El grupo de procesados es encabezado por el general retirado Odlanier Mena, ex director de la Central Nacional de Informaciones.
El juez Mario Carroza procesó y ordenó la prisión preventiva de una decena de antiguos agentes de la dictadura, por su responsabilidad, en 1979, en la muerte de un profesor mediante la aplicación de torturas, informaron fuentes judiciales.
El grupo de procesados está encabezado por el general retirado Odlanier Mena, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo que en 1978 sucedió a la DINA como policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.
Mena, que también está involucrado en otros juicios por violaciones a los derechos humanos, es el único de los procesados al que el juez Carroza, concedió la libertad provisional bajo fianza.
Entre los restantes procesados figura el ex capitán del Ejército Jorge Vargas Bories, que ha sido sindicado además como el autor material del asesinato, en septiembre de 1986, del periodista José Carrasco Tapia, editor de la revista «Análisis», de oposición al régimen de Pinochet.
La resolución del juez Carroza procesa a nueve de los ex agentes como autores y a uno como cómplice del homicidio calificado del profesor Luis Álvarez Santibáñez, ocurrido en agosto de 1979 en Santiago.
El maestro, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido por carabineros junto a Raúl López Peralta en el centro de Santiago cuando ambos distribuían panfletos contra la dictadura.
Por orden del Ministerio del Interior, Álvarez Santibáñez fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que el día 20 es llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico.
Abogados presentes en el lugar lograron que el profesor fuera trasladado a un recinto hospitalario, donde murió al día siguiente.
La CNI alegó que Álvarez Santibáñez había sido golpeado en la cabeza por los carabineros que lo detuvieron, pero los médicos que lo atendieron certificaron que presentaba contusiones múltiples, quemaduras con cigarrillos, quemaduras eléctricas, fracturas costales y contusión pulmonar.
El caso del profesor figura en el Informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
