Hasta el momento, 71 países han firmado el instrumento adoptado en diciembre de 2006.
Argentina se convirtió este viernes en el segundo país del mundo y el primero latinoamericano en depositar ante la ONU los instrumentos de ratificación de la Convención contra las Desapariciones Forzosas, que reconoce como delito de lesa humanidad un crimen que ha marcado la historia de esa nación.
La sencilla ceremonia diplomática llevada a cabo en la diminuta oficina de tratados de la sede de Naciones Unidas a puerta cerrada fue un acto cargado de simbolismo político para uno de los países que más ha padecido a causa de las desapariciones forzadas.
«Los cerca de 30.000 casos que hemos tenido en Argentina nos han marcado definitivamente como sociedad. Somos el testimonio viviente de la tragedia que supone arrancar de su familia, de su trabajo, de la vida, a una persona», aseguró a Efe el embajador argentino ante la ONU, Jorge Martín Arturo Argüello.
Para consumar su compromiso con la Convención, Buenos Aires envió a Nueva York a su subsecretario para Asuntos Políticos Latinoamericanos, Agustín Colombo, con la única misión de depositar los documentos, que convierten automáticamente a Argentina en el segundo país del mundo en completar la ratificación después de Albania.
Precisamente dos hermanos de Colombo se encuentran entre las cerca de 30.000 personas que se considera que fueron desaparecidas forzadas por la dictadura militar que rigió el país entre 1976 y 1982.
El embajador explicó que «la celeridad» de su Gobierno en llevar a cabo este proceso «es producto de una decisión política» de dar prioridad al impulso de la entrada en vigor de la Convención.
«No sólo porque Argentina ha sido una víctima particular de este procedimiento durante etapas de dictadura, sino porque esta figura peligrosamente se puede volver a generalizar, si no hay voluntad política en el máximo órgano multilateral de ponerle un límite», agregó.
Recientemente, la Cámara de Diputados de Chile, debido a la abstención de la Alianza, rechazó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa.
Sin embargo, recientemente parlamentarios de todos los sectores, incluso un diputado UDI, acordaron ratificar el instrumento de Naciones Unidas.
Detalles del instrumento
La Convención establece como derecho absoluto el que nadie sea sometido a la desaparición involuntaria, a la que define como cualquier tipo de arresto, detención, secuestro u otra forma de privación de libertad por parte de funcionarios de un Estado o de particulares con apoyo estatal.
Cuando sus 45 artículos entren en vigor, los países de la ONU deberán tomar las medidas necesarias para investigar los casos de desaparición y reformar sus legislaciones para que la práctica sea tipificada como un delito criminal.
Además, su reconocimiento como delito de lesa humanidad lo hace imprescriptible y facilita que casos de esa naturaleza puedan ser procesados por la Corte Penal Internacional.
Hasta el momento, 71 países han firmado la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas desde que fue adoptada el diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, pero se necesita que sea ratificado por al menos una veintena para que entre en vigor.
Para asegurarse de que eso ocurra cuanto antes, Argentina y Francia, los dos principales promotores del documento, lanzarán hoy una iniciativa junto a ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch con la que pretenden evitar que la comunidad internacional se olvide de ese tipo de crímenes.
«Nuestro temor es que si no se le pone un límite y un freno claro a este tipo de práctica, la figura de la desaparición forzada, lejos de desaparecer, puede ser imitada», apuntó el embajador argentino.
EFE/El Mostrador.cl
