Académicos y profesionales de distintas disciplinas elaboraron propuesta de un nuevo sistema de enseñanza para el país. Participaron Hernán Frigolett (economista Universidad de Chile), Alberto Mayol (sociólogo y académico Universidad de Chile), Salvador Muñoz (cientista político Universidad Diego Portales) y Roberto Pizarro (economista Universidad de Chile).
“La educación pública y gratuita es posible. Proveerla con calidad es no sólo posible, sino además indispensable. Estos tres rasgos, lo público, el carácter gratuito y la capacidad de producir educación de calidad, constituyen la única manera en que una comunidad puede garantizarse para sí la satisfacción del derecho a la educación” asegura un grupo de expertos convocados por la Fundación Terram en una propuesta destinada a implantar la enseñanza sin costo para los estudiantes en un plazo de dos años.
Académicos y profesionales de distintas disciplinas elaboraron esta propuesta de un nuevo sistema de educación pública para el país en un documento de 27 páginas. Participaron Hernán Frigolett (economista Universidad de Chile), Alberto Mayol (sociólogo y académico Universidad de Chile), Salvador Muñoz (cientista político Universidad Diego Portales) y Roberto Pizarro (economista Universidad de Chile).
El texto precisa que en el caso de las Universidades del CRUCH, alcanzar la gratuidad implica incorporar al gasto público lo que actualmente aportan los hogares, es decir, un monto anual de US$ 1.900 millones. En la educación escolar pública en cambio, llegar a esta meta implica asignar una subvención equivalente a $90.000 mil pesos por alumno, lo que requiere de un monto adicional anual de US$ 1.600 millones.
Para la propuesta se determinan tres formas de financiamiento, partiendo desde un ajuste a la actual regla fiscal a un déficit estructural de 2% en lugar del 1% en aplicación por este gobierno. También se aspira a modificar la Ley Reservada del Cobre, manteniendo un 5% de las ventas para las Fuerzas Armadas y orientando un 5% para la educación. La tercera medida para recaudar los recursos faltantes, es reasignar el presupuesto nacional, de la misma forma que lo realizó el gobierno para el terremoto del 27 de febrero de 2010, una suma de USD 500 millones, poniendo énfasis en el área de educación.
“Consideramos que el año 2012 debe ser de transición. Sugerimos que mientras no se haga un cambio radical en la estructura del sistema educativo y no se provea de la infraestructura y sistema jurídico adecuado, se transite por un proceso de modificación radical del aporte económico del Estado al sistema educacional público. Debe duplicarse la subvención a establecimientos municipales, aumentar radicalmente el aporte fiscal directo a universidades del CRUCH, pero por sobre todo a las públicas de dicha entidad. Se debe reparar a los estudiantes endeudados según los criterios ya señalados y todos los aranceles deben reducirse significativamente, al menos a la mitad”, plantearon los expertos.
Además especifican que “se deben montar las condiciones para un sistema público en 2013. En ese año todos los estudiantes de universidades y centros de formación técnica privados podrán transitar (es opcional) hacia la educación pública gratuita, homologando según corresponda sus cursos y titulándose mediante el proceso de la Red de Universidades Públicas o de la Red de Centros de Formación Técnica Públicos”.
El documento advierte que “la gratuidad de la enseñanza debe operar sobre el 100% de las familias chilenas. La educación es un derecho social y como tal se garantiza cuidando su carácter de bien público. Su inclusión en un mercado altera el carácter universal, pues establece precios y rangos de calidad asociados a ello”.
