Juicio fue considerado emblemático por ser el primero en contra de la colusión
Los jueces –en fallo dividido– estimaron que las pruebas rendidas por el fiscal Jaime Retamal no lograron acreditar los hechos que sustentan la acusación.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal decidió esta mañana absolver a los 10 ejecutivos acusados de alterar de forma fraudulenta el precio de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
Se trata de Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
Los jueces –en fallo dividido– estimaron que las pruebas rendidas por el fiscal Jaime Retamal no lograron acreditar los hechos que sustentan la acusación.
La jueza presidenta del tribunal, María Inés Collin, puntualizó que la colusión no existe en el tipo penal. De igual modo, declaró que existían diferencias entre las pruebas entregadas por la Fiscalía y las indagaciones hechas por los economistas respecto al aumento de los precios.
«Para que esa coordinación tenga repercusiones penales debe ser de carácter fraudulenta. No se puede inferir una tergiversación artificial», afirmó la magistrada.
En 2008, el caso se conoció después que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Cuatro años más tarde, el tribunal falló a favor de la FNE y aplicó una multa cercana a US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand. En 2009, Fasa llegó a un acuerdo conciliatorio.
En ese mismo período, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte acusó a los ejecutivos de estas cadenas farmacéuticas de coludirse, utilizando a los laboratorios como intermediarios, para coordinar un alza de precios programadas de medicamentos, sin que los consumidores tuvieran conocimiento de ello.
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó, en septiembre de 2012, la sentencia del TDLC en contra de estas compañías, que fueron condenadas cada una al pago de 20.000 Unidades Tributarias Anuales, aproximadamente US $20 millones.
La sentencia quedó fijada para el próximo 28 de julio a las 12:00 horas.
