El hecho de que, por estos días, Michelle Bachelet llegue a Chile, fue un elemento a considerar en la elaboración del documento que cuestiona la actuación del titular de Educación. Así finalmente la oposición se unió en torno al tema y pasado el medio día oficializó el documento con 10 firmas de respaldo.
Reparos más o menos, la oposición logró ponerse de acuerdo para presentar la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer. Uno de los principales aspectos que inquietaba es el hecho evidente de que el oficialismo intentará revertir los efectos, utilizando la consabida “teoría del empate” para desviar el foco hacia la responsabilidad que podría caberle a los gobiernos anteriores en que las universidades privadas hayan lucrado sin control alguno, perjudicando directamente la imagen de la ex Presidenta Michelle Bachelet a sólo días de arribar a Chile. Pese a estos temores, se decidió seguir adelante con la iniciativa que sintoniza, tienen la convicción en la Concertación, con lo que reclaman los movimientos ciudadanos, particularmente estudiantiles.
Para llegar a la presentación del libelo todas las bancadas opositoras analizaron las consecuencias políticas y legislativas que tendría. Y, finalmente, se concluyó que “era más la ganancia que la pérdida y que no podemos inhibir nuestras facultades fiscalizadoras, porque corremos el riesgo de que la derecha nos replique con la teoría del empate”. En la coalición opositora están concientes de que el tema va a estar en la agenda política a partir de ahora y que incluso podría empañar el regreso de la ex Presidenta Michelle Bachelet a Chile, calculado para fines de marzo, pero insisten en que esto “es algo que no hay que dejar hacer”. Por lo pronto, el hecho de que la bancada de la Democracia Cristiana se haya sumado, le otorga a sus socios una mayor confianza respecto de que la acusación pudiera —a diferencia de oportunidades anteriores— llegar a ser aprobada.
Otro elemento que ha generado confianza en la oposición fue el anuncio del diputado independiente ex PPD René Alinco respecto a que apoyará la acusación con su voto. Aun cuando a primera hora de la mañana incluso se especulaba que el díscolo diputado suscribiría el documento eso no se concretó, pero el legislador anunció públicamente que votará con la oposición, aun cuando igualmente criticó la gestión de los gobiernos anteriores en Educación y en materia de lucro. Ello luego de reunirse con alumnos y funcionarios de la Universidad del Mar, quienes ejercieron presión sobre Alinco, convirtiéndose en un dolor de cabeza para la oposición, porque en votaciones clave se ha alineado con el gobierno.
Las dudas de la Concertación respecto de la necesidad y utilidad de presentar la acusación se fueron desvaneciendo durante la mañana. Al medio día, cuando llegaron hasta la oficina de partes con el documento y las 10 firmas mínimas para presentarlo, existía una “absoluta convicción ética” de que había que hacerlo, sino también que pese al contraataque oficialista, “es más la ganancia que la pérdida”, políticamente hablando. En este sentido, el diputado DC Gabriel Silber admite que en su bancada se dio “un debate bastante enconado respecto del contexto más que del contenido de la acusación, porque la lógica de la derecha va a ser recurrir al pasado, la teoría del empate”. Pero también se concluyó, sostiene, que “con esa postura no podemos aspirar a ser gobierno y que es necesario también hacer un mea culpa sobre lo que no hicimos antes. La teoría del empate siempre nos va a inmovilizar e impedir hacer las cosas que ahora tenemos que hacer. De la mano con el movimiento social y haciéndose cargo de los errores del pasado, porque de lo contrario va a ser una mochila de la que nunca nos vamos a liberar”.
Para este diputado reconocidamente bacheletista, esta acusación “es un test importante para la disciplina de la oposición”, aludiendo al hecho de que, en ocasiones trascendentales para el sector, han perdido votaciones porque sus propios parlamentarios no se han alineado. Pero también está convencido de que en la oposición “aprendimos la lección, después de que perdimos la votación del informe del lucro”.
Por su parte, la diputada PPD Cristina Girardi plantea que con esta acusación “perdemos todos, porque no es lo ideal acusar a un ministro para que la institucionalidad se cumpla”. No obstante, tiene la “convicción ética” de que “si el PPD está convencido que no puede haber lucro en la educación, entonces, no puede defender lo indefendible. Aquí se ha vulnerado la ley y el Estado, a través de los diferentes gobiernos y ministros de Educación, lo ha permitido. Lamentablemente, sólo se puede acusar al último”. En estas circunstancias cree que “no cabe ni siquiera preguntarse si afecta o no a Bachelet”, aunque está conciente que ese debate se hizo en la Concertación. Incluso afirma que “por lo que la conozco, va a estar de acuerdo con esta medida. Bachelet no va a aceptar que el Estado siga vulnerando la ley”, más allá de los efectos que provoque. Por otro lado, la legisladora explica que si bien Beyer “no es el único responsable, sí ha tenido en su mano las evidencias más claras y contundentes y nos ha dicho, primero, que no tenía facultades para fiscalizar y, luego, trató a los diputados de mentirosos (por el informe sobre el lucro) y desvirtuó el informe. El problema es que este ministro se negó a actuar ante las evidencias”. Y eso es lo que, a su juicio, le da sentido a la acusación.
Una reacción mucho más dura es la que ha expresado el jefe de la bancada socialista, Fidel Espinoza. Ante la certeza de la reacción del oficialismo que, desde que se supo el martes que había acuerdo en la oposición para presentar el libelo, comenzó a intentar blindar al ministro de Educación, y de que la derecha ocupe esta instancia para sacra al pizarrón a Bachelet, el legislador socialista advierte que “nosotros podemos recordar cómo votaba la derecha cuando se trataba de construir una institucionalidad más poderosa para fiscalizar” y además estima que “es más ganancia para el país que el tema se discuta”.
Mientras tanto, aunque en la oposición están profundamente convencidos que esta acusación va a obtener los votos para ser tramitada, en la Concertación también hay conciencia de que podría haber quienes finalmente decidan no respaldarla. En la DC sostienen, por ejemplo, que los diputados Jorge Burgos y Matías Walker expresaron “reparos y dudas por la votación, pero no se opusieron a que sea presentada. Burgos dijo que va a evaluar como vota”.
En todo caso esta asociación entre el movimiento social, particularmente estudiantil, y la oposición en esta cruzada quedó de manifiesto cuando los máximos dirigentes de las universidades Católica, de Chile, Valparaíso y la Universidad del Mar llegaron a acompañar a los parlamentarios y explicaron las razones del respaldo a la acusación. También desplegaron un cartel que rezaba: “Beyer: el patrón del lucro”. Y acusaron al secretario de Estado de ser cómplice de quienes lucran con la educación. Pese a que, al igual que Alinco, no dejaron pasar el hecho de que en las administraciones de la Concertación también hay responsabilidad por lo sucedido.
Paralelamente, desde el oficialismo salieron inmediatamente a restarle legitimidad a la acusación y a blindar al ministro Beyer. Tanta importancia se le está dando al tema que incluso el abanderado de la UDI, Laurence Golborne, quien llegó al Congreso a almorzar con los senadores gremialistas, se sumó a la contraofensiva, manifestando que el polémico libelo no tiene fundamento y es injustificada, siguiendo la línea de La Moneda.
Se espera que esta tarde se sorteen los cinco integrantes de la comisión que se abocará a estudiar la cuestión previa. Misma que tiene máximo 20 días para someter el informe a la votación de la Sala. El libelo se basa en tres aspectos esenciales: infracción al principio de propiedad; no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia; y, la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación.
