Estrategia jurídica también puede derivar en una presentación similar ante la UE y en un nuevo requerimiento al Gobierno argentino para que interponga una «medida cautelar» ante La Haya.
La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú anunció que desplegará una ofensiva judicial en Uruguay con el propósito de detener el funcionamiento de una papelera de capitales finlandeses en el país vecino.
La «estrategia jurídica» también puede derivar en una presentación similar ante la Unión Europea (UE) y en un nuevo requerimiento al Gobierno argentino para que interponga una «medida cautelar» ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El asambleísta Osvaldo Fernández, uno de los promotores de estas iniciativas, declaró a la agencia estatal argentina Télam que las dos presentaciones que se harán en los tribunales de Montevideo estarán a cargo del abogado uruguayo Gustavo Casola Perezutti.
Explicó que la primera será «una diligencia preliminar en la que se le requerirá al Estado uruguayo que proporcione toda la información disponible sobre Botnia», la firma finlandesa propietaria de la fábrica que comenzó a operar el pasado sábado.
Fernández dijo que esa presentación será refrendada por vecinos de Gualeguaychú que tienen propiedades en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos, donde fue instalada la planta que los argentinos consideran altamente contaminante.
«La segunda consistirá en una medida cautelar para que se ordene la suspensión de las operaciones de Botnia y correrá por cuenta de ciudadanos uruguayos residentes en Gualeguaychú», completó.
Remarcó que la de los pobladores de Gualeguaychú «es una estrategia jurídica con varias patas pero con el mismo eje, que es Botnia».
Desde mediados de 2006 -y con una pausa de 15 días en noviembre de ese año-, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú mantiene bloqueado el puente que une a esa ciudad con Fray Bentos, sobre el río Uruguay, frontera natural entre ambas naciones.
La instalación de Botnia en Uruguay ha generado un litigio entre Buenos Aires y Montevideo que se dirime en la Corte de Justicia de La Haya.
Estrategia jurídica también puede derivar en una presentación similar ante la UE y en un nuevo requerimiento al Gobierno argentino para que interponga una «medida cautelar» ante La Haya.
