Dice que el deber de los medios es buscar e indagar la verdad con diligencia
“Los medios tienen derecho -cabría insistir- a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público. Discrepar de la forma en que se presenta la información en asuntos de interés público no es un motivo para impedir o quejarse por su emisión”, menciona.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, salió a defender a Canal 13 por el derecho a vincular el atentado explosivo en el Metro con el movimiento estudiantil como el de la prensa escrita de publicar un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, en donde se declaraba el quebrantamiento del orden constitucional los días previos al Golpe de Estado de 1973.
En su habitual columna, Peña explica que estos dos temas llamaron la atención en la semana por estar relacionados con la prensa, mencionando que ambos hechos suscitaron una reacción similar.
“Ni Canal tenía derecho a hacer esas insinuaciones, se dijo, ni la prensa escrita a publicar esa declaración. En el primer caso, Canal 13 contribuiría a criminalizar el movimiento estudiantil y en el segundo legitimaría, ex post, el quiebre de la democracia”, sostiene.
En su opinión, Canal 13 realizó un reportaje de investigación en el que se recogieron varias versiones sobre el sentido de colectivos estudiantiles, añadiendo que “la narrativa del reportaje y la oportunidad de su emisión, justo después del bombazo en la estación Escuela Militar, apoyaron la sugerencia de que existía algún vínculo, ideológico o de una índole similar, entre la manera en que esos grupos conciben la acción colectiva y el uso de la violencia”.
En ese sentido, el académico precisa que la estación televisiva tenía derecho a realizar tal vinculación en su información, ya que “si se exigiera a los medios emitir información estrictamente neutral, sin gota alguna de interpretación, su labor se reduciría a constatar la existencia de hechos sin nunca hacer el esfuerzo de interpretarlos. Tampoco puede pedírseles acertar siempre. El deber de los medios es buscar e indagar la verdad con diligencia; pero es absurdo sostener que su deber es alcanzarla y que lo incumplen cuando defienden interpretaciones controversiales o cuando yerran”.
“Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho -cabría insistir- a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público. Discrepar de la forma en que se presenta la información en asuntos de interés público no es un motivo para impedir o quejarse por su emisión”, menciona.
Peña agrega que quien se sienta maltratado por un medio de comunicación tiene el derecho de plantear sus puntos de vista para defenderse, pero “lo que no tiene derecho, y esto vale para cualquier movimiento, sea estudiantil o no, es a que se presuma la bondad de sus propósitos, la belleza de sus fines o la pureza de sus intenciones. Nadie que aspire a influir la vida colectiva -es decir, a guiar la vida de los demás- tiene derecho a ese trato reverencial. El deber de los medios es auscultar y someter a sospecha a todos quienes, estudiantes o no, pretenden haber atrapado con una sola mirada la verdad final de los asuntos colectivos”.
El canal que pertenece al grupo Luksic difundió un reportaje titulado “Radiografía a los colectivos estudiantiles”, en el que se planteó la tesis de que los encapuchados pertenecen a corrientes contiguas a los colectivos estudiantiles que buscan otro tipo de vía para poder expresarse y hacerse escuchar, mostrando para esto la existencia de grupos dentro de tres liceos emblemáticos como lo son el Barros Arana, Barros Borgoño e Instituto Nacional.
Este reportaje motivó a que se presentarán más de 200 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), cuyos principales argumentos se relacionan con el sensacionalismo en programas informativos, el pluralismo y democracia, entre otros.
La reacción del movimiento estudiantil no se hizo espera y la presidenta de la FECh, Melisa Sepúlveda, salió al paso para repudiar la difusión del reportaje, indicando que es “una falta de ética enorme” y que “sólo podemos entenderlo como parte de la criminalización que se ha hecho todo el año hacia el movimiento”.
El rector de la UDP también sale a defender el derecho de los medios escritos a publicar un inserto con la declaración de la Cámara de Diputados, precisando que quienes pagaron por tal publicación están “movidos por el propósito de legitimar ex post el golpe y la dictadura que le siguió. Y también es cierto que, al hacerlo, omiten condenar moralmente los crímenes que siguieron. Sin embargo, ¿son esas buenas razones para impedir a los medios que lo divulguen? Evidentemente no. Promover interpretaciones ante los hechos del pasado o mantener vivo el fuego de la controversia a su respecto es parte del juego de la opinión pública”.
“Resultaría absurdo que de aquí en adelante se proscribieran las interpretaciones o puntos de vista acerca de hechos históricos. Después de todo, cuando se debate acerca de la historia, qué ocurrió y qué sentido tuvo, se está discutiendo acerca del presente; pero esa es una razón para admitir ese tipo de debates sin restricciones, en vez de limitarlos. Es malo esgrimir explicaciones históricas para justificar crímenes; pero es igualmente malo esgrimir principios morales para impedir que se reflexione sobre los hechos”, argumenta.
Peña concluye esgrimiendo que los reclamos contra la prensa “son el fruto de un fenómeno que debiera preocupar: hoy día hay demasiada gente convencida de cuán puras y verdaderas son sus convicciones, al extremo que ya no siente la menor necesidad de asomarse a las ajenas”.
