Independiente de si la Suprema chilena aprueba la petición de extradición de los militares uruguayos, vinculados a la muerte de Berríos, no hay que olvidar que la colaboracií²n de la justica uruguaya podría ser calificada de nula. Por eso el ministro Alejandro Madrid maneja una cuidada estrategia. Conozca los detalles y las empresas de los ex DINE indagadas por el BRILAC.
El ministro en visita Alejandro Madrid, que lleva el proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, ordenó al Ejército que informe sobre la existencia de Carlos Narea González, el otrora agente residente del Servicio Secreto Exterior (SSE) en Buenos Aires. Este aparece vinculado a la llamada "Operación Silencio", que sacó a los agentes vinculados con violaciones a los derechos humanos, como una forma de evadir la acción de la justicia a principios de los 90.
La decisión de Madrid se basó en la solicitud presentada por el abogado Alvaro Varela, que representa a la familia del ex Mandatario Eduardo Frei Montalva, otra de las aristas del caso Berríos, a raíz de una investigación realizada por El Mostrador.cl, que reveló la existencia de Narea y sus vínculos con la salida de los ex agentes de la CNI, tales como Arturo Sanhueza Ross y Carlos Herrera Jiménez, en 1991.
Si el Ejército decide responder sobre este tema, debiera hacerlo al amparo del artículo 144 del Código de Justicia Militar, para que la información quede en un cuaderno reservado, aunque altas fuentes militares consultadas por este medio indicaron que la respuesta operaría con la figura de que, con el paso del tiempo, no se tienen registros de estas materias de seguridad nacional.
Táctica y estrategia
Pero junto a este oficio, el ministro Madrid está poniendo en práctica una estudiada estrategia, por si la Segunda Sala (Penal) de la Suprema aprueba el pedido de extradición de los militares uruguayos que participaron en el secuestro y muerte de Berríos.
La táctica consiste en que tanto el juez uruguayo, como Madrid están haciendo intensos interrogatorios a militares de inteligencia, por dos exhortos que coordinadamente se enviaron mutuamente. Es decir, la idea de fondo es que cuando la extradición eventualmente se apruebe, estará también en la palestra pública los interrogatorios a los ex agentes, lo que pondrá los ojos de los medios sobre el tema y aumentará la presión. Esto podría servir, sobre todo, para evitar que la Corte Suprema uruguaya rechace el pedido de extradición.
Hay que recordar que los tribunales uruguayos, hasta antes del cambio de juez que llevaba el caso, Alejandro González, mantuvieron una actitud de nula colaboración con sus pares chilenos, para conocer el contenido de la investigación que, hasta el 2002, sólo tenía poco más de 150 páginas.
De allí que esta coordinación jurídica podría entregar interesantes resultados a la hora de una posible extradición desde Uruguay.
En todo caso, si el gobierno atlántico optara por no acoger esta solicitud, Madrid se vería en la obligación de cerrar el sumario y pensar en dictar condena en Chile con los elementos que hasta ahora tiene en el proceso, que ya tiene casi seis mil fojas.
Moneditas demás
Otro de los elementos hasta ahora desconocidos en el proceso es cuánto habría costado la operación para sacar a Berríos de Chile, mantenerlo en Uruguay, coordinar todos los recursos fiscales hora-hombre, entre otros aspectos que signifiquen un gasto económico. Esta investigación le fue encargada a la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac).
Sobre este último aspecto, los detectives están indagando, de acuerdo al oficio reservado 190, que rola a fojas 3.423 del expediente, las empresas vinculadas a los procesados en la causa:
– Mayor (R) Arturo Silva: Eco-Gas, Italgas, Inversiones Aryam, Eco Gas y Ceqsa-Chile.
– Capitán (R) Jaime Torres Gacitúa: Full Service, Aseos y Servicios Full Service, Servicios Torres, Mira, Torres y Gebauer Ltda.
– General (R) Hernán Ramírez Rurange: Asesorías RCR Ltda.
– General (R) Eugenio Covarrubias: Sociedad Comercial y de Servicios Know How Service Ltda.
La lógica investigativa de Madrid es, en este sentido, la misma que usó el ministro Sergio Muñoz, cuando sustanció el proceso por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez. Es decir, establecer si el hecho de haber participado en la operación, para sacar a Berríos, significó alguna clase de premio económico o si por el contrario estas empresas sirvieron de pantalla para operar con los fondos reservados o recoger aportes de personas ligadas a la inteligencia.
Este razonamiento surge debido a que datos preliminares obtenidos por este diario indican que el procedimiento de sacar a Berríos sería una suma cercana o levemente superior a los 500 mil dólares.
Siguiendo esta lógica, el ministro Madrid envió un oficio al ministerio de Defensa, para saber a cuánto alcanzaba en esa época el presupuesto de gastos reservados para el espionaje en el Ejército. La cartera respondió que eran poco más de 250 mil dólares. Luego, de dónde salió el resto, es una gran interrogante.
Pero no sólo centrados en estas empresas ha estado el Brilac. También lo está con el Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército y una serie de empresas que se le vinculan.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a la Argentina, donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos Intentó escapar en el balneario de Parque del Plata. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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