Opinión
La semana pasada, después de doce años de la entrada en vigencia de la Ley 20.609, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó y despachó la reforma a la “Ley Zamudio”.
Cuando Daniel Zamudio era brutalmente golpeado por ser gay, un 2 de marzo de 2012 en el parque San Borja de Santiago, en el Congreso se discutía una ley que buscaba proteger a las personas de toda forma de discriminación. Un grito desgarrador que resonó internacionalmente en diferentes actores, como Rupert Colville, vocero de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e hizo eco de la gravedad de la violencia homofóbica en Chile, emplazando al Estado a “legislar urgentemente contra la discriminación”.
Celebrado por muchas fuerzas políticas, el proyecto encendió una luz de esperanza para las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados que llevaban años clamando por el reconocimiento y la protección de sus derechos.
Finalmente, y siguiendo la triste “tradición” legislativa chilena que se alimenta de tragedias, el proyecto de ley se aprobó después de la muerte de Zamudio, un sombrío recordatorio de la necesidad de actuar antes de que la intolerancia cobre más vidas.
Sin embargo, la realidad detrás de la aparente solidez de la ley revela una trama burocrática que apenas araña la superficie del problema. Aunque se esperaba que la ley mandatara la prevención, la creación de políticas antidiscriminatorias y la sanción a acciones homofóbicas, en la práctica resultó ser un instrumento lento e ineficaz que no repara las violaciones sufridas por las personas discriminadas ni aborda la discriminación desde un enfoque de prevención.
El primer obstáculo se manifiesta en un procedimiento civil que puede durar, a lo menos y con “suerte”, seis meses. Pero la paradoja se revela en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), un ente estatal que debería proporcionar acceso gratuito a la justicia, sin embargo, no representa casos de antidiscriminación, dejando a las víctimas en la encrucijada de tener que pagar a un abogado para buscar justicia.
La ironía se intensifica con el segundo obstáculo: la sanción a beneficio fiscal. Después de un arduo proceso civil y el desembolso económico para representación legal, la reparación no beneficia directamente a la víctima, sino al Estado. Surge así una pregunta fundamental: ¿quién realmente se beneficia de esta justicia aparentemente desvinculada de su propósito inicial?
En las sombras de esta ley, nos encontramos con un Estado que se interpone entre la víctima y su búsqueda de justicia, un dilema que plantea cuestionamientos profundos sobre la verdadera naturaleza de la legislación. La promulgación de leyes no es suficiente; es la implementación efectiva y la garantía de acceso real a la justicia lo que define el éxito de cualquier marco legal. La luz de esperanza, entonces, se disipa en la sombra de una burocracia que necesita ser confrontada y reformada para que la ley antidiscriminación sea verdaderamente un escudo contra la intolerancia.
La semana pasada, después de doce años de la entrada en vigencia de la Ley 20.609, en un momento en el cual las escasas cifras oficiales sobre discriminación revelan que este fenómeno está lejos de desaparecer, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó y despachó la reforma a la “Ley Zamudio”. En esencia, esta reforma busca perfeccionar la actual legislación en tres ejes fundamentales:
El primero, un juicio rápido y efectivo. La agilidad en la justicia es un aspecto clave para asegurar que las víctimas no solo obtengan respuestas, sino también reparaciones oportunas y adecuadas. El segundo, la reparación certera del derecho vulnerado. Esto busca no solo sancionar a los culpables, sino también restituir de manera efectiva los derechos afectados. Finalmente, se crea la “División de Igualdad y No Discriminación”. Este es un hito en la búsqueda de un enfoque integral, que permitirá coordinar a los diversos órganos del Estado para abordar la discriminación de manera transversal; un paso audaz hacia la construcción de políticas públicas que prevengan y protejan contra cualquier manifestación de discriminación en nuestro país.
La discriminación, estimados legisladores, también es un problema de seguridad. En marzo, la reforma a la Ley Antidiscriminación se someterá a votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchos han pronunciado discursos y han forjado carreras políticas comprometiéndose con la no discriminación y su legislación. Hoy es el momento en el que esos compromisos no deben quedarse en simples discursos, campañas políticas o publicaciones en redes sociales. Necesitamos que se traduzcan en una legislación efectiva que no solo sancione a aquellos que discriminen arbitrariamente, sino que proteja y prevenga a todas las personas en Chile.
