Paris eleva el tono en el conflicto por los correos electrónicos y acusa que el fiscal Armendáriz quiere hacer “espejo no autorizado” de la información

Un nuevo capítulo sumó la ya larga disputa entre la Fiscalía y el Ministerio de Salud por la incautación de los correos del exministro Jaime Mañalich, su exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, por su presunta responsabilidad en el manejo de la pandemia del COVID-19, conflicto que escaló incluso a la Corte Suprema, que accedió parcialmente a la solicitud del Ministerio Público, otorgando acceso acotado a los correos que no pongan en peligro la seguridad nacional.

A pesar de esta resolución del máximo tribunal del país, aún no se concreta esta incautación, debido a que el voto de mayoría de la Suprema solo se limitó a dar acceso parcial a las comunicaciones electrónicas, pero no se hizo cargo respecto de la fórmula para excluir los mensajes que tengan que ver con compra de insumos médicos estratégicos o la disposición de recursos militares o policiales.

Debido a este vacío legal, la misma Fiscalía propuso al 7° Juzgado de Garantía de Santiago una fórmula para esto, la que fue autorizada el viernes pasado. Dicha fórmula hablaba de dos copias forenses que se incautarán tras lo decretado por la Suprema. La copia A quedará para Fiscalía, y la Copia B en manos del Minsal, quienes tendrán un plazo de 3 días para depurar la lista. Después, la Fiscalía sacaría los correos marcados por el Minsal y se quedaría con la copia final. Sin embargo, al ministro de Salud, Enrique Paris no le gustó esta solución, por lo que elevó una orden de no innovar a la Corte Suprema. Por su parte, el fiscal regional Xavier Armendáriz le respondió, calificando su solución como «inútil».

Eso fue ayer, porque durante este martes según reporta el diario La Tercera, Paris nuevamente ingresó un escrito a la Suprema, en el que rechaza los argumentos de Armendáriz.

“Sorprende a este ministro lo planteado por el Sr. fiscal regional en el punto 3 de su escrito, en orden a la imposibilidad de determinar aquella información necesaria para sostener su pretensión punitiva, sin que le sea posible determinar cuáles son aquellos elementos vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados. Máxime si estamos en presencia del organismo que tiene control sobre la investigación y que debiese tener especial claridad de qué es lo investigado. En caso contrario, el Ministerio Público le da la razón a este Ministro en torno a que difícilmente se puede sostener la trascendencia y justificación de la diligencia que solicita, si el ente persecutor no se encuentra actualmente en conocimiento de qué es lo investigado, ni puede identificar destinatarios, remitentes, descriptores, palabras claves, o cualquier otro criterio objetivo que permita cumplir con la referida vinculación entre hechos denunciados y correos que se pretende incautar», plantea el escrito.

Posteriormente Paris acusa que el Ministerio Público quiere acceder a todos los correos, generando un «espejo» entre las copias A y B de la fórmula planteada por Fiscalía. Según el ministro, el universo de correos aceptados es cerca de 30 mil mensajes, por lo que considera inadecuado que «personal del ministerio que dirijo, y con justa razón ocupado, revise manualmente la totalidad de los correos electrónicos» en tres días.

Debido a esto, Paris insiste en que la revisión debiera hacerse sobre la base de búsqueda de palabras clave, acorde «con los hechos que se encuentra investigando», lo que debería estar a cargo, según Paris, de la Policía de Investigaciones (PDI). «No puede ser carga del Minsal proponer aquellos conceptos que deben ser excluidos, si la carga de investigar los hechos, de acuerdo al mandato constitucional contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de la República, recae precisamente en el Ministerio Público”, añadió.

Paris cierra su nuevo escrito reafirmando que señalar los correos es deber del Ministerio Público y no del Minsal.