Ahora le toca a Piñera. Como dijo editorialmente el Financial Times, el terremoto le facilita la tarea de cumplir la promesa de un incremento del 6% anual del PIB, como todo desastre natural o humano. Sin embargo, concluye, su problema es político, en especial si en la reconstrucción favorece a poderosos grupos empresariales que se supone representa y si deja atrás a los más necesitados.
Las catástrofes tienen la virtud de desnudarnos ante nosotros mismos. Dejamos de pensar que somos lo que aparentamos y nos damos cuenta de nuestra realidad.
A fines de enero recién pasado, el general Ortega, el jefe de la FACH, al defender la compra de cazabombarderos F-16 (hasta ahora son 44 y con un costo de más de 1.100 millones de dólares) declaró «Chile…es más fuerte económicamente, y nosotros tenemos que darle seguridad…para seguir creciendo. Entonces, este es un seguro.»
A comienzos de marzo, el mismo general explicó la demora en la entrega de la ayuda a las regiones más damnificadas por el terremoto, «somos un país del tercer mundo».
Los F-16, su adquisición es parte del plan de un ejército tipo Otan, no fueron un seguro para esta emergencia. Debimos arrendar dos aviones de transporte Antonov y EE.UU. nos prestó dos Hércules C-130 con sus respectivas tripulaciones, más teléfonos satelitales. Nuestro principal enemigo parece ser la placa Nazca. Y todos nuestros vecinos nos prestaron socorro.
Si a ello sumamos los problemas de la Armada para dar la alarma de tsunami, podríamos parafrasear a Clemenceau: la seguridad es demasiado importante para dejarla en manos de los militares.
El mismo día del sismo, los medios de comunicación internacionales, influidos por el discurso de nuestras elites, dijeron que el terremoto, mil veces más fuerte que el haitiano, tenía mucho menos víctimas y daños que el sufrido por la isla caribeña.
Ello lo explicaron por nuestro mayor nivel de desarrollo, cercano al del norte del planeta, que incluía una eficacia institucional, que nos permitía establecer y hacer cumplir normas antisísmicas en la construcción, y reservas monetarias suficientes para financiar la reconstrucción sin grandes problemas. A lo que se sumaba, por consiguiente, una presunta disciplina social.
A las pocas horas ese cuadro comenzó a agrietarse, horror de horrores, había pillaje en Concepción. En un país muy temeroso de la delincuencia, a pesar de tener una de las tasas más bajas de las Américas, como consecuencia de la propaganda de medios de comunicación monopolizados por la derecha, todos se sintieron amenazados.
Los correos y otros medios electrónicos, desde La Dehesa, un muy exclusivo barrio y muy lejos de los desmanes, exigían el estado de sitio y que las tropas tuvieran orden de disparar a matar a los saqueadores. En Quilicura, una comuna bastante más modesta, comités de defensa vecinales improvisados, en una ciudad sin luz, casi se enfrentan, creyeron mutuamente que eran bandas de asaltantes. Y el pillaje pasó a ser la imagen internacional del terremoto.
Con todo, no fue para tanto. Un periodista español escribió desde Concepción: «Agüita de la Perdiz es un barrio lumpen cuyos habitantes desfilaron el domingo (28/2) delante de los universitarios llevando carros de supermercados llenos de comida, sillas de oficina y televisores. La gente les tenía miedo pero han terminado ofreciendo su ayuda a los otros barrios: consiguen pañales para los niños, agua mineral y pan para casi todos.» Y concluye «la autogestión de los vecinos suple en Concepción la falta de alimentos. Las falsas alarmas y el toque de queda mantienen la tensión».
Por lo demás, son excepcionales los casos de disrupción social provocada por la desaparición del Estado en que no hay pillaje, desde la caída de Roma en manos visigodas el 410 hasta el huracán Katrina en Nueva Orleans el 2005.
Esas excepciones por lo general se producen cuando un pueblo está movilizado, como fue el caso en el apagón de Nueva York en 1965, en que su consecuencia más visible fue el aumento de los nacimientos nueve meses más tarde.
Empero es inevitable si hay un incremento de la desigualdad y el pueblo está desmovilizado, en especial en los barrios pobres, como fue el caso del apagón, también en Nueva York en 1977, que produjo grandes desmanes en el vecindario de Harlem.
A mediados del siglo XIX, en una carta desde la prisión de Santiago Arcos a Francisco Bilbao, le decía que nuestro país fluctuaba entre el estado de sitio, que favorecía a los pocos ricos, y el desorden social, que beneficiaba a unos pocos pobres. Y el año 2009 fue muy desigual en nuestro país. La economía decreció y el desempleo aumentó. Sin embargo, la fortuna de los milmillonarios (billonarios en inglés americano) chilenos en la Lista Forbes se incrementó de 12.900 millones dólares el 2008 a 25.300 millones el 2009 (el 15,56% del PIB), más del doble, un caso único. Y nuestra ciudadanía está muy desmovilizada como lo demostraron las elecciones.
Ahora bien, hasta que punto es inmoral el pillaje en esas circunstancias. La mayoría de los expertos se inclinan en que no lo es cuando se trata de artículos de primera necesidad para la subsistencia humana. Están divididos cuando se trata de objetos que pueden venderse para comprar esos productos. Y lo consideran inmoral cuando es un asalto o producto de la xenofobia u otra enfermedad social.
Recordemos una frase de Anatole France en el siglo XIX: «La ley en su majestuosa igualdad prohíbe a los ricos, como también a los pobres, dormir bajo los puentes, pedir limosna en las calles y hurtar el pan».
Como todos los casos de desastres naturales, este terremoto vuelve a demostrar que la vida es más vulnerable a la respuesta de la sociedad y del gobierno, que del sismo mismo. En este caso, de un cierto incumplimiento a las leyes de construcción antisísmica por la modificación de la ley de construcciones de 1985, que eliminó la recepción por las autoridades, previa inspección, de los edificios; no haberse dado la alarma de maremoto, como disponían los protocolos de la ONEMI, y no haber entendido el aviso que le dieron los servicios oceanográficos norteamericanos a la Armada chilena, por problemas de idioma; un sistema de comunicaciones deficientes, ni siquiera se disponía de teléfonos satelitales (valen menos de US$ 5.000); la carencia de aviones de transportes, etc.
Por ello, la presidenta Bachelet fue muy aplaudida por la prensa internacional cuando llegó a un acuerdo con los supermercadistas de Concepción para regalar artículos de primera necesidad a mujeres y niños, un hecho sorprendente pero muy humano, con lo que terminó el pillaje.
Ahora le toca a Piñera. Como dijo editorialmente el Financial Times, el terremoto le facilita la tarea de cumplir la promesa de un incremento del 6% anual del PIB, como todo desastre natural o humano. Sin embargo, concluye, su problema es político, en especial si en la reconstrucción favorece a poderosos grupos empresariales que se supone representa y si deja atrás a los más necesitados. Si así fuera percibido, reabriría grietas profundas que todavía perduran en el cuerpo político del país.
Por desgracia, desde el 28 de febrero, hay un creciente malestar en las capas más pobres de la población en las zonas más afectadas por la lentitud de los socorros y la falta de servicios, desde las comunicaciones al transporte. No se trata de relaciones públicas ni de imágenes, sino de hechos concretos. Y comenzaría por vender la levita y, con el dinero que obtengamos, comprar los zapatos.
*Iván Auger es abogado y comentarista internacional
