se ha construido desde la desconfianza en la voluntad soberana, y por eso ha reducido el ámbito de competencia de la ley. Todo lo que no se identifique con las ideas conservadoras, mercantilistas y plutocráticas no solo ha sido excluido de su redacción, sino que se ha buscado castigar, por la vía de normas que clausuren su viabilidad legislativa por mucho tiempo. Diseñan así un sistema político desde conflictos de intereses tan explícitos que lo hacen intolerable.