El movimiento Revolución Democrática solicitó al Gobierno que tenga «mayor proactividad» en materia de transparencia de los recursos públicos que administra la Dirección Sociocultural de la Presidencia, que es dirigida por el hijo de la actual mandataria.
El movimiento liderado por el diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, se hizo parte de la discusión sobre el «nueragate». Por medio de un comunicado de prensa interpelaron directamente al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, a que transparentara su patrimonio, aunque, a diferencia del diputado Gabriel Boric, no solicitaron su salida del Gobierno.
«Pedimos al Director Sociocultural de la Moneda que aclare su participación en la negociación entre el Banco de Chile y la empresa Caval Ltda., de propiedad de su esposa, al mismo tiempo que haga su declaración de intereses y patrimonio a la brevedad, independiente de si su cargo formalmente lo exige o no», aseverán desde RD.
Además agregan que «más allá de los lazos familiares», Dávalos debe darle una explicación «satisfactoria al país de su rol en la negociación del crédito, explicación que hasta hoy no ha sido realizada. Esta explicación debe darla él y no el vocero de Gobierno».
Por otra parte, solicitan que «se investigue el eventual cambio de uso de suelo del Plan Regulador Intercomunal de la Región de O’Higgins y que cualquier modificación que se realice en esta materia sea de acuerdo a la reglamentación vigente y con estricto cumplimiento de las instancias deliberativas locales. Estaremos atentos a que eso ocurra».
Pero además le piden al Ejecutivo «mayor proactividad», en materia de transparencia de los recursos públicos que administra la Dirección Sociocultural de la Presidencia. «Reconocemos que desde ahí se realizan importantes acciones con distintos grupos prioritarios de la política social, pero creemos que dicho accionar debe superar el anacrónico formato de ‘oficina de la primera dama'», dice el comunicado.
Finalmente, aseguran que la derecha pretende «empatar el caso Caval, que aún no muestra indicios de ilegalidad, con el caso Penta donde políticos están siendo investigados y formalizados por delitos».
