Francisco Zúñiga: «La propiedad y la riqueza deben contribuir no sólo a la economía, sino también al desarrollo y la equidad»

Intranquilos quedaron los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) luego de escuchar al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien aludió al tema de los derechos de propiedad durante una cena que congregó a gobierno y privados.

El secretario de Estado hizo mención a la revisión de estos derechos, idea que está planteada en el programa de gobierno de Michelle Bachelet.

«No concibo una economía moderna de mercado, sin derechos de propiedad, claros, estables. Eso es consustancial a lo que es una economía moderna y, por lo tanto, como una primera línea, los derechos de propiedad son fundamentales», dijo Valdés.

Agregando que «tenemos que tener la seguridad de que los chilenos no van a arriesgar cuestiones básicas que son justamente en que para que funcione la economía, requerimos derechos de propiedad claros».

En entrevista con La Tercera, el abogado Francisco Zúñiga, quien fuera jefe de la comisión de Constitución del comando de Bachelet, ahondó en el tema.

«Uno de los pilares básicos de la nueva Constitución es un nuevo sistema de derechos fundamentales que venga a resolver la parcialidad y déficit en materia de derechos que la Constitución vigente tiene y, por tanto, la revisión de algunos derechos asegurados, como la agregación de nuevos derechos económicos, sociales y culturales», sostuvo.

Para Zúñiga, los déficit en materia de propiedad son: «El dominio público de las aguas, dado que la actual Constitución no lo considera. Esta definición está contenida en el Código de Aguas, a nivel puramente legal; La definición de un procedimiento de regalías o royalty a imponer por la vía de la ley a algunas actividades económicas; y el fortalecimiento de la función social del derecho de propiedad que es una regla que proviene desde la Carta Fundamental del año 25».

En esa línea, apuntó a que «en el programa se toman ideas que provienen del derecho constitucional europeo, específicamente del alemán federal, que es la noción de que la propiedad obliga».

«Obliga en el sentido que la propiedad y la riqueza deben contribuir no sólo a la economía, sino también al desarrollo y la equidad. Por tanto, en función de la riqueza, contribuyes también a las finanzas públicas por la vía tributaria», precisó.

Respecto a la inquietud de los empresarios, el abogado señaló que «aquí hay un poquito de sobrerreacción. Todo proceso de reformas en cualquier ámbito, y en particular la reforma constitucional, genera algún grado de incerteza. Todos los países han pasado por procesos constituyentes y todos han tenido reformas constitucionales, eso no tiene porqué afectar ni la seguridad ni la estabilidad de las instituciones. Más aún, el proyecto de nueva constitución tiene por finalidad perfeccionar el sistema democrático y perfeccionar un régimen político y la gobernabilidad del mismo. Con mejores instituciones, tienes una mejor economía».

«Es esencial que haya un diálogo informado y los empresarios deben estar tranquilos. El gobierno tiene que gobernar para el país, no para un sector de la sociedad. El gobierno tiene una responsabilidad de dotar a las instituciones de estabilidad. Nada más malo para un país que un proceso constituyente afectase el crecimiento y la seguridad que los agentes económicos deben tener en las instituciones que va a tener Chile en el futuro. Si se plantea una nueva constitución, es porque se quiere tener una mejor democracia y mejores instituciones, no para llevar al país al despeñadero», concluyó.