Paula Vial señaló en el programa SDA de El Mostrador.tv que la aplicación de esta ley ha sido utilizada porque el organismo no ha encontrado otra manera para enfrentar el conflicto mapuche.
La Defensora Nacional, Paula Vial, cuestionó la aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Ministerio Público en las causas que enfrentan los presos mapuches y por la cual un grupo de 35 de ellos se mantiene en huelga de hambre hace 79 días.
En el programa SDA de El Mostrador.tv, Vial señaló que la aplicación de la normativa ha sido la única forma en que el organismo ha podido entregar resultados en el marco del conflicto mapuche. “El Ministerio Público aprovecha instrumentos o reglas que existen en nuestra legislación para hacer frente a circunstancias en que ellos no han podido entregar resultados de otra manera”, aseguró.
Asimismo, la abogada señaló que no se trata de dejar de investigar los hechos que se les imputan a los comuneros, pero sí llama la atención que en contextos semejantes esta ley no sea aplicada. “Nadie está señalando que estos delitos no se investiguen y no sean sancionados, pero hay situaciones muy similares que se dan en otras circunstancias, que no son catalogados de esta manera, simplemente porque no se dan en el marco de este conflicto”, argumentó.
De esta forma, la Defensora Penal calificó como “desafortunado” el uso de los testigos sin rostros que esta normativa permite, ya que a su juicio “hacemos una excepción del Estado de Derecho, pero eso no asegura que tengamos mejores resultados”. “Existe una serie de otros mecanismos para protección de testigos que están en nuestra legislación y que podrían ser utilizados por el Ministerio Público para obtener un resultado similar”, agregó.
La Defensoría Penal Pública fue creada en 2001 bajo el nuevo Sistema de Justicia, con el objetivo de proporcionar defensa penal a imputados o acusados por un delito que carezcan de abogados, asegurando el derecho a defensa y a un debido proceso judicial.
En este contexto también fue creada la Defensoría Mapuche para la Región de la Araucanía, la que trabaja con dos abogados especializados en materia indígena. Según Vial, al tratarse de una oficina que depende del Ministerio de Justicia, ha existido una desconfianza inicial con los mapuches, la que sin embargo, se ha ido trabajado con el tiempo.
“Hay un cuestionamiento al hecho de que somos organismo estatal, lo que genera desconfianza, pero estamos en apuesta a reforzarla para poder entregar un servicio de calidad que haga distingo con la etnia que poseen los usuarios”, sostuvo la abogada.
En este sentido, Paula Vial recalcó la necesidad “de considerar las características culturales de los distintos pueblos indígenas” a la hora de enfrentar un juicio, cuestión que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuya ratificación por parte de Chile cumplió un año de vigencia el 2010.
