La “Ley ignorancia”

Se ha hecho común que durante la tramitación de un proyecto de ley se escoja alguna denominación para hacer tangible y comunicable su contenido. Se suele asumir el nombre de una persona afectada por alguna vulneración que la legislación propuesta pretende corregir. Así, tenemos la Ley Zamudio y la recientemente promulgada Ley Karin, sobre acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. En otras ocasiones, se ha buscado una denominación genérica, acorde a la naturaleza del proyecto. La lista de nombres es larga y se podría debatir sobre la pertinencia de este tipo de estrategias comunicacionales.

Con el afán de colaborar a la divulgación de un nuevo proyecto de ley presentado por los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Miguel Ángel Becker, Hugo Rey y Marcia Raphael, quiero sugerir que se le dé a conocer como “Ley ignorancia”. Se trata de una propuesta que está orientada a modificar el Decreto N° 33, que dio origen a Fondecyt, estableciendo que quienes se hayan desempeñado como Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, seremis, delegados presidenciales regionales o provinciales y, en general, altos cargos públicos, “no podrán concursar, ni ser asignatarios de los recursos del Fondo, en ninguna de sus modalidades” por un plazo que abarca “los 18 meses inmediatamente anteriores al momento de abrirse la postulación”.

El origen de esta propuesta surgió luego de la adjudicación de los proyectos Fondecyt regulares de este año, dando cobertura a 690 investigadores, evaluados por pares, sobre la base de criterios que consideran tanto la calidad del proyecto como su currículo investigativo, acreditado sobre la base de verificadores objetivos e indicadores internacionales de productividad. Rápidamente, algunos malintencionados notaron que entre ese conjunto de adjudicatarios están dos exautoridades del actual Gobierno, de reconocidos méritos curriculares y académicos.

Lo perverso de la “Ley ignorancia” radica en que está motivada por el sectarismo político más evidente y no tiene empacho en poner en tela de juicio una institucionalidad que ha permanecido en el tiempo y se ha perfeccionado, pasando por los más diferentes gobiernos. Fondecyt es el instrumento más antiguo de fomento científico en Chile y ha logrado soportar las tensiones propias de cada época, hasta consolidarse en la actual institucionalidad de ANID, que es transversalmente reconocida. Ello no obsta para que existan fuertes debates en la comunidad científica en torno al mejoramiento de Fondecyt, que discurren en torno a problemas reales, que no conocen ni les interesan a los parlamentarios de RN, y que son diametralmente diferentes al chismorreo en redes sociales.

El debate que como ciudadanía esperamos de nuestro Congreso con relación a Fondecyt debe tener relación con fortalecer una política de desarrollo científico que responda a las necesidades del país, y no se abandone a la deriva de los flujos del mercado académico y la discrecionalidad presupuestaria del Gobierno de turno. Se debe debatir sobre la necesidad de evaluar a los Grupos de Estudio Disciplinar, que hoy tienen la prerrogativa para designar a los pares evaluadores.

Otras problemáticas recurrentes son la necesidad de valorizar los proyectos inter o transdisciplinarios y generar una mayor vinculación entre sistema de financiamiento de becas de posgrado con los concursos de investigación científica. Se debe considerar seriamente la investigación en humanidades y artes con criterios diferenciados de los que rigen para las ciencias sociales. En síntesis, Chile ya requiere un sistema nacional de investigación a otro nivel, donde se institucionalice la carrera de investigador académico a la manera en que lo hace el CSIC en España, el CNRS de Francia o el MPG de Alemania.

Para que exista un sistema sólido que permita el desarrollo de carreras investigativas productivas y reconocidas a nivel mundial, es necesario apoyar con claridad a la institucionalidad de Fondecyt y no sembrar la desconfianza sobre la base de habladurías y sectarismos partidarios que lo único que hacen es destruir lo que con tanta dificultad se ha logrado avanzar.

Nunca he visto en la bancada RN promover alguna iniciativa legislativa que fomente la investigación científica. No observo en el currículo de los parlamentarios que han hecho esta propuesta la menor cercanía laboral o profesional con los problemas de la investigación académica, y sus trayectorias profesionales no evidencian ninguna experiencia en este ámbito. ¿Cuál es el afán pernicioso que los llevó a este acto de intervencionismo partidista, que daña injustamente el desarrollo científico de nuestro país?

La movilidad entre la investigación a alto nivel y los espacios de las decisiones en el Estado es una obvia exigencia en sociedades complejas. Si el doctor Anthony Fauci no hubiera estado en una posición de incidencia política importante durante la pandemia del COVID, las decisiones epidemiológicas claves habrían quedado en manos de gente como Donald Trump y las pandillas de la pseudociencia y antivacunas. Si se aplica una legislación como la que proponen los parlamentarios RN, un científico como Fauci no habría podido transitar entre la investigación y la gestión pública, condenando a la ciencia a la impotencia de sugerir desde el plano técnico, pero vedando su capacidad de participar de la gestión del Estado.

La “ley Ignorancia” busca vetar a nuestros mejores especialistas para transitar entre ambos campos de trabajo profesional. ¿Qué investigador va a estar dispuesto a asumir un cargo público si luego no puede retomar su carrera académica? Por eso es una ley propuesta desde la más profunda ignorancia, que suscita deliberadamente la ignorancia, con la única finalidad de satisfacer el populismo electoral. Está claro que, al impulsar una ley de este tipo, los parlamentarios de RN manifiestan abiertamente su interés por que la incompetencia y el desconocimiento tengan el monopolio de las decisiones públicas.

Sin embargo, este afán de insultar y denigrar los criterios de integridad de nuestra comunidad científica debe mantenernos en alerta, porque viene manifestándose peligrosamente desde hace un tiempo, por ejemplo, a través del hostigamiento a académicas como Elisa Loncon, entre otros, y de la solicitud, el año 2021, por parte de parlamentarios de derecha a las universidades, de información sobre planes de estudio y cursos relacionados con estudios de género, diversidad sexual y feminismo.

Este tipo de acciones nos trasladan inevitablemente a los años más oscuros vividos por las comunidades académicas de todo el mundo, con el macartismo de los años 50 y las expulsiones y violencia en las universidades bajo las dictaduras militares en América Latina en la década del 70 del pasado siglo.