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Juez Villlarroel considera gravísimo traslado de internos a ex Penitenciaría

Titular del tribunal de alzada capitalino estimó que oficio recomendando no enviar más presos al penal concesionado de Santiago I, »es una manifestación de la magnitud del problema, ya que los otros centros están sobrepasados de manera total». Gendarmería negó que existiera un colapso, aunque en la práctica la medida opera como tal.


El presidente de la Corte de Apelaciones capitalina, Cornelio Villarroel, exteriorizó una profunda preocupación por el oficio que Gendarmería envió el viernes a los Juzgados de Garantía para solicitarles que se abstuvieran de enviar internos en prisión preventiva al penal de Santiago Uno y los destinaran a otros recintos penales, como la ex Penitenciaría.



El coronel Víctor Luarte, responsable del penal concesionado, aseguró que con la medida sólo se buscaba evitar que el recinto sobrepasara su capacidad total, que contemplando la ampliación máxima de plazas estipuladas por contrato es de 3.081 internos.



Garantizó, además, que la cárcel está funcionando con total normalidad y que aún quedan plazas disponibles, alrededor de cien. «Se tomó esta medida precautoria por cupos limitados para que no se produzca el hacinamiento de las cárceles tradicionales», afirmó.



Y aunque en el organismo dependiente del Ministerio de Justicia evitaron hablar de «colapso» -aunque en la práctica la medida opera como tal-, el magistrado señaló que «la determinación de que los reclusos sean trasladados a otros recintos es una manifestación de la magnitud del problema, ya que los otros centros (penales) están sobrepasados de manera total».



Pesos másÂ… presos menos



El oficio enviado el viernes a tribunales indica que la capacidad real del penal (incluyendo el 20% de superávit reglamentado) es de 3081 internos. Hasta ese día existía al interior del recinto 3042 reclusos, por lo que se hacía necesario derivarlos a otras cárceles.



El contrato con la empresa a cargo de la concesión del recinto establece que por cada interno adicional al 20% adicional pactado, se aplicará una multa de 100 UTM ($ 34 millones 120 mil), lo que explicaría la razón de las autoridades de enviar a los internos a otros recintos.



Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que se está olvidando el tema de fondo, y es que esta cárcel se construyó precisamente para descongestionar los recintos tradicionales en búsqueda de una mayor dignidad para los detenidos.



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El ministro Villarroel, que forma parte de la comisión que visita semestralmente los penales de la jurisdicción, recordó que precisamente en su última inspección a la ex Penitenciaría -donde están siendo derivados los internos- constató problemas de sobrepoblación preocupantes.



«No hay espacio. Ni siquiera en los pasillos, que no estén repletos de gente», por lo que estimó que «ese sería un problema gravísimo».



Agregó que en virtud de sus funciones como presidente de la Corte de Apelaciones, es uno de los más interesados en hacer una visita lo antes posible a Santiago Uno para ver la situación en la que se encuentra el penal y verificar cuáles son las condiciones.



Villarroel indicó que las autoridades quizás podrían haber previsto esta situación, pero "no por prever los inconvenientes a futuro se van a dejar de lado los planes de carácter social y este es un plan de justicia social y atención a los internos».



«Todas las autoridades actúan con los mejores propósitos, pero las realidades económicas nos demuestran que no se pueden logran todos los objetivos», reflexionó.

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